Evelina Rodríguez, de 54 años, está encadenada a las rejas de la delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay desde el miércoles. La mujer dijo a El País que trabajó en la sede diplomática allí durante 21 años, hasta que su contrato fue rescindido en 2019.

Ahora, reclama que la Unión Europea cumpla con un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que obliga al organismo a pagarle a la exfuncionaria unos US$ 400.000 por licencias, aguinaldos, despido y ajustes salariales impagos, según explicó a El País Elbio Palladino, quien fuera su abogado –actualmente su hijo continúa con el caso-.

"Pienso seguir (encadenada) hasta que este caso tenga solución", afirmó Evelina.

Palladino indicó a El País que cuando la mujer comenzó a trabajar para la Unión Europea se le impuso que tenía que crear una empresa unipersonal y facturar por los servicios prestados. Inicialmente, realizaba tareas de limpieza pero con el correr del tiempo y por ser una mujer “muy capaz” se le agregaron tareas y terminó realizando actividades de apoyo logístico, como organización de eventos, algo que continuó haciendo hasta el 2019 cuando por un cambio en la misión diplomática se le notificó que se iba a prescindir de sus servicios.

Foto: Matías Garro

Palladino explicó que la mujer facturó a la UE de manera continua durante 20 años por sus servicios y que su contrato se renovaba anualmente. Agregó que si bien no hay una norma que lo establezca, pasado un tiempo razonable de facturar por un servicio a una sola empresa queda demostrada automáticamente la dependencia laboral del trabajador.

Destacó además que la relación laboral que se pretende desconocer queda de manifiesto si se analiza que en los últimos contratos de Evelina con la UE se estableció que por determinados motivos debía realizar horas extra. “Nadie le pide a una unipersonal eso, se lo pide a un trabajador”, destacó el abogado.

Para intentar dar solución a este problema, recorrieron varios caminos, uno a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La cartera le notificó a la misión diplomática de la UE que debía regulatizar la deuda, pero no obtuvo ninguna respuesta. La sentencia fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia, la cual intimó a a la UE a indemnizar a ala trabajadora por unos US$ 400.000.

Palladino explicó que la cifra asciende a ese monto debido a que no solo debe ser indemnizada por los rubros “de estilo” como son licencia, aguinaldo y despido, sino que también existe una diferencia de salario. En ese sentido, explicó que la UE tiene una serie de convenios que se aplican a todo el personal, ya sea diplomático o nacional contratado. En el caso de Evelina, durante los años que trabajó solamente percibió ajustes de salario por IPC, sostuvo.

Foto: Archivo

Por último, el abogado explicó que también se recurrió al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se comunicaron con la UE para generar un ámbito de diálogo. El organismo internacional se dio por notificado pero “nunca dio un paso más”.

Palladino dijo a El País que “entiende” la situación de Evelina y también la medida que tomó desde el pasado miércoles, dado que “no hay a nivel judicial y administrativo más nada que hacer”.

Consultado por El País, Richard Empson, encargado de Relaciones Públicas y Comunicación de la delegación, dijo que el organismo está a la espera de una respuesta de la capital administrativa de la Unión Europea, Bruselas, para ver cómo proceder.

El funcionario precisó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia se produjo hace varios meses, momento en que se consultó a Bruselas. Cuando Evelina se encadenó a la reja, además, se elevó otra consulta.

“Estamos esperando una respuesta de la sede”, enfatizó el encargado, quien estimó que esta puede demorar algunas semanas en llegar.