Tribunales para delitos cometidos por adictos: la iniciativa apoyada por el gobierno y que ya funciona en más países

Uruguay hace tiempo que es el país de América Latina con mayor tasa de prisionalización cada 100.000 habitantes; a nivel mundial, se encuentra entre los primeros 15 países en este indicador. Una fuerte preocupación es el consumo problemático de drogas, tanto previo a ingresar al sistema penitenciario como dentro de él.

Según los últimos datos del Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD), hay una prevalencia de consumo “sensiblemente mayor” entre reclusos con respecto a la población general: alcohol (87,9%), marihuana (82,2%), tabaco (81,1%), cocaína (61,9%) y pasta base (52,5%).

Por esto, el sistema político -oficialismo y oposición- apuesta por aplicar herramientas de “justicia terapéutica” para combatir la reincidencia. El lunes pasado, en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Representantes, el diputado colorado Rodrigo Martínez explicó los lineamientos del proyecto de ley que impulsa.

Básicamente, la iniciativa apunta a sustituir las penas comunes, para personas que delinquen en el marco de una adicción, por un tratamiento de rehabilitación dispuesto por tribunales de Tratamiento de Drogas.

En la sesión de la comisión, a la que también asistieron jerarcas de la Junta Nacional de Drogas (JND) en una comparecencia previa, las autoridades se mostraron contestes con la propuesta.

“Es importante saludar la iniciativa del diputado Rodrigo Martínez que, sin lugar a dudas, contribuye a encontrar distintas herramientas de la condena penal tradicional que apuntan a la reinserción real de las personas. Estos contextos favorecen la reincidencia, por lo que la iniciativa presentada es de gran valor. Como parte de este sistema de justicia terapéutica, como un elemento reintegrador de las personas a la sociedad, es muy saludable”, sostuvo Martín Fernández, asesor de la Prosecretaría de Presidencia y de la JND, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

El diputado aseguró en la comisión que la propuesta “ha sido tomada desde experiencias que empíricamente han funcionado en el mundo”. En esa línea, dijo que se reunió con Sol Purita, asesora del Ministerio de Justicia de Argentina, pues desde 2018 a la fecha han aplicado un programa con resultados exitosos.

“Lo que hicieron ellos fue replicar lo que venían haciendo Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica y un montón de países de Europa que entienden que hay muchas personas que cometen delitos por el hecho de que tienen, justamente, una situación de uso problemático de drogas, porque son adictos, no porque son delincuentes”, explicó.

Un aspecto relevante que aclaró fue qué sucede en caso de que una persona no cumpla con el tratamiento, que por ejemplo puede ser “30 días de internación para desintoxicación y luego un tratamiento ambulatorio”. El legislador enfatizó que una “recaída” no necesariamente implica incumplir el tratamiento, ya que es común que exista en estos procesos. En caso de “abandono”, se vuelve al “proceso penal ordinario”.

Otro detalle no menor, según aclaró Martínez a El País, es que el ingreso al programa en sí es voluntario, ya que “nadie deja de consumir por una orden judicial”. Las personas deben reconocer tanto que tienen un problema de consumo de sustancias como que ello es el desencadenante de su accionar delictivo.

Los datos de una encuesta del OUD de 2019 también muestran que cerca del 40% de los reclusos cometieron el delito por el que estaban condenados bajo los efectos de alguna droga, mayoritariamente, pasta base. “Cuando se les consultó si hubieran realizado el delito si no hubieran estado bajo los efectos de sustancias psicoactivas, casi siete de cada diez respondieron que no”, agrega.

La experiencia internacional suele ser un elemento a considerar cuando se aplican políticas públicas y, por ello, Martínez sostuvo que en países como Argentina han registrado “resultados altamente exitosos”, bajo una operatividad “con presupuesto cero”.

El caso argentino es el más cercano para Uruguay. De acuerdo con el informe “Tribunales de Tratamiento de Drogas: análisis de su implementación en Argentina”, elaborado por el Ministerio de Justicia en 2020, el programa ha tenido “logros” y “avances” en su objetivo de “reducir el consumo problemático en la persona, evitar la recaída en el delito y lograr la integración social”.

En ese sentido, “los resultados han demostrado ser mejores que aquellos de la prisión a la hora de reducir el índice de delitos y del consumo de drogas, así como los costos socio-sanitarios correspondientes”, sostiene.

El mismo informe también indica los avances que tuvieron otros países, por ejemplo Chile, que comenzó un proyecto piloto en 2004. Para el 2017, unos 29 juzgados en casi todo el país incluían este programa, destinado a adultos y adolescentes “primarios” en diez de sus 15 regiones.

Otro país que hace más de una década implementa esta política es México, con un “mecanismo de justicia alternativa para infractores primerizos cuyo delito está relacionado con abuso o dependencia de sustancias, y funciona bajo el mecanismo de suspensión condicional de procedimientos dentro de un sistema penal acusatorio”. En Uruguay, en tanto, la iniciativa continuará su tratamiento en Diputados.