"Una pesadilla": el inesperado giro judicial que retiene a la abogada e influencer argentina en Brasil

La esperanza de un pronto retorno a Argentina se desvaneció este miércoles para la abogada e influencer Agostina Páez, tras una sorpresiva resolución de la justicia brasileña. El juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, titular del tribunal penal 37 de Río de Janeiro, determinó que la joven oriunda de Santiago del Estero deberá permanecer en territorio brasileño bajo monitoreo electrónico por al menos 20 días más, desestimando el consenso previo que existía entre la fiscalía y la querella para permitir su salida inmediata.

Este revés judicial transforma lo que se perfilaba como el cierre de un proceso de dos meses en un nuevo "laberinto burocrático". La defensa, liderada por la abogada Carla Junqueira, calificó la medida de "innecesaria y cruel", especialmente luego de que en la audiencia del martes se lograra reducir la expectativa de pena de 15 años a una mínima de dos, conmutables por servicios comunitarios.

Ahora, la estrategia se vuelca hacia la presentación de un hábeas corpus de carácter urgente para revertir lo que consideran una detención arbitraria.

Foto captura de video.

A pesar de la flexibilización de los cargos —que pasaron de tres delitos independientes a la figura de "delito continuado"—, el magistrado Schilling Pollo Duarte optó por el rigor formal. Páez, de 29 años, debe mantenerse a disposición del tribunal hasta la presentación de los alegatos finales y la redacción del fallo de fondo.

Mientras tanto, la joven permanece bajo el régimen de monitoreo con tobillera electrónica en Río de Janeiro, una situación que ella misma describió como una "pesadilla" debido a la sensibilidad social que generan los delitos de injuria racial en Brasil, donde son considerados crímenes contra la humanidad.

Foto captura de video de TN.

El frente financiero representa el otro gran obstáculo para la ciudadana argentina. La fiscalía ha solicitado una reparación económica de aproximadamente US$ 50.000 para cada una de las tres víctimas, lo que eleva la cifra total a US$ 150.000. Páez, quien manifestó llevar tres meses sin poder trabajar debido al proceso legal, depende ahora de la ingeniería financiera de su familia para cubrir la caución que fije el juez. Este factor, sumado a la disputa política en Argentina sobre quién gestionó su situación diplomática, añade una capa de complejidad a un caso que aún aguarda su sentencia definitiva.

Por Marcelo Silva de Sousa, La Nación/GDA