“Vuelvo a la Argentina”, dijo Agostina Páez, la abogada acusada de gestos racistas en Río de Janeiro

La cuenta regresiva terminó. La argentina Agostina Páez enfrentó esta tarde el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, que originalmente incluía una pena potencial de hasta 15 años de cárcel.

Durante la primera audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó Carla Junqueira, abogada de la víctima, a la salida de la audiencia.

“En estos días me van a dejar volver a casa”, dijo Agostina Páez, aliviada, al salir de la sesión, que se extendió por más de tres horas. “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, sumó.

“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo”, explicó Junqueira. “Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, sumó.

Dentro del juzgado, Páez estuvo acompañada por Junqueira y el cónsul argentino adjunto en Río de Janeiro, Maximiliano Alaniz, que también es abogado.

Captra La Nación Más.

La joven permanecía desde hace dos meses con la prohibición de abandonar Brasil y es monitoreada con una tobillera electrónica.

El caso, en el que Páez es acusada de tres delitos de injuria racial, se tramita bajo secreto de justicia.

El altercado que originó la causa ocurrió el 14 de enero, tras una discusión con los mozos de un bar de Ipanema por una cuenta mal cobrada. Aunque la joven afirmó inicialmente que se había retirado a los gritos, su gesto discriminatorio —imitando el movimiento de un mono— quedó registrado en un video viral que se convirtió en prueba central para la Justicia brasileña.

En una intervención que significó un espaldarazo a la defensa de la joven, la diplomacia argentina decidió actuar dentro del proceso. Según pudo saber La Nación, el Consulado Argentino en Río de Janeiro, encabezado por Jorge Perren, presentó a fin de la semana pasada una nota formal ante el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

El documento no buscó interferir en la soberanía jurídica de Brasil, sino ofrecer garantías: el consulado explicó al magistrado que la Argentina se compromete a asegurar que el proceso penal pueda ser cumplido y monitoreado desde nuestro país. Es un movimiento central de la estrategia de la defensa, liderada por la abogada brasileña Carla Junqueira.

El objetivo es convencer al juez de que Páez puede seguir a derecho y responder a las citaciones desde la Argentina, evitando que un proceso que podría prolongarse durante años exija una permanencia forzada en Brasil o derive en prisión efectiva.

Hoy declararon de forma virtual, como testigos de la defensa, las dos amigas que acompañaban a Agostina la noche del incidente. Sus testimonios fueron clave para intentar contextualizar lo que la defensa describe como una “reacción desmedida” en medio de un altercado y no como un acto de odio racial premeditado.
“Vamos con confianza en la justicia, con perspectiva de que se haga todo objetivamente”, dijo a La Nación Sebastián Robles, abogado de la familia, quien viajó a Río junto a Mariano, el padre de la joven.

Foto captura de video.

En diálogo con LN+, Mariano cuestionó la expectativa de la pena y advirtió sobre el estado de salud de su hija: “El pedido de 15 años es una locura. (Agostina) tiene pánico, ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”.

Páez llega a este juicio con una imagen renovada, tras haber admitido en sus redes sociales que cometió “una reacción muy grave” y pedir disculpas “de todo corazón” a quienes se sintieron humillados por su actitud.

La Justicia de Río comenzará a evaluar si ese arrepentimiento y el respaldo consular serán suficientes para morigerar los delitos que enfrenta y si podrá permitirle esperar la sentencia en su Santiago del Estero natal.

Por Marcelo Silva de Sousa, La Nación/GDA