Blancos piden una investigadora tras concesión por parte de la IMM de parador en el Parque Rodó sin licitación

A impulso del edil nacionalista Rafael Seijas, la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Montevideo presentó este martes una denuncia para que el órgano deliberativo conforme una comisión investigadora enfocada en indagar la cesión por 20 años del exparador Nelson a Adiser S.A, una decisión adoptada durante la gestión de la exintendenta Carolina Cosse.

En el texto de la propuesta, al que accedió El País y que está dirigido al presidente de la Junta, el frenteamplista Gonzalo Sánchez, el edil Seijas fundamentó la solicitud "a los efectos de esclarecer los actos, hechos y eventuales conductas irregulares o ilícitas que existieron en este proceso y sus posibles responsables", y sugirió que se tome declaración a dos exjerarcas de la intendencia capitalina —Carlos Varela y Gustavo Cabrera, quienes dirigieron los departamentos de Promoción Económica y Desarrollo Económico, respectivamente—, y a Camilo Benítez —actual titular de Desarrollo Económico— y al director de la División de Asesoría Jurídica, Álvaro Richino.

En un comunicado divulgado en junio de este año, la IMM justificó la continuidad contractual apelando al cierre total del local entre marzo y octubre de 2020 por la pandemia del coronavirus, lo que habría alterado las condiciones económicas del contrato original. Sobre esa base es que se defendió la validez del plazo de concesión, autorizó la cesión a Adiser S.A. —que es en verdad Burger King— en octubre de 2024 y luego aprobó la extensión por el plazo máximo permitido en diciembre del mismo año.

La decisión fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República en febrero de 2025, y nunca pasó por la Junta Departamental, como debe suceder con todas las concesiones que superen un período de gobierno.

"Según la información que se desprende del expediente administrativo —sostiene Seijas en su escrito— estaríamos ante una decisión arbitraria, infundada, que perjudicó económicamente a la intendencia y limitó la posibilidad de mejorar la zona en que se encuentra".

"No surge del expediente administrativo un solo fundamento que explique por qué se concede esta ampliación por 20 años, cuál es el beneficio que obtiene la intendencia, por qué es mejor ampliar la licitación que hacer un nuevo llamado", dice también la denuncia en otro tramo.

"Como consecuencia de esta decisión se generó un perjuicio a los montevideanos, en la medida de que no se generó una licitación en que los oferentes pudieran pugnar por: i) aumentar el precio del canon y ii) presentar los mejores proyectos para el local y la zona, y iii) competir para aumentar la inversión a realizar en el local", se asegura.