Por Cecilia Devanna, La Nación/GDA
Argentina no firmará el acuerdo Mercosur- Unión Europea, en el marco de la próxima cumbre del Mercosur, prevista para este jueves 7 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil. La posición del gobierno de Alberto Fernández va a contramano de lo que busca la administración entrante, en cabeza de Javier Milei. Diana Mondino, futura ministra de Relaciones Exteriores, se había referido esta semana al acuerdo y sostuvo: “No es solo con la UE sino también con el EFTA, Singapur y ASEAN, son puertas que se abren que son monumentales. Ojalá se firme ahora, Alberto lo concrete y se lleve ese logro. Mucho mejor tener el acuerdo que no tenerlo”.

En diálogo con La Nación, el canciller saliente Santiago Cafiero explicó la decisión del país de no rubricar el acuerdo al sostener que: “El acuerdo Mercosur-UE que fue iniciado en 2019 tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro”. Tras lo que agregó que el Pacto Verde, que estableció la UE en 2019, poco después de iniciado la búsqueda del acuerdo con Mercosur, “supone ya hoy mayores costos y restricciones para las exportaciones del Mercosur de alimentos y otros productos”.

En las últimas horas los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, coincidieron en dar un último “impulso político” para que la UE y el Mercosur puedan cerrar finalmente el acuerdo. Fue en Dubai, donde ambos participan de la Conferencia de las Partes (COP28) sobre cambio climático. Sin embargo, también desde allí, habló el presidente francés, Emmanuel Macron, quien se manifestó en contra del acuerdo al considerar que: “no es bueno para nadie”.

Desde el Gobierno negaron rispideces con los demás países, y enmarcaron lo que sucede en una situación de negociación, en la que España, al igual que los países de la UE “quiere que se firme”.

“Sin broncas, es una negociación. Ellos ganan un buen mercado, el Mercosur aún no tiene claro cuál sería su ganancia”, completaron.

Tras lo que aseguraron que “Mercosur comparte que no se llegó con las metas que se habían establecido”, aunque en principio Argentina sería la única que no está dispuesta a firmar, lo que implica la no entrada en vigencia del acuerdo.

Cafiero agregó que en 2019, luego de iniciado el acuerdo, no se avanzó hacia la suscripción porque cambiaron las autoridades europeas y la nueva Comisión planteó otras demandas en materia ambiental, que recién concretó tres años y medio después, en marzo de este año.

Cafiero afirmó que “a partir de la presentación de un documento adicional por parte de la Unión Europea, hemos estado trabajando intensamente con los colegas del Mercosur, siempre con el objetivo de proponer modificaciones que permitan generar condiciones para el desarrollo de nuevas cadenas de valor, entre ellas las vinculadas a la electromovilidad, en las que podamos generar empleo y exportaciones con valor agregado”.

El funcionario, que esta semana dejará el Palacio San Martín rumbo a la Cámara de Diputados afirmó que: ”Las conversaciones seguirán y el trabajo realizado es mucho, pero no están dadas las condiciones para firmar el Acuerdo. Las demandas del Mercosur están todas sobre la mesa y defienden los intereses del agro y de la industria”.

“Como ya hemos dicho en distintas oportunidades, un acuerdo puede ser beneficioso pero no cualquier acuerdo lo es. Seguiremos trabajando para lograr las incorporaciones que son necesarias para que las brechas y asimetrías entre los dos bloques no solo no aumenten, cristalizando al Mercosur como proveedor de materias primas, sino que se reduzcan en la conformación cadenas de valor equilibradas”, dijo finalmente Cafiero.

Javier Milei planea enviar al Congreso un proyecto de “ley ómnibus”. Entre ellas, la desregulación de leyes económicas, la simplificación del sistema impositivo, modificaciones laborales y la privatización de empresas estatales. Según La Nación, el menú incluye la supresión de las PASO. La reforma básica que figura en el paquete plantea también la reorganización de la administración pública. Milei no solo quiere reducir los 18 ministerios actuales a ocho carteras (no se descarta que terminen siendo nueve), sino que dentro de cada una pretende suprimir direcciones y organismos. El capítulo laboral del proyecto de ley incluiría el “modelo Uocra”, con un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones. Esto sería solo para las industrias donde resulte aplicable. Otros planteos apuntan a disminuir la litigiosidad durante y al terminar la relación laboral y a bajar los conflictos colectivos, bajo el argumento de “mejorar la competitividad de las empresas”. Además, se planifica reducir el sistema de multas a los empleadores. El proyecto contempla una fuerte desregulación en distintos sectores, como el minero y el petrolero. La futura canciller, Diana Mondino, dijo a CNN Radio: “No sé cuántas (leyes) se van a derogar. Pero son muchas, muchas, muchas”.