Fiscalía reconoció la inocencia de Besozzi en delitos de corrupción: ¿por qué cambió el criterio?

En las semanas en que Guillermo Besozzi no podía salir de su casa producto del arresto domiciliario impuesto por la Justicia, él repetía: “En esta situación no va a ser fácil ganar”. Sabía que su fuerte era el ir puerta a puerta. El arresto se levantó a las cuatro semanas y para mitad de abril pudo salir a hacer campaña y resultó victorioso en las elecciones de mayo. A casi un año de esa decisión judicial que cambió la campaña electoral de Soriano, la Fiscalía lo liberó de culpa y cargo. Pidió su sobreseimiento por los 16 hechos y ocho delitos que le había imputado a él y otros jerarcas.

¿En qué términos? Por el caso pasaron tres fiscales. La primera, Stella Alciaturi, fue quien pidió su imputación. Dejó Mercedes varias semanas después dado que ya tenía previsto un traslado a Atlántida. Asumió la fiscal suplente Charline Ferreyra ante la licencia maternal de la nueva titular, Luisa Vago. Ella se reintegró y es quien determinó pedir el sobreseimiento del intendente del departamento.

Surge del escrito, que divulgó El País, que Vago hace una interpretación diferente de la que Alciaturi presentó como la prueba clave del caso: las escuchas telefónicas. También citó diferentes informes proporcionados por la intendencia que presentan información que exculpa a Besozzi.

A continuación, un análisis de los nueve hechos más relevantes.

El primer episodio imputado era el adelanto de $ 150 mil al gremio de municipales que se habría usado para cubrir cheques sin fondos. El escrito original de Alciaturi aseguraba que, ante el pedido de adelanto de un dirigente gremial, Besozzi contestó: “Ahora yo lo que no puedo es sacar esos $ 150 mil de acá porque estoy regalado mal”. “Yo estoy arriesgando ya mi carrera política”, citó. Sin embargo, al analizar el punto, Vago citó un informe del Departamento de Hacienda de la intendencia que asevera que los adelantos están autorizados y que el Tribunal de Cuentas no ha presentado objeciones. Aseguró que para hacerlo se abrió un expediente administrativo y todo está registrado en el sistema. Expresó que se siguió “el trámite ordinario” y que “no hubo apropiación de dinero”.

Alciaturi afirmó que Besozzi recibió en su casa toros trasladados por un chofer que hizo los viajes a cambio de materiales. Cuando el camionero le estaba dejando los toros, según las conversaciones, le dijo: “Ta, Guillermo, después acordate del encargue mío”. Eran “tres metros de granza” y “dos metros de arena”. En una llamada con otro jerarca imputado, el camionero dijo: “Ya hicimos un cambio con el gringo yo le lleve unos toros”. Vago indicó que se analizó información del Ministerio de Ganadería, el Municipio de Dolores y Jurídica de la intendencia. Esta última indicó que el pedido de materiales se hizo a través del proceso administrativo usual y no hubo anomalías. Sostuvo que los materiales eran de “escasa cantidad” y que finalmente el chofer nunca los recibió.

La fiscal inicial afirmó que la comuna pagó la estadía en hoteles de Laura Raffo en dos oportunidades cuando la dirigente viajó al departamento por cuestiones estrictamente partidarias. A su vez, cuando en la intendencia se enteraron que Fiscalía había incautado las facturas, ordenaron anular una de ellas y la pagó la agrupación política. La nueva fiscal relató que funcionarios de la intendencia hablaron del tema como un “error administrativo” y que tanto el director de Relaciones Públicas de la intendencia como otra militante a la que se le tomó declaración, aseveraron que Besozzi nunca les pidió reservar la habitación para Raffo ni les ordenó que pagara la intendencia.

Alciaturi citó escuchas que, a su juicio, demostraban que le asignaban obras a un dueño de maquinarias viales a cambio de colaboraciones para la campaña política. Vago, sin embargo, resaltó que eso surge de conversaciones entre terceros (no Besozzi ni otros imputados) y a su vez el empresario niega que se le haya solicitado “colaboración” para la campaña a cambio de contrataciones.

La fiscal que resolvió la imputación citó la conversación entre un vecino que se quejaba de un camino roto y Besozzi, quien pretendía alcanzarle unas listas. Cuando el intendente respondió a la queja y dijo que ya resolverían el problema, su interlocutor prometió conseguir “unos cuántos votos”. Besozzi pidió al director de Obras solucionar el problema del camino. Vago dijo que si bien el celular “no es el medio idóneo para realizar solicitudes de este tipo”, los imputados actuaron de una forma que no tenía “intención de causar perjuicio” sino que “benefician” a la ciudadanía. No hay evidencia de que “lo hicieran a cambio de beneficio”.

Alciaturi acusó que a un hombre que tenía un club político del sector de Besozzi se le pagó el doble de las horas trabajadas. Se constató el error y el intendente pretendió corregirlo. Sin embargo, uno de los jerarcas dijo: “Mi informe (sobre el tema) es muy livianito, yo hablé con Guillermo y me dijo hacelo livianito”. La fiscal actual argumentó: “El sólo hecho de que (el hombre y su pareja) tengan un club político de la fracción política del intendente (...) no encarta como retribución no debida establecida exigida por el delito penal”.

La imputación primaria indicaba que el intendente y otro jerarca pedían contribuciones dentro de la intendencia para financiar actividades de campaña. En una conversación entre ambos, el jerarca dijo, según citó Alciaturi: “Me pidió 40, yo junté 20, hoy fui con la libreta y tomé por asalto la intendencia, junté 20 lucas, ya tengo la mitad y la otra mitad la pagamos”. La nueva fiscal aseguró que esta es la única prueba en este hecho dado que no se tomaron más declaraciones y, a su vez, no surge que funcionarios hayan sido “obligados”.

En este municipio se detectó un faltante de $ 200 mil. La fiscal Alciaturi citó conversaciones de Besozzi con el secretario de la intendencia, en las que el primero preguntó: “A ver quién va a poner los 200 palos ¿o vos decís que lo descuente del sueldo a ver si aguanta? Pero si hago la denuncia termina en un peculado esto ¿no?”. Vago resaltó que Besozzi en ese momento inició una investigación administrativa y que la intendencia suele llevar a la Justicia penal el resultado de esa investigación. Eso finalmente ocurrió luego de que Besozzi fuera imputado.

Inicialmente, se citó una charla entre un jerarca y el ganador de una licitación. El primero le dijo: “Vamos a esperar 10 días porque no sos la oferta más barata”. Para la nueva fiscal, “el simple hecho de que el imputado” haya dicho eso no es suficiente para probar el provecho económico. Además, del expediente administrativo no se desprendieron “anomalías”.