Oposición denuncia irregularidades de la IMM en concesión de parador en Parque Rodó: pide que TCR se pronuncie

La moción fue aprobada con el respaldo de los ediles de la oposición, alcanzando 14 votos, superando el quórum mínimo requerido. Se rechazó crear una comisión investigadora.

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Ex parador Nelson, en el Parque Rodó.
Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Redacción El País
La Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó en la sesión de este jueves una moción para solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) con el objetivo de que ese organismo emita un informe sobre la ampliación del plazo de concesión otorgada a la empresa Adiser S.A. y la posterior ampliación de la Licitación Pública N° 64/03 para el uso y explotación del ex Parador Nelson, ubicado en el Parque Rodó.

La moción, presentada por el nacionalista Rafael Seijas, fue aprobada con el respaldo de los ediles de la oposición, alcanzando 14 votos, superando el quórum mínimo requerido por el artículo 273.4 de la Constitución y el artículo 34.b del reglamento interno de la Junta, que establecen que la intervención del Tribunal de Cuentas puede solicitarse con al menos un tercio de los votos del cuerpo legislativo municipal.

El pedido de información al Tribunal de Cuentas se enmarca en la controversia generada por el proceso que llevó a extender por años el plazo de concesión del ex Parador Nelson, primero a través de la ampliación del contrato con Kerifos S.A. y luego mediante su cesión a Adiser S.A., empresa que administra la marca de comida rápida Burger King en Uruguay.

Distintos ediles de la oposición han señalado públicamente la necesidad de aclarar si el procedimiento administrativo cumplió con las normativas vigentes, incluyendo la obligación de realizar una licitación pública y la aprobación de la Junta Departamental para concesiones que exceden el período de una administración municipal.

Tal como informara El País, el TCR ya había formulado observaciones a la decisión de la Intendencia de Montevideo de aprobar la extensión y cesión de la concesión sin un llamado público, planteando dudas sobre la legalidad del procedimiento seguido.

Los ediles opositores sostienen que la intervención del Tribunal de Cuentas puede aportar "claridad técnica y legal" sobre las decisiones administrativas tomadas, y podría sentar las bases para futuras acciones.

PYG Bar en el Parque Rodó
Ex parador Nelson en el Parque Rodó.
Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Rechazo a investigadora

La semana pasada la Junta rechazó la creación de una comisión investigadora al respecto, propuesta que también realizó el edil Seijas. Seijas ingresó esta denuncia el pasado 25 de noviembre, constituyéndose un día después en un expediente que derivó en la creación de una comisión preinvestigadora integrada por los ediles Diego Revetria (Frente Amplio) y Gonzalo Gómez (Coalición Republicana), quienes presentaron dos informes para ser tratados al inicio de la sesión del pasado jueves 4 de diciembre.

En el informe de la Coalición Republicana se expresa que “luego de analizar la denuncia y la documentación presentada, este informe concluye que la denuncia presentada posee una entidad indiscutible, al referirse a la posible extinción de una concesión por mora, a la extensión oficiosa del plazo, a la cesión a un tercero en incumplimiento, a la ampliación por 20 años sin licitación ni control legislativo y a la eventual existencia de nulidades y perjuicios económicos relevantes”.

A su vez, establece que la denuncia de Seijas tiene "un origen absolutamente serio y fundado, al basarse en expedientes administrativos, pliegos, contratos, informes técnicos, versiones taquigráficas, doctrina y una observación del Tribual de Cuentas de la República”.

Por su parte, en el informe del Frente Amplio se arriba a la conclusión de que “no se valora la existencia de actos ilícitos o presuntamente delictivos, careciendo la denuncia de la entidad suficiente”. Asimismo, expresa que “los actos administrativos cuestionados fueron acorde a derecho, estando dotados de la debida motivación, respondiendo la denuncia a disparidades de criterios jurídico-económicos, que no ameritan la designación de una Comisión Investigadora. Por último, se concluyó que tanto la IMM como la JDM, "han brindado los suficientes ámbitos políticos de discusión del tema, volviendo inoportuno e improcedente analizar nuevamente la temática”.

Junta Departamental de Montevideo
Junta Departamental de Montevideo
Foto: Archivo El País

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