Argentina baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad: los detalles de la ley que sancionó el Senado

El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como "un acto de justicia hacia la sociedad". El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.

"Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.

Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años). Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

Si bien el principal cambio es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, la iniciativa del Gobierno crea todo un nuevo régimen penal para los menores de edad en el que se contemplan una batería de medidas procesales que van más allá de la detención de los sentenciados.

Así, los jueces podrán optar por castigos que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando el o los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión.

La pena máxima posible será de 15 años aun cuando las escala penal o la suma de penas, por el concurso de varios delitos, sea superior. La privación de la libertad se aplicará solo en delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual. Prohíbe la sentencia a reclusión y prisión perpetuas.

En los casos que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.

En una incorporación de último minuto en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo sumó un artículo que establece una partida de $23.800 millones (pesos argentinos) para financiar la creación del nuevo sistema procesal penal para menores.

Foto: JUAN MABROMATA/AFP

De esa partida deberían financiarse la creación de prisiones específicamente acondicionadas para los adolescentes, ya que no podrán quedar detenidos junto con mayores de edad.

"Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema", dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.

Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.

"Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización", dijo el senador Martín Soria (peronismo), que votó en contra de la nueva ley. "Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal", añadió.

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática. Además, la sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.

Con información de AFP y La Nación (GDA)