Estados Unidos anunció ayer jueves que rebaja el nivel la alerta para viajar a Venezuela, que queda ahora en la categoría 3 (Reconsidere su viaje), reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en el país caribeño a ojos del Gobierno de Donald Trump luego de la captura del dictador Nicolás Maduro y los acuerdos con la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La administración Trump incrementó el pasado diciembre la alerta de viaje para Venezuela a la categoría 4 (No viajar), un nivel que aún así el Departamento de Estado estadounidense va a mantener activado en estados como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico o las zonas rurales de Bolívar.
Este cambio se introdujo para “reflejar y actualizar la información de riesgo para ciudadanos estadounidenses” en Venezuela, explicó el Departamento de Estado, y considera que ya no hay riesgo de “detención errónea” o de “disturbios”.
De todos modos, aclara que “si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros”, explica el Departamento de Estado.
El texto advierte que los grupos terroristas Tren de Aragua y Cartel de los Soles, originarios de Venezuela, continúan operando en el país, y que, en términos generales, distintas bandas violentas operan en zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana. Se subraya también el riesgo de emplear taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el que sirve a Caracas, y de emplear cajeros automáticos cerca del aeródromo.
El Departamento de Estado insiste en que “viajar de noche entre ciudades, o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado”.
El aviso a viajeros del Departamento de Estado recuerda que se ha iniciado el proceso de reapertura de la embajada en Caracas, pero que por el momento Bogotá sigue asumiendo las operaciones diplomáticas.
Desde el derrocamiento y arresto de Maduro a manos de Estados Unidos en enero, se advierte que “los servicios consulares de rutina permanecen suspendidos en Venezuela” y que la sección Asuntos de Venezuela, en la embajada en Bogotá, continúa sirviendo mientras como legación de facto.
A su vez, Washington advierte que esta sección “no puede prestar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren fuera de Caracas”.
El Departamento de Estado recuerda también a sus ciudadanos que se requiere una visa para ingresar a Venezuela, que los visados no están disponibles a la llegada y que se corre el riesgo de ser detenido si se entra en el país sin un permiso válido.
Informe de inteligencia
La Inteligencia de Estados Unidos considera a Venezuela como una amenaza menor para los intereses nacionales tras la detención de Maduro, el pasado 3 de enero, al tener en cuenta los cambios impulsados por el actual Gobierno del país caribeño a cargo de Rodríguez.
Según el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI) que se publicó esta semana, Washington observa “una disposición por parte del Gobierno venezolano a cooperar con Estados Unidos para abrir su economía y desarrollar la abundante capacidad de extracción de petróleo y gas natural del país”.
El informe considera “casi seguro que Latinoamérica y el Caribe experimentarán durante el próximo año focos de volatilidad que tienen el potencial de socavar los esfuerzos de los países -particularmente de los socios de Estados Unidos-, o de distraerlos de sus objetivos de mejorar las condiciones de vida (de su ciudadanía), combatir los flujos de drogas ilícitas y contrarrestar la influencia extranjera”. En este sentido, reconoce que Venezuela “continúa lidiando con muchas de estas dinámicas”.
Además, dedica un apartado especial al papel que China, Rusia e Irán desempeñan en América Latina y “que podría entrar en conflicto con los intereses de Estados Unidos en la región”.
“Es probable que la demanda china de materias primas impulse una continua expansión económica hacia Latinoamérica, mientras que Rusia probablemente desee ampliar sus actuales lazos diplomáticos y de seguridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela”, apunta. EFE, AFP
Reclaman cese de torturas a presos
Familiares de presos políticos protestaron ayer jueves ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela con el objetivo de exigir el cese de las “torturas” a las que son sometidos sus parientes en las cárceles por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que la cartera de Estado ha sido “cómplice” de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario. “Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas”, señaló Baduel. Además, dijo que los familiares de los presos políticos también son víctimas de torturas y malos tratos.
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