El desalojo de una anciana en Madrid movilizó a miles de personas y forzó un decreto de urgencia en España

El caso de Maricarmen Abascal, expulsada a los 87 años tras la compra de su edificio por un grupo inversor, derivó en la prohibición de compras especulativas por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

Una mano sosteniendo una hoja que dice "DECRET MARICAMEN JA" en medio de protestas por las viviendas en España.
Una mano sosteniendo una hoja que dice "DECRET MARICAMEN JA" en medio de protestas por las viviendas en España.
Foto: JOSEP LAGO/AFP fotos

El Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, aprobó este martes 29 de setiembre dos reales decretos-ley destinados a frenar la crisis de vivienda que atraviesa el país, luego de que el desalojo de una mujer de 87 años desatara una ola de protestas, acampadas y reclamos en distintas ciudades.

Las medidas incluyen la paralización de desalojos para familias vulnerables hasta 2030, la prohibición durante dos años de que fondos de inversión compren viviendas con fines especulativos y la renovación automática de contratos de alquiler que venzan hasta 2029.

El primer decreto propone proteger de los desalojos a familias sin alternativa habitacional y regula el alquiler de temporada, de habitaciones y de pisos turísticos. Según indica la agencia de noticias EFE, el Gobierno espera que este fragmento se apruebe sin mayores obstáculos políticos.

Además, este decreto plantea una duración máxima de doce meses para los contratos temporales, exigiendo justificar la temporalidad; prorroga por dos años los alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y establece reducciones fiscales para propietarios que bajen las rentas.

Por último, ofrece bonificaciones para inquilinos de bajos ingresos y ayudas para la compra de primera vivienda.

Maricarmen, anciana desalojada en España, declara desde el hospital.
Maricarmen, anciana desalojada en España, declara desde el hospital.
Foto: @InquilinatoMad en X.

Por qué el segundo decreto genera más resistencia en el Parlamento

El segundo decreto, considerado como el más polémico dentro de la propia coalición de gobierno, contempla la renovación automática de los alquileres que venzan hasta 2029: los propietarios deberán acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hacen, indemnizar al inquilino.

Además, este apartado prevé la congelación de las rentas en las actualizaciones anuales.

Estas medidas necesitan una mayoría en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. El pleno extraordinario para convalidar ambos decretos está fijado para este viernes 2 de octubre de 2026.

En ese sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García, adelantó los principales puntos del acuerdo en la red social X tras "complejas negociaciones" dentro de la coalición, y detalló que el Gobierno buscará además la "prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre".

Las medidas surgieron tras el desalojo de Maricarmen Abascal, la vecina madrileña de 87 años que residía desde hacía 70 años en su vivienda hasta que fue desalojada la semana pasada tras la compra del inmueble por parte de una empresa inversora.

Su imagen siendo trasladada en camilla generó indignación en todo el país y puso la crisis habitacional en el centro del debate político, a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027. Es por esta misma razón que el paquete de medidas comenzó a conocerse como el "decreto Maricarmen".

Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años siendo desalojada de su apartamento en Madrid.
Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años siendo desalojada de su apartamento en Madrid.
Foto: Fernando Villar/Agencia EFE.

Qué sucedió con Maricarmen Abascal, las protestas y el nuevo acuerdo

Desde el sábado, cientos de manifestantes y activistas convocados por el Sindicato de Inquilinas ocupan la Puerta del Sol en Madrid, a los que se sumaron acampadas en Málaga y Sevilla.

En ese contexto, Maricarmen Abascal aceptó el acuerdo para regresar a la vivienda que alquilaba tras llegar a un acuerdo con los dueños desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde se encuentra desde el desalojo el pasado miércoles 23 de setiembre.

Según explicó Ana de Miguel, de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, a la agencia de noticias EFE, el nuevo contrato tendrá ocho años de duración y no superará el 30% de sus ingresos netos.

Con información de EFE y AFP. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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