La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió ayer martes una “tregua nacional” a los manifestantes antigubernamentales para poder superar la crisis social y política que sacude al país y “entablar mesas de diálogo”, además de reiterar su llamado a la “paz y a la unidad”.

“Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos”, declaró Boluarte en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP), mientras Lima se preparaba en horas de la tarde para una “gran marcha nacional”.

La mandataria hizo un nuevo llamado “al diálogo, a la paz y a la unidad” y exhortó al Ministerio Público a realizar con celeridad sus investigaciones para individualizar a los responsables de la violencia y las muertes en las protestas que piden su renuncian y que, desde diciembre, han cobrado la vida de más de 60 personas entre civiles y policías.

Boluarte volvió a “pedir perdón” por los fallecidos e insistió en que su país “está viviendo una situación violenta, generada por un grupo de radicales” que, agregó, tienen una agenda política y económica propia. “Esta (agenda) económica (está) basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando”, aseguró.

Agregó que, por esa razón, las protestas se han concentrado sobre todo en el sur del país.

Se refirió especialmente a Puno, una región colindante con Bolivia que, según dijo, está “tomada prácticamente toda” y reconoció que en esta zona no han sido fructíferos los intentos de diálogo del Ejecutivo.

Sostuvo, además, que los manifestantes usan “herramientas artesanales que causan impacto y provocan la muerte”, como son las denominadas balas “dum-dum”, y descartó que sean usadas por la Policía.

“De manera extraoficial sabemos que por la frontera entre Perú y Bolivia han ingresado armas letales llamadas dum-dum”, añadió Boluarte.

Tras acusar abiertamente al expresidente Pedro Castillo de ser el responsable de que Perú “se vaya desangrando”, Boluarte se mostró confiada de que el Congreso aprobará el adelanto de elecciones para 2024.

Sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Lima, hasta donde se desplazaron miles de manifestantes de otras regiones del país, la presidenta volvió a defender la “inmaculada” conducta de los agentes del orden y criticó la existencia de narrativas en el exterior que ponen en duda su legitimidad como presidenta, un cargo que asumió por sucesión constitucional tras el fallido autogolpe de Castillo.

Finalmente, la mandataria insistió en que Perú es un “país democrático, respetuoso del estado de derecho y respetuoso con las instituciones” y aseveró que hoy miércoles acudirá virtualmente a una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA) para decir “la verdad”.

Gremios empresariales y de trabajadores de Perú pidieron ayer martes garantías de “seguridad y estabilidad” para el desarrollo de sus actividades económicas e hicieron un llamado a la “reconciliación nacional” para superar la situación “sumamente grave” que vive el país.

“Como empresarios de diversos sectores económicos y clase trabajadora de todas las regiones del país, necesitamos condiciones de seguridad y estabilidad para el desarrollo de nuestras actividades (...) Necesitamos trabajar”, señalan en un comunicado.

El documento, que suscriben una decena de organizaciones, entre ellas la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Confiep, el mayor gremio empresarial del país, insiste en la necesidad de “propiciar una reconciliación nacional” para “seguir trabajando unidos”.

“Necesitamos propiciar una reconciliación nacional que involucre a las fuerzas políticas, a las instituciones del Estado, la academia, a las fuerzas del orden, a los trabajadores y los empresarios”, sostiene la nota.

Los gremios denuncian, además, que la clase trabajadora “ha visto vulnerada su libertad en un escenario de pugnas y violencia” y que, en algunos casos, ha sido “víctima de extorsiones y amenazas por discrepar con las medidas de protesta”.

Según datos divulgados ayer por el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, las pérdidas causadas por las movilizaciones sociales ascienden a 554 millones de dólares desde que arrancaron en diciembre pasado.