Redacción El País
Como sucedió con el caso del brasileño Jair Bolsonaro, el proceso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe generó un cruce entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó ayer martes a Estados Unidos a “no entrometerse en la justicia” de Colombia, en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien criticó el fallo condenatorio contra Uribe.
“Le solicito a la embajada de EE.UU. en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país (...) Le solicito a las asociaciones de jueces y trabajadores del poder judicial de los EE.UU. solidarizarse con la justicia colombiana, hoy agredida por un gobierno extranjero”, escribió Petro en la red X.
Petro ya había denunciado el lunes “una intromisión a la soberanía nacional” por parte de Estados Unidos, luego de que Rubio afirmara que el fallo condenatorio contra Uribe obedeció a una “instrumentalización del poder colombiano”.
Uribe, de 73 años y líder del partido Centro Democrático, se convirtió este lunes en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser hallado responsable, en primera instancia, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
“El único ‘delito’ del expresiente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente”, señaló el secretario de Estado estadounidense en su cuenta de X.
Estas tensiones surgen apenas tres semanas después de la más reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, ocurrida a comienzos de julio, cuando se filtraron audios de un excanciller de Petro supuestamente buscando apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder.
Esto agravó aún más las fricciones entre ambos gobiernos, ya marcadas por desacuerdos en temas como la migración y la lucha contra el narcotráfico.
En ese contexto, y tras lo que consideró una acusación “infundada” de Petro, Rubio convocó de manera “urgente” al jefe de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, John McNamara.
En respuesta, Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el fin de informarse sobre el estado actual de la agenda bilateral con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia, con el que tiene desde 2012 un Tratado de Libre Comercio (TLC).
Esa fue la segunda crisis diplomática de este año entre los dos países. La primera ocurrió el pasado 26 de enero cuando Petro no permitió el ingreso a Colombia de aviones con ciudadanos deportados por EE.UU. alegando que no recibían un trato digno.
Tras esa decisión, Trump respondió con una imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos, pero ese mismo día diplomáticos de los dos países llegaron a un acuerdo para bajar la tensión bilateral.
El proceso a Uribe
El expresidente fue hallado este lunes culpable de intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con los escuadrones de ultraderecha que enfrentaban a guerrillas en Colombia. Es el primer juicio a un expresidente en el país, acusado de tratar de persuadir a paramilitares para que mintieran a su favor.
El soborno “ha quedado acreditado”, afirmó la jueza responsable del caso. Uribe participó en la audiencia de forma virtual mientras negaba con la cabeza.
Uribe, que según la jueza también cometió fraude procesal, se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El largo proceso judicial se inició en 2012, cuando Uribe demandó al congresista izquierdista Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por buscar a presos para que lo acusaran de tener nexos con los paramilitares de ultraderecha que combatieron a las guerrillas.
En un inesperado giro, en 2018 el tribunal cambió el rumbo de la investigación al sospechar que fue Uribe, entonces congresista, quien intentó sobornarlos para que cambiaran sus versiones. Uribe renunció al Senado en 2020, perdió sus fueros y el caso pasó a la justicia ordinaria.
La declaración de culpabilidad del político colombiano más influyente del siglo, muy popular por su mano dura contra las guerrillas, asesta un duro golpe a la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El partido que lidera, el Centro Democrático, es el principal movimiento opositor a Petro. “Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo (...) los jueces no se presionan”, dijo Petro en X.
Uribe defiende su inocencia y manifestó que se trataba de un juicio político motivado por un deseo de “venganza” de la izquierda, de la extinta guerrilla de las FARC y del exmandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a los rebeldes en 2017.
La decisión significó una bofetada para Uribe, quien fue el primer presidente reelegido de la historia moderna del país y tras dejar el poder conservó tal nivel de popularidad que apadrinó a sus dos sucesores.
De acuerdo con un paramilitar condenado que fue testigo en el juicio, Uribe y su hermano Santiago participaron en la creación de un grupo ilegal conocido como Bloque Metro en el departamento de Antioquia.
El expresidente comenzó a ser investigado en 2018. En 2020 fue detenido en prisión domiciliaria y renunció al Senado. El caso pasó a ser investigado por la fiscalía aliada de la derecha, que logró su libertad y pidió en varias ocasiones que el caso fuera archivado.
Sin embargo en 2024, tras la llegada de una fiscal general afín a Petro, el ente acusador llamó a Uribe a un juicio en el que declararon más de 90 testigos. “La conciencia me dice: he dicho la verdad”, dijo Uribe en los alegatos finales.
Un paramilitar que prestó testimonio contó que uno de los abogados de Uribe lo presionaba en visitas a la cárcel para que cambiara su versión e intentó sobornarlo. El jurista enfrenta su propio juicio. “Nunca hice directamente ni a través del doctor Diego Cadena ofertas, menos para mentir”, dijo Uribe durante el juicio, que fue transmitido en vivo por medios de comunicación.
Las principales pruebas fueron una reunión del abogado de Uribe con este paramilitar, que éste grabó con una cámara instalada en un “reloj espía”, según la jueza, así como interceptaciones telefónicas al expresidente que la defensa siempre consideró ilegales. EFE, AFP
Apelación
El abogado Jaime Granados, que lidera el equipo de defensa de Álvaro Uribe, anunció ayer martes que el 11 de agosto apelará la sentencia que le sea impuesta por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La apelación debe presentarse ante el Tribunal Superior en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la lectura de la sentencia.
Apoyos de Duque y Pastrana
Los expresidentes colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana expresaron su respaldo a Álvaro Uribe, quien fue condenado por los delitos de soborno y fraude procesal. “Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias”, escribió en X Duque, cuyo mentor político fue Uribe. Igualmente, Duque dijo que el fallo tiene que motivar a los colombianos a estar al lado de Uribe y acompañarlo en las instancias procesales.
Duque definió a Uribe como “un hombre intachable, transparente que ha entregado su vida a Colombia”, y agregó: “No vamos los colombianos a dejar que su nombre sea mancillado por sus malquerientes que han pretendido siempre enlodarlo”.
Por su lado, Pastrana dijo que “los argumentos expuestos por la señora jueza son discutibles, pero hay que respetarlos, porque en esta hora de incertidumbre y de crisis, la única alternativa sensata y seria que tiene la democracia colombiana es defender la estabilidad de sus instituciones”. Pastrana confió en que “los caminos judiciales que aún tiene a su disposición el presidente Uribe culminen en el reconocimiento final de su inocencia”.
Los senadores y representantes del partido que fundó Uribe, Centro Democrático, también lo respaldaron. EFE
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