Muerte de peces y falta de caudal de arroyo en Paysandú: qué respondió Dinagua tras la inspección técnica

Una organización social de Guichón denunció ante la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) la mortandad de peces y la interrupción del cauce del arroyo Ñacurutú, en Paysandú, y cuestionó la respuesta del organismo estatal por considerar que fue "tardía e insuficiente".

Según el comunicado del Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, la situación fue detectada el pasado 3 de febrero en el denominado “Paso Ñacurutú”, donde constataron “mortandad de diversidad de peces” y el arroyo prácticamente sin caudal. Además, señalaron la presencia de una bomba de extracción de agua operando de forma continua, incluso en condiciones de corte del curso.

La denuncia motivó una inspección de Dinagua, que se concretó el 25 de febrero, es decir, 22 días después de presentada. Para ese momento, de acuerdo al colectivo, "las lluvias registradas habían modificado el escenario original, aumentando nuevamente el caudal del arroyo".

En el informe técnico de la Regional Salto de Dinagua, fechado el 26 de febrero, los funcionarios indicaron que "durante la inspección no se constató falta de agua, mortandad de peces ni signos de descomposición en el curso". Asimismo, se constató que "la empresa Paso del Cerro S.A., responsable de la toma directa, cuenta con derechos vigentes para extraer hasta 50 litros por segundo durante 20 horas al día".

El relevamiento se realizó en tres puntos del arroyo, incluyendo la zona de extracción y sectores aguas abajo, donde se observó un nivel de agua considerado normal. En base a estos elementos, el informe sugiere archivar las actuaciones, al entender que "las precipitaciones restablecieron las condiciones del curso" y que "no persistían los problemas denunciados".

Foto cedida a El País.

Sin embargo, desde la organización denunciante manifestaron su preocupación por lo que consideran "una falta de respuesta oportuna del Estado". En particular, cuestionaron que el informe oficial se haya elaborado dos meses después de la denuncia inicial y que resulte “muy poco descriptivo” respecto a los hechos denunciados.

El colectivo también puso en duda el sistema de regulación del uso del agua, al señalar que "la empresa cuenta con autorización para extraer hasta 4,3 millones de litros diarios con fines agrícolas, incluso en contextos de bajo caudal". En contraposición, indicaron que "un hogar promedio en Uruguay consume unos 20.000 litros mensuales".

Además, cuestionaron la actuación del Ministerio de Ambiente al señalar que, "de unas 4.600 denuncias recibidas en los últimos dos años, solo tres derivaron en procesos sancionatorios". En ese sentido, reclamaron "mayor control estatal y una respuesta más efectiva ante este tipo de situaciones ambientales".

Foto cedida a El País.