Cuánto recibe la IMM por prestar sus paradores, como el del Parque Rodó a Burger King

La intendencia recibe alrededor de $ 30 millones anuales por licitaciones de locales de comida que le pertenecen.

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Rambla montevideana. Ya está avanzada la obra donde se instalará un local de la cadena de comida Burger King, en Parque Rodó.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Cuando el aceite ya fríe las papas, la gente ya elige su combo y las luces del Burger King ya iluminan la rambla, la saga sobre la entrega del exParador Nelson a la cadena de comida rápida parece cerca de terminar.

Entre las críticas de los ediles opositores por cómo la anterior gestión de la Intendencia de Montevideo entregó el parador por 20 años sin una nueva licitación pública, había una que apuntaba al canon que paga la empresa.

El contrato de la licitación original es de 2004. La anterior empresa que lo tuvo, Kerifos S.A. se lo pasó a Adiser S.A. (Burger King) poco antes de que se le terminara. Esta luego lo renovó por dos décadas, pero el canon vigente es el mismo de 2004: la empresa debe pagar mensualmente 150 Unidades Reajustables (UR). Hoy en día, eso se traduce en $275.862 -con el valor de la UR del pasado diciembre-.

Para comparar: McDonald’s, que explota un local prácticamente al lado de donde está Burger King, le paga más del doble a la intendencia todos los meses: $595.503.

En este último caso, como en casi todas las concesiones, el monto se calcula en Unidades Indexadas (UI). McDonald’s paga 92.708,33 UI mensualmente -que si se toma el valor de esta moneda para el 31 diciembre se llega a la cifra señalada anteriormente-.

McDonald’s -en realidad Arcos Dorados S.A.- es el concesionario que más paga a la intendencia por el uso de este tipo de locales (como paradores o restaurantes), según surge de un pedido de informe que hicieron ediles blancos y al que accedió El País. Aquí no aparecen otras concesiones, como la del Hotel Casino Carrasco que le da decenas de millones anualmente a la intendencia.

El monto del canon que decide la intendencia se define a partir de factores como la inversión de los privados en el local, el plazo de la concesión, el valor catastral del inmueble y la zona, explica la respuesta de la intendencia al pedido de la Lista 22.

La actividad de McDonald’s comenzó allí en noviembre de 2016 y el plazo de la concesión es por diez años. Además del canon fijo mensual, en algunos casos debe abonar un extra. Si el 2% de los ingresos mensuales supera el canon fijo, tiene que pagar la diferencia (pasó en diciembre de 2023 y en diciembre de 2024).

El segundo canon más alto corresponde al exChe Montevideo en la rambla de Punta Carretas. Sus nuevos concesionarios lo renovaron y esperan reabrirlo en breve. Una vez iniciada la explotación comercial, FREMISO S.A. deberá pagar 72.090 UI ($ 463.062) mensuales y un canon variable también del 2% como en el caso de McDonald’s. Tiene el espacio por cuatro años, prorrogables a cuatro más.

Ex parador Che Montevideo sobre la rambla de Punta Carretas.
Leonardo Mainé

Cerca de este parador, está el restaurante El Ártico, que está siendo explotado por OSAN S.A. desde diciembre de 2019. El plazo era de cuatro años y ya fue extendido cuatro años más hasta enero de 2027. Los privados pagan 61.500 UI todos los meses, unos $395.039. Es el tercer canon más alto. El siguiente es el que abonan los concesionarios del parador donde está ahora Burger King.

El que lo sigue, el quinto más alto, es el del restaurante y salón de eventos Almar en Punta Gorda. Con la misma modalidad de cuatro años y luego cuatro años más, está siendo explotado por SODEBOL S.A. desde febrero de 2021 y seguirá hasta febrero de 2029. Los privados pagan todos los meses 40.416 UI, es decir, $259.608. Tienen además el canon variable de 2%, pero nunca tuvieron que pagar esa diferencia.

Hay muchos otros negocios que pagan canones a la comuna por usar sus espacios, como Rodelú en el Parque Rodó, el edificio del Mercado de la Abundancia en el Centro -que todavía no reabrió-, el Mercado Arocena en Carrasco, varios paradores en la rambla, etcétera. En base a la respuesta del pedido de informes, El País estimó que en un año ingresa a la intendencia más de $30 millones por estas licitaciones.

Actualmente, los ediles de la oposición están a la espera de que el Tribunal de Cuentas haga un informe sobre el caso. Se lo solicitaron después de que el oficialismo no diera los votos en la Junta Departamental para crear una comisión investigadora.

El Tribunal de Cuentas observó meses atrás la cesión de Kerifos a Adiser bajo el entendido de que se debería haber hecho una nueva licitación pública, informó El Observador.

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