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El Supremo de Brasil condena a 17 años al primer acusado por la asonada de enero

El juez relator, Alexandre de Moraes, aceptó las acusaciones de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público.

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Corte Suprema de Brasil
Corte Suprema de Brasil.
Foto: AFP

EFE
La Corte Suprema de Brasil condenó ayer a 17 años de cárcel al primero de los imputados por el asalto a las sedes de los tres poderes ocurrido el 8 de enero pasado, en medio de un fuerte debate que reflejó la polarización política que vive el país.

Aécio Lúcio Costa Pereira, el primero de los 1.390 acusados por ese atentado juzgado por el Supremo, fue declarado culpable de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público.

Si bien la culpabilidad fue reconocida en forma unánime, hubo fuertes divergencias entre los once miembros del Supremo en relación a la pena que debía aplicarse y a los delitos imputados. Se impuso, sin embargo, la propuesta del juez relator, Alexandre de Moraes, quien sugirió 17 años de prisión por lo que calificó de “ataque golpista” con “odio irracional”, con el “claro objetivo” de incitar a “las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno legítimo” de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los hechos ocurrieron ocho días después de la investidura de Lula, quien en las elecciones de octubre se impuso al expresidente Jair Bolsonaro, que no reconoció ese resultado. Según la presidenta del Supremo, Rosa Weber, el 8 de enero fue “un domingo de infamia”, cuando “la democracia fue atacada por una turba irracional que, con un total desprecio por la cosa pública, invadió con furia el corazón de la República”.

Tras ese primer caso, el tribunal tiene previsto juzgar a otros tres de los 1.390 imputados, cuyo grado de participación deberá ser establecido en procesos individuales, pues el derecho brasileño no contempla las “responsabilidades colectivas”

De ese modo, faltan todavía 1.389 juicios, que pudieran ser más pues la investigación continúa y apunta ahora a quienes financiaron el movimiento y a los probables autores intelectuales, un último caso en el que existen sospechas sobre el propio Jair Bolsonaro.

que tuvo de un lado a los magistrados André Mendonça y Kassio Nunes Marques, que llegaron al Supremo de la mano de Bolsonaro, y del otro al resto de los nueve miembros de la corte.

Tanto Mendonça como Nunes Marques desestimaron esa acusación, con los argumentos de que el golpe no fue consumado y que los vándalos del 8 de enero “no tenían fuerza” para derrocar al presidente Lula.

Mendonça fue más allá y defendió algunas tesis bolsonaristas, para afirmar que hubo fallos “inexplicables” en el área de seguridad por parte del Gobierno que “facilitaron” la acción de los vándalos, y considerar que lo sucedido el 8 de enero debía ser juzgado en tribunales de primera instancia y no en la máxima corte.

De Moraes rebatió esa posición con un poco habitual énfasis en los debates del Supremo y calificó de “absurdos” los planteamientos de Mendonça y Nunes Marques.

También reaccionó el decano del tribunal, Gilmar Mendes, quien pidió a los jueces más conservadores que “no ignoren el contexto en que ocurrieron los hechos”, precedidos por protestas a las puertas de los cuarteles que exigían impedir la investidura de Lula el 1 de enero, ocho días antes de los sucesos.

Para analistas políticos y jurídicos, ese debate no fue más que un reflejo de la alta polarización política en que se ha sumergido el país tras el surgimiento del bolsonarismo.

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