Redacción El País
El fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe agravó el enfrentamiento entre la oposición y el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. La jueza Sandra Heredia leyó ayer viernes la sentencia de primera instancia que condenó a 12 años de prisión domiciliaria a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La jueza sentenció al exmandatario a 12 años de prisión; a pagar una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares), y lo inhabilitó para “el ejercicio de derechos y funciones públicas” por 100 meses y 20 días (más de ocho años). Heredia concedió prisión domiciliaria al exmandatario.
Uribe, de 73 años, fundador del partido Centro Democrático y que gobernó entre 2002 y 2010, se convirtió el lunes en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado “juicio del siglo” en Colombia.
Uribe apeló de inmediato. “Señora juez, yo permito interponer el recurso de apelación, lo ejerceré hoy mismo (por ayer) de manera oral aquí en esta audiencia”, dijo Uribe conectado de manera virtual a la audiencia.
La sentencia, de 1.114 páginas, fija una pena de 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir por cometer varios delitos, lo que equivale a un total de 120 meses o diez años.
Por el delito de fraude procesal, la jueza estableció una condena de 104 meses de prisión, aunque estableció el soborno en actuación penal como el delito base y sumó dos años más en virtud del fraude.
Tensión por filtración
Todo como parte de un proceso que el mismo Uribe inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que recibió la demanda, decidió no investigar a Cepeda y sí a Uribe por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
La jueza Heredia criticó la filtración de la sentencia contra Uribe, lo que motivó una dura interrupción del exmandatario en el comienzo de la audiencia de lectura de la condena.
Heredia señaló que solo su equipo de trabajo conocía el contenido de la sentencia, que envió ayrer a los abogados de Uribe y de su contraparte en este caso, el senador Cepeda, con el sigilo que corresponde, pero “creo que algunos no cumplieron de mantenerlo en reserva porque más nos demoramos en enviarlo que algunos medios de comunicación en publicitar la sentencia”, dijo. “También tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá, cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación”, agregó la jueza, lo que provocó una airada reacción de Uribe.
Tomás Uribe Moreno, uno de los dos hijos del expresidente publicó en su cuenta de X un mensaje con comentarios sobre la sentencia, que comparó con la ausencia de cárcel para el presidente Gustavo Petro, quien fue guerrillero del M-19 en su juventud, y contra varios jefes de la antigua guerrilla de las FARC.
“Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, le espetó Uribe.
Heredia le pidió tranquilidad y agregó: “Yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado, primero que todo como persona, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente estoy dejando constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana”.
Acto seguido, la jueza le ordenó a Uribe que se callara, “y si usted quiere, con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias”.
“Yo no estoy faltando a la verdad, simplemente las publicaciones están ahí y le solicitaré a las autoridades competentes que indaguen qué fue lo que pasó, pero lo que sí tengo que dejar constancia es que desde mi equipo de trabajo, que eran las únicas personas que tenían conocimiento aparte de las partes intervinientes especiales, no se filtró esa información”, añadió la jueza para zanjar la discusión.
Demanda a Petro
Uribe demandó al presidente Gustavo Petro por “hostigamiento” y “calumnia” tras su condena por soborno y fraude procesal.
Tras la condena, Petro hizo referencias al paramilitarismo en la red social X. En una publicación aseguró que Uribe, su más acérrimo rival político, “no combatió el terrorismo paramilitar, sino que pactó con él, varias veces”.
Los abogados de Uribe sostuvieron en un comunicado que se trata de acusaciones “directas, infundadas y carentes de respaldo judicial”.
Petro está “atribuyéndole” a Uribe “conductas gravemente delictivas”, declararon.
La demanda contra Petro fue radicada ante una comisión de la Cámara baja con facultades para investigar a los presidentes. EFE, AFP
Izquierda colombiana celebra la condena
La izquierda colombiana celebró la condena a Álvaro Uribe. Una de las reacciones más duras la expresó Eduard Sarmiento, legislador por el partido oficialista Pacto Histórico, quien escribió en X que Uribe “pasa de presidente a presidiario”, al recordar que será el primer exmandatario condenado penalmente en la historia de Colombia. La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, también del Pacto Histórico, afirmó que “el país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, que son el camino hacia la reconciliación”. En una línea similar se expresó el también precandidato presidencial Gustavo Bolívar, cercano al mandatario Gustavo Petro. Bolívar cuestionó los intentos de vincular al Gobierno con la decisión judicial: “Sean serios. No son los jueces, ni los opositores, ni los periodistas, ni el gobierno los culpables de una condena y una pena. Somos nosotros mismos con nuestros actos los culpables de las consecuencias”, escribió en X. Por su parte, el diputado Alejandro Toro, también del Pacto Histórico, aseguró que el fallo envía “un mensaje claro” de que “nadie está por encima de la ley”.
Reclamo ante ONU y OEA por “anomalías”
Un grupo de 26 expresidentes de 13 países iberoamericanos -entre ellos los uruguayos Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle- pidieron a la ONU y a la OEA que atiendan las “graves afectaciones” contra los derechos humanos del exmandatario colombiano Álvaro Uribe, condenado ayer a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude y soborno.
Así lo manifestaron los miembros del Grupo Idea al enviar una carta al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk; la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite; al secretario general de la OEA, Albert Randim; y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Acudimos ante ustedes para que (...) asuman la histórica responsabilidad de salvaguardar el Estado constitucional y de derecho en Colombia”, expresaron.
Agregan que el proceso penal contra Uribe ha estado “plagado de anomalías, que ahora han derivado en una condena judicial de primera instancia”.
“Las anomalías de dicho proceso constituyen afectaciones sistemáticas a sus derechos amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, afirman.
Además de Sanguinetti y Lacalle, la carta fue suscrita por los expresidentes de Argentina Mauricio Macri; de Bolivia Carlos Mesa y Jorge Quiroga; de Chile Eduardo Frei; de Colombia Iván Duque; de Costa Rica Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez; de Ecuador Jamil Mahuad y Lenin Moreno; de El Salvador Alfredo Cristiani; de México Vicente Fox y Felipe Calderón; de Panamá Nicolás Ardito, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez; de Paraguay Mario Abdo Benítez, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy; de República Dominicana Hipólito Mejía;
de España Jose María Aznar y Mariano Rajoy; el opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño.
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