El conflicto por la preservación del Arroyo El Potrero en Ocean Park (Maldonado) y su zona de humedales sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión administrativa y judicial. María José Lussich, representante de la Comisión en Defensa del Arroyo El Potrero y Humedales, confirmó a El País la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio de Ambiente tras detectar intervenciones directas en la reserva de mar.
Según los registros fotográficos adjuntados al expediente, a los que accedió El País, se constataron tareas de poda, tala, chipeado y movimientos de maquinaria para caminería, acciones que contradicen una resolución previa del ministro Edgardo Ortuño, quien explícitamente había denegado las autorizaciones para este tipo de infraestructuras en el predio.
Mientras la movilización civil busca frenar los trabajos diarios en la zona, el frente judicial parece haber llegado a una definición determinante sobre el destino de estas tierras en Maldonado.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dictó sentencia el pasado 19 de febrero de 2026, rechazando por unanimidad la demanda de nulidad interpuesta por la firma Chihuahua Club S.A, informó Correo de Punta del Este y confirmó El País.
Con la redacción del ministro Alberto Reyes, el fallo deja firme la resolución del Poder Ejecutivo de diciembre de 2023, la cual rescindió el contrato de concesión que otorgaba a la empresa el uso exclusivo y gratuito de áreas estratégicas del Río de la Plata y el Arroyo El Potrero por un plazo de 50 años.
El fallo del TCA contra Chihuahua Club S.A.
La sentencia del tribunal, respaldada por los ministros Cal, Corujo, Klett, Rossi y Reyes, ratifica la decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de dar por terminado el vínculo suscrito originalmente en marzo de 2013. El proyecto original contemplaba la construcción de una marina para embarcaciones deportivas, viviendas privadas y servicios conexos en los padrones 3452, 946 y 947. Sin embargo, el dictamen es tajante al señalar que la empresa incumplió sistemáticamente sus obligaciones. A pesar de haber obtenido prórrogas en 2014, 2016 y 2020, la firma nunca inició las obras que debían estar terminadas en un plazo de 48 meses.
Uno de los puntos críticos que fundamentan la rescisión es la ausencia de la ingeniería de detalle y, fundamentalmente, la falta de presentación de la garantía de fiel cumplimiento. Según la cláusula décima del contrato, la empresa debía depositar la suma de 3 millones de dólares, requisito que nunca se hizo efectivo.
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