Promesas a los gobernadores de obra pública, financiamiento de deuda y reparto discrecional de fondos en conceptos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cambio de apoyo legislativo en Argentina. La inclusión furtiva de un artículo que disponía descuentos salariales ante licencias por lesiones o enfermedades que casi hace tambalear la ley. Un pacto con la “casta sindical” para que los jefes gremiales conserven intactas sus cajas. El lobby de políticos, empresarios y gremialistas para sacar tajada de una negociación farragosa. La desinformación oficial de manera intencional, y el surgimiento de un fondo millonario cuyo fin sería el financiamiento de las indemnizaciones a costa de los aportes al sistema previsional.
La enumeración sirve de epítome de una ley de reforma laboral que el presidente argentino, Javier Milei, ordenó acelerar en sesiones extraordinarias tras su fallida maniobra de hacerlo por decreto, al filo del fin de año de 2023, cuando llevaba apenas una semana en el poder y lo anunció por cadena nacional.
Después de haber logrado que la Casa Rosada desistiera del capítulo fiscal, que afectaba a los recursos que se distribuyen en concepto de coparticipación, los jefes provinciales decidieron darle los votos a Milei en el Congreso para avanzar con la reforma laboral. Seis mandatarios, en su mayoría de raíz peronista, fueron decisivos para lograr el quorum el jueves en Diputados y abrir la sesión. Se trata de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan) y Hugo Passalacqua (Misiones). Con sugestivas ausencias, también aportó su cuota al triunfo libertario el cordobés Martín Llaryora, como el santafecino Maximiliano Pullaro.
Los acuerdos anudados con cada mandatario son diferentes. En todos los casos fueron negociaciones en las que la ideología quedó de lado y se impuso el intercambio. Una suerte de mercantilización del voto que siembra sospechas sobre la transparencia legislativa. Al catamarqueño Jalil, por ejemplo, le aseguraron futuras inversiones mineras condicionadas a la sanción de la Ley de Glaciares. A Orrego lo tentaron con la misma manzana, según fuentes del Ministerio del Interior. Al tucumano Jaldo, le depositaron para la Navidad $20.000 millones (unos US$ 14 millones) en concepto de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) y el jueves hasta criticó el paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) pese a haber cerrado su campaña electoral del año pasado con el referente camionero que tiene Hugo Moyano en su provincia. Curioso lo del delfín de Alperovich y Manzur: desafió el año pasado con cortarle la melena al león y ahora hasta parece dispuesto a peinarlo.
Con el misionero Passalacqua, el peón de Carlos Rovira, además del reparto de recursos, se conversa sobre un supuesto pacto de no agresión electoral rumbo a 2027, una estrategia que podría repetirse en otros distritos. Al exsindicalista petrolero Vidal parece que bastó con la cesión de tierras que YPF le transfirió a Santa Cruz.
Con Llaryora y Pullaro la negociación habría pasado por las transferencias de las cajas jubilatorias. Sus diputados jugaron a favor de la reforma laboral y evitaron obstaculizar al oficialismo en las votaciones más complicadas, como el fondo para las indemnizaciones o la derogación de estatutos profesionales.
Las licencias
Cuando vio que peligraba realmente la sesión en Diputados, el Gobierno decidió retirar de la ley el artículo 44, que disponía descuentos salariales del 50% para faltas vinculadas a problemas médicos atribuibles al empleado y del 25% cuando se trata de enfermedades sobrevinientes.
Una revisión del derrotero del artículo 44 demuestra que se incorporó al dictamen de mayoría del Senado 24 horas antes del debate. El gran misterio que persiste es quién pidió la incorporación del artículo, un secreto que Patricia Bullrich mantiene guardado. ¿Fue Federico Sturzenegger el que intervino vía Milei, a través de la Secretaría Legal y Técnica? “Ya está. Lo hizo el bloque de La Libertad Avanza, con el apoyo de 41 senadores”, dijo Bullrich, seca y tajante.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%”, explicó con naturalidad Sturzenegger en una entrevista. Tal vez si el ministro de Desregulación callaba, el artículo hubiera quedado tal cual como se votó en el Senado. Un homenaje a Karina Milei, que bajó línea a los legisladores oficialistas para que voten los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sin necesidad de ser leídos previamente. Muchos libertarios siguieron la indicación al pie de la letra.
Con el debate arrancado, la idea oficialista era limitar los “aportes solidarios” a los gremios al 2% y autorizarlos hasta enero de 2028. Pero comenzó a tomar fuerza lo que finalmente se votó: el Gobierno dio marcha atrás con la poda de recursos a las obras sociales sindicales, sostuvo las cuotas solidarias y mantuvo a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical.
Polémica por licencias por enfermedad
Rodolfo Aguiar, jefe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sintetizó el pacto: “Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores”.
La polémica por las licencias que abrió Sturzenegger sumado a la presión de la izquierda y otros gremios terminó de empujar a la CGT a activar su cuarto paro general contra Milei. La estrategia que se debate ahora internamente es si seguir con los paros a repetición o judicializar la reforma laboral. Irán primero a los tribunales, con la intención de que el reclamo colectivo paralice la aplicación de la ley, como ya sucedió con el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.
Por otro lado, el Gobierno presenta al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un instrumento para financiar las indemnizaciones por despido del sector privado, pero los opositores advierten que en realidad ervirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional. Se estima que recaudará entre US$ 3.000 y US$ 5.000 millones anuales. Nicolás Balinotti - La Nación (GDA)