El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, presentó al Congreso el proyecto de "humanización de la política criminal y penitenciaria", que hace cambios a varias normas para mejorar las condiciones de los internos en los penales y mejora los beneficios para que puedan salir de prisión.

El texto final de la iniciativa tiene 82 artículos y plantea, entre otras medidas, la eliminación de varios delitos.

Entre los delitos que serían eliminados (además de la inasistencia alimentaria, la injuria, la perturbación de ceremonia religiosa y el irrespeto a cadáver) figura el incesto, que se refiere a actos sexuales con una persona con la que se tenga un parentesco cercano.

"Cabe preguntarse si el derecho penal es la mejor manera de lograr desincentivar esa práctica y transmitir el mensaje de que ese tipo de comportamientos no gozan con la aceptación social", se lee en el proyecto.

Y añade que en sus comienzos, el derecho penal estaba íntimamente atado al concepto de tabú, de tal manera que todo lo que resultaba rechazado por la sociedad o la tribu se convertía en un crimen y debía ser penado. Con el tiempo, dice la iniciativa, se ha logrado desligar el derecho penal de la moral pública y del rechazo de la sociedad.

Igualmente cuestiona la finalidad de mantener vigente ese delito: ¿qué finalidad reporta que quien realiza un acto voluntario con un adulto en capacidad de consentir se convierta en un delincuente, tenga antecedentes penales y sufra las consecuencias que las personas que han sido condenadas, en su condición de pospenados, deben afrontar?

También señala que este tipo de situaciones entre mayores de edad y de forma consentida se mantienen ocultas, por el rechazo social, y tipificarlo como delito no tiene un efecto disuasivo.

"En contraste, hay otras políticas públicas, como la educación, que pueden de mejor manera reducir la prevalencia de este comportamiento, como exponer las dificultades que pueden darse para los hijos de las personas que son familiares cercanos. Además, esta situación materializa la intención preventiva que debe tener la política pública, la cual no solo puede limitarse a castigar", se argumenta en el proyecto.

E insiste en que, "por mucho que genere rechazo social, el incesto no tiene un sentido delictivo que motive su consideración en el Código Penal, en tanto, como se ha repetido varias veces, se trata del comportamiento de adultos en ejercicio de su voluntad".

Sin embargo, aclara que otra cosa sucede cuando ese tipo de relaciones se da con una persona menor de edad, ante lo cual se incurre en un delito que ya está tipificado.

Igualmente señala que otros países como Brasil, Portugal, España, China, Japón, Rusia, Suecia y los Países Bajos han mantenido las prohibiciones civiles para contraer matrimonio con parientes, pero han dejado la disuasión del incesto al reproche social.

El Tiempo (GDA)