El Tribunal Supremo de EE.UU. sentó ayer miércoles en el banquillo a Twitter para estudiar si la empresa es responsable de ayudar a instigar un atentado terrorista al no eliminar contenido publicado por organizaciones como el Estado Islámico (ISIS).

La red social fue denunciada junto con Facebook y Google (como dueña de YouTube) por la familia del jordano Nawras Alassaf, quien murió el 1° de enero de 2017 en un club nocturno en Estambul (Turquía) a manos de Abdulkadir Masharipov, un terrorista que irrumpió en el lugar y asesinó a 39 personas.

La familia de Nawras Alassaf alega que, puesto que la organización terrorista utiliza estas plataformas “para reclutar miembros, emitir amenazas terroristas y difundir propaganda”, las compañías tecnológicas fueron responsables de instigar este atentado.

En su opinión, brindaron así apoyo material a ISIS al proporcionar la infraestructura y los servicios que le permiten “promover y llevar a cabo sus actividades terroristas”. Los denunciantes se abrazan a la Ley Antiterrorista y a la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, que permiten a las víctimas de terrorismo presentar demandas de responsabilidad primaria y secundaria contra cualquier entidad que ayude a un acto terrorista.

Los jueces del Supremo tendrán que dirimir si, según la Ley Antiterrorista, se puede considerar que las plataformas de redes sociales han ayudado e instigado un acto de terrorismo por su supuesta falla a la hora de filtrar y eliminar contenido publicado por organizaciones terroristas.

En la audiencia de ayer, el abogado de Twitter, Seth Waxman, centró su defensa en que no hacer todo lo posible para hacer cumplir las reglas y políticas de Twitter que prohíben este tipo de contenido “no equivale a la provisión consciente de asistencia sustancial”.

“Si el jefe de Policía de Estambul hubiera venido a Twitter diciendo 'hemos estado siguiendo tres cuentas y estas personas parecen estar planeando algún tipo de acto terrorista' y Twitter no lo hubiera investigado, en ese caso habríamos asumido la culpabilidad”, dijo.

Según el procurador general adjunto Edwin Kneedler, representante del Gobierno, la empresa no puede ser considerada responsable en virtud de la Ley Antiterrorista porque el Congreso se aseguró de que esta ley “no tenga un alcance tan amplio como para inhibir actividades legítimas e importantes de empresas, organizaciones benéficas y otros”, apuntó en su intervención.

En opinión de varios de los jueces, Twitter “sabía todo eso y no hizo nada”, apuntó la magistrada Elena Kagan.

La sesión de ayer se celebró un día después de que el Tribunal Supremo sentara en el banco de los acusados a Google para evaluar si es responsable por las recomendaciones que sus algoritmos hacen a sus usuarios, en un caso con implicaciones en la libertad de expresión.

Google fue denunciada por la familia de Nohemi González, una estadounidense de 23 años asesinada en París en los atentados de noviembre de 2015 de ISIS, que mataron en total a 130 personas.

La del martes fue la primera vez que la Corte Suprema analizó la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, aprobada en 1996, cuando internet se encontraba en sus albores, y que blinda a las plataformas frente a las demandas que las tratan como responsables de información suministrada por otra fuente.

En ambos casos, la decisión del Supremo, de mayoría republicana, no llegará hasta este invierno y su fallo podría tener repercusiones en la forma en la que funciona internet.

En base a EFE