El clima político y social sigue tenso en Perú, mientras varias columnas de manifestantes avanzan desde ayer hacia la capital Lima para reclamar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los organizadores esperan que estas marchas tengan el mismo impacto que las de 2000 contra Alberto Fujimori.
“Vamos a estar en la capital para hacer escuchar nuestra voz de protesta”, promete Jimmy Mamani, uno de los dirigentes andinos que iniciaron ayer lunes la marcha a Lima, como parte de las protestas que llevan cinco semanas y han dejado hasta ahora 50 muertos.
Mamani es presidente de la Asociación de Centros Poblados de la provincia El Collao, una zona aymara de la región de Puno, fronteriza con Bolivia, y alcalde del poblado de San Isidro. Junto a centenares de campesinos recorrerá los 1.350 km que separan su comunidad de Lima.
“Vamos a ingresar por los cuatro conos de Lima (norte, sur, este, oeste.) Queremos hacer una movilización pacífica sin inconvenientes”, agregó.
“Será como la marcha de los cuatro suyos”, explica en alusión a la masiva marcha de tres días que proviniendo de los cuatro rincones del Perú, en julio de 2000, desembocó en la caída del régimen Fujimori (1990-2000) en noviembre de ese año.
La plataforma es política y se resume en tres puntos: renuncia de Boluarte, elecciones inmediatas y convocatoria de una Asamblea Constituyente. El Gobierno ya ha rechazado estas tres peticiones.
Al menos unos 3.000 pobladores de la ciudad de Andahuaylas (sureste), en la región de Apurímac, salieron ayer lunes rumbo a Lima en una caravana de vehículos y camiones.
Desde Cusco, decenas de campesinos se organizaban para partir hacia la capital en las próximas horas.
El Gobierno de Boluarte amplió el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para mantener el orden público.
También extendió por 10 días el toque de queda de las 20H00 a las 4H00 en Puno, epicentro de las protestas.
Los bloqueos de carreteras siguen dando la pauta del ritmo de las protestas. Ayer lunes amanecieron bloqueados 99 tramos de carreteras por manifestantes en 10 de las 25 regiones.
En la región La Libertad (norte) por primera vez este año pobladores bloquearon con neumáticos incendiados la carretera panamericana norte, que conecta a Lima con ese extremo del país.
Confirman a la víctima 50 por las protestas
Un hombre falleció este domingo en la ciudad peruana de Moyobamba, en la selvática región de San Martín, por un accidente de tránsito vinculado al bloqueo de vías por las protestas antigubernamentales, lo que elevó a 50 el total de víctimas mortales de las movilizaciones en Perú desde diciembre, informó la Defensoría del Pueblo. El último reporte difundido por este organismo autónomo confirmó la muerte de un civil de 39 años en Moyobamba “por un accidente de tránsito vinculado al bloqueo de vías”. Hasta el momento, 41 manifestantes han muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de un policía que fue calcinado por una turba. Asimismo, otras ocho personas perdieron la vida por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras que, según el último informe oficial, este domingo afectaron a diez regiones del país, causando “tránsito interrumpido” en 99 puntos del territorio nacional. Del total de fallecidos, 22 se produjeron en la última semana.
Desde el Gobierno han asegurado desde el fin de semana que evitarán lo que califican de “asonada” sobre Lima, pero al mismo tiempo han subrayado que respetan el derecho a la protesta y las manifestaciones pacíficas, algo prohibido mientras está en vigor el estado de emergencia.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, advirtió que el Gobierno hará lo que está en su mano para “evitar una situación de violencia”.
Las protestas han dejado al menos 50 muertos, más de 500 heridos y unos 300 detenidos en cinco semanas.
Boluarte, abogada de 60 años, asumió la presidencia el 7 de diciembre después de que el Congreso destituyera a su predecesor, Pedro Castillo, por su fallido autogolpe.
La presidenta pidió el viernes perdón por las muertes provocadas por la crisis e instó a los legisladores a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024.
Por su parte, el congresista del partido marxista Perú Libre Flavio Cruz respaldó las protestas contra Boluarte. “Perderemos dinero, pero recuperaremos respeto, dignidad y justicia; valores mucho más supremos que el dinero”, afirmó Cruz en declaraciones a RPP Noticias.
En tanto, el ministro de Justicia, José Tello, dijo que el estado de emergencia declarado en Callao, Lima, Puno y Cuzco responde a que hay “situaciones de violencia que ameritan que se tomen estas medidas” para evitar los “actos violentistas” en estas localidades.
“Esperamos que esta situación (protestas) cambie radicalmente y se establezca la vía del diálogo”, dijo por su parte el jefe de gabinete Alberto Otárola al canal de televisión Latina. “Hay un grupo pequeño organizado con financiamiento del narcotráfico y minería ilegal que quiere tomar el poder a la fuerza”, agregó.
Otárola reiteró que Boluarte no renunciará, pese a los pedidos los manifestantes: “No va a renunciar por dos razones. Por un sentido de responsabilidad histórica y porque la renuncia de la señora Dina Boluarte sería abrirle las puertas a la anarquía. Sería una irresponsabilidad de la señora Boluarte irse en circunstancias en que el país está atravesando por estos problemas”
Con fotografías colocadas en el atrio de la catedral de Lima, la mañana del domingo se realizó una misa para recordar a las víctimas fallecidas durante las protestas.
“Todos ellos son nuestros difuntos, no hay muerto ajeno. Todos somos peruanos”, dijo el arzobispo de Lima, Carlos Castillo.
Según una encuesta publicada el domingo por la empresa Ipsos, Boluarte tiene un 71% de desaprobación.
El sondeo, con un muestreo de 1.199 personas realizado el 13 enero, indica que el 63% de los encuestados cree que las acciones violentas en las regiones están “organizadas por movimientos políticos”.
Referéndum sobre investidura de ministros
El Congreso peruano aprobó ayer lunes la reforma constitucional que plantea eliminar el voto de confianza, un proceso parlamentario obligatorio para validar a los gabinetes del Ejecutivo, pero, al no alcanzar el respaldo de dos tercios, el dictamen deberá ser sometido a referéndum.
Con 75 votos a favor, 46 en contra y ninguna abstención, el pleno del Legislativo dio luz verde al proyecto de ley que elimina el voto de confianza al que deben someterse todos los Gobiernos en los 30 días siguientes a la juramentación de su gabinete ministerial.
La iniciativa legislativa, sin embargo, no sumó los 87 votos que requiere la aprobación en dos legislaturas de una reforma constitucional y, por ello, la norma deberá ser ratificada en referéndum.
El dictamen, propuesto por la Comisión de Constitución del Congreso que preside el diputado fujimorista Hernando Guerra, plantea la reforma del artículo 130 de la carta magna que establece que, dentro de los 30 días de haber asumido funciones, el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete se presentan ante el hemiciclo para “exponer y debatir la política general del Gobierno” y solicitar su investidura. La legislación peruana sostiene, además, que la negación de la confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno faculta al presidente a disolver el Congreso y a convocar nuevas elecciones legislativas dentro de los cuatro meses siguientes, como hizo el exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020).
De ser aprobada esta reforma constitucional en el referéndum, la presentación del gabinete no dará lugar al voto de confianza, por lo que el Gobierno será el único responsable del nombramiento de los ministros de Estado.
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