LA PANDEMIA DEL COVID-19

La decisión final será del presidente Alberto Fernández. El punto crítico que se deberá evaluar con los expertos sanitarios siguen siendo los riesgos que provoca el transporte público en la diseminación del coronavirus. Sin embargo, ante la crisis económica que desató la cuarentena obligatoria, el Gobierno tiene una lista de 1.000 empresas privadas que podrían reabrir.

No es una autorización automática. Estas empresas presentaron sus protocolos de higiene, los planes de distanciamiento social y la logística de transporte de sus empleados.

Los sectores son variados. Aparecen la industria automotriz, autopartes, química, petroquímica, plástica, metal mecánica, cemento, textil, indumentaria y calzado, entre otros, según contaron fuentes oficiales a La Nación.

En el Gobierno están teniendo en consideración distintos niveles a la hora de comenzar a dar los permisos. Entre ellos aparecen cómo llegan los trabajadores a la empresa, a qué distancia de la planta viven o la distancia de los puestos de trabajo dentro de las compañías mismas.

“Es central evitar la utilización del transporte público, que las empresas pongan transporte propio para aquellos que tienen que viajar, o que los trabajadores lleguen por sus propios medios, ya sea porque tienen autos o viven cerca, o pueden llegar caminando o en bicicleta”, dijeron a La Nación en el Poder Ejecutivo volviendo a poner el foco en el transporte.

La decisión para la aprobación de esa lista está supeditado al debate entre el presidente y los expertos sanitarios, y la decisión de “saltar a una nueva etapa”.

Se calcula que cuando arrancó la cuarentena solo podía trabajar el 43% de los trabajadores, y que actualmente ese valor es del 51%. “Podríamos llegar al 70% en mayo”, aventuraron. En el Gobierno afirmaron además que hay muchas empresas que presentaron en los municipios en los que tienen ubicadas sus plantas los protocolos de reapertura y de salud requeridos.

El Gobierno ya habilitó muchas actividades como esenciales, también a los fabricantes de insumos y a los exportadores, siempre que cuenten con autorizaciones provinciales. Tal es el caso de varias empresas automotrices que a mediados de mayo esperaban reanudar con la producción en sus plantas. Es el caso de Volkswagen y FCA en Córdoba, por ejemplo.

Bajo ese mismo criterio, en el último anuncio oficial sobre la extensión de la cuarentena, el Gobierno dispuso una mayor flexibilización en aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes y habló de fases de administración de la cuarentena compartiendo la responsabilidad de la reapertura de la economía con gobernadores e intendentes.

La última actualización de sectores exceptuados había incluido a establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos; oficinas de rentas (con sistema de turnos y guardias mínimas); venta de mercadería elaborada de comercios minoristas (vía plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal y mediante la modalidad de entrega a domicilio sin abrir sus puertas); atención médica y odontológica programada (con sistema de turno previo); laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen (con turno); ópticas (turno); peritos y liquidadores de siniestros (trámites virtuales); establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género; allí ya aparecían la producción para la exportación y procesos industriales específicos. Pero aún no estaban listos los procedimientos.

Previamente, el Gobierno había autorizado a los bancos y a los talleres para la reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, y vehículos de las fuerzas de seguridad.