Fue uno de los caballitos de batalla del Frente Amplio en la campaña electoral: una especie de camino alternativo entre la reforma de la seguridad social aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (que tanto cuestionó la izquierda) y el plebiscito impulsado por el Pit-Cnt para fijar la edad mínima de jubilación y eliminar las AFAP (que tanto dividió a la izquierda).
En su ruta hacia la Presidencia, Yamandú Orsi prometió un “diálogo social” en el que no solo se volverían a discutir los parámetros de las jubilaciones y pensiones, sino un abanico más amplio de políticas de “protección social”, desde los cuidados hasta la primera infancia.
Luego de un primer año de gobierno en el que se instituyó el diálogo social y se desarrollaron los insumos, el 2026 es el año de la materialización de los acuerdos, de fijar, en negro sobre blanco, cuáles son las distintas propuestas, sus costos y beneficios, los grados de consenso, y las posibilidades de concreción de cada una.
El gran mojón se dará en el segundo trimestre de 2026 (la fecha estipulada es el 30 de abril, con posibilidad de prórroga de 45 días), cuando la Comisión Ejecutiva —integrada por el gobierno, organismos públicos, representantes de organizaciones sociales y partidos políticos— presente al Poder Ejecutivo su documento final.
Para ello, los integrantes de la comisión ya comenzaron a analizar los distintos insumos. Se definió un calendario que irá por áreas, iniciando por algunas en las que asoman mayores consensos, como las transferencias monetarias y el rediseño de las políticas de cuidados, y que deja para el final el asunto más espinoso: el de las jubilaciones.
Sumados, todos ellos conforman una especie de ecléctica lista de deseos: desde las inclinaciones de las autoridades del gobierno, pasando por algunos consensos técnicos que deberán sortear el filtro de las restricciones presupuestales y la negociación política, hasta las variopintas reivindicaciones de las organizaciones sociales y los ciudadanos de a pie, cada cual con su receta o reclamo.
El repaso de esos diferentes aportes da un panorama de cuáles son las propuestas y discusiones esperables en cada área, en un debate que recién comienza.
Jubilaciones
El capítulo de las jubilaciones y pensiones es, por lejos, el que acapara la mayor atención del debate político entre todos los temas que están en carpeta del diálogo social.
Mientras que desde el gobierno insisten en que no es necesariamente el asunto “central” en su agenda de reformas, desde el movimiento sindical han surgido críticas por lo que perciben como “falta de profundidad” o de “ambición” en las discusiones planteadas hasta el momento.
Puede decirse que es el capítulo en el que confluyen las propuestas más disímiles, y en el que es de esperar menores niveles de consenso.
En el arco de la izquierda existe una mirada crítica de la reforma de la anterior administración —que elevó de 60 a 65 años la edad mínima para la jubilación y amplió el alcance del pilar de ahorro individual— bajo el entendido de que solo incluyó “ajustes al gasto” y no a los “ingresos” del sistema, y que el aumento de la edad no contempló correctamente las diferencias que pueden existir entre distintas ocupaciones y trayectorias laborales.
Pero las visiones sobre el margen de maniobra para hacer algo distinto son encontradas: desde los más conservadores, que consideran la posibilidad de flexibilizaciones en los márgenes, pasando por los que entienden que hay cambios que serían justos aunque hoy existen otras prioridades; hasta los más radicales, que impulsan un retorno a los 60 años como edad para jubilarse y un aumento de la carga tributaria para compensar el gasto incremental.
De las instancias de seminarios y audiencias de la etapa inicial no han asomado consensos claros, y por eso no es de extrañar que se haya tomado la decisión de dejar el asunto para el final del cronograma de discusión.
Algunas de las propuestas que se presentaron son de un fuerte componente técnico, como un planteo de Cinve para integrar el pilar no contributivo y el contributivo.
Uno de los puntos planteados en ese sentido es atender la situación de personas que no llegan al requisito de 70 años de edad y 15 años de trabajo para acceder a una prestación contributiva, pero tampoco acceden a una pensión por vejez. Cinve propone, por ejemplo, que se elimine el requisito de 15 años de trabajo y que a partir de los 70 años se establezca una pensión mínima garantizada.
En uno de los seminarios destinados a esta temática, la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, dijo que uno de los “desafíos” a atender es el grupo de personas que caen en un “vacío de cobertura”.
Otros “desafíos” mencionados por la jerarca fueron las dificultades de “acceso” a la jubilación para poblaciones con distintas trayectorias laborales, así como los mecanismos de ajuste (si por IPC o por IMS) del suplemento solidario establecido en la última reforma. “Si se atiende la suficiencia en las personas que ganan menos y se ajusta por IMS, hay un tema de sustentabilidad financiera. Si se atiende la sustentabilidad y se ajusta por IPC, es a costa de deteriorar el suplemento solidario”, afirmó.
Por el lado de los ingresos y el financiamiento del sistema, algunas propuestas han ido por el camino de aumentar o rediseñar los aportes patronales. Los representantes del Pit-Cnt, por ejemplo, plantearon pasar a un aporte empresarial que se base en la “ganancia” —es decir, un impuesto sobre la renta— y no en la cantidad de trabajadores. En uno de los seminarios, el contador Gustavo Viñales de Cinve presentó una propuesta para crear un “Régimen de Aporte Patronal Mínimo” con base imponible en las ventas brutas de las empresas. Ese planteo apunta a aumentar los aportes de distintos sectores con regímenes de excepción. También se propuso un rediseño al Régimen Unificado de Aportación Rural.
Desde las cámaras empresariales, por su parte, advierten sobre el impacto que podría tener una modificación de ese tipo en el empleo y en la actividad económica, manifestando que los contratantes miran “el costo total” que insume cada trabajador.
En el plano del ahorro individual, pese a la intención del movimiento sindical de insistir en la eliminación de las AFAP, parte de la discusión se centró en mejoras del modelo de competencia entre las administradoras y posibles mecanismos para aumentar las rentas.
En ese sentido, algunas propuestas técnicas volcadas en los seminarios del Diálogo Social coinciden con un reclamo de las propias administradoras, como la ampliación del margen para inversiones en el exterior.
Por otra parte, uno de los estudios presentados sobre el desempeño de las AFAP destacó que una porción importante del gasto de las administradoras proviene de sus actividades comerciales y de venta, y planteó la pregunta de si esa actividad comercial está siendo eficiente y si agrega valor.
Entre las propuestas técnicas volcadas en la discusión se incluyó desde un sistema con monopolio estatal (a través de República AFAP), una “profundización” de la regulación vigente que apunte a reducir aún más las comisiones, hasta un modelo de “desintegración vertical” que separe la administración de las cuentas y la gestión de las inversiones.
Pida su deseo: desde funcionarios de salud y Sunca a trabajadoras sexuales y AFAP
La Comisión Ejecutiva recibió decenas de aportes de organizaciones e instituciones con planteos y reclamos diversos.
La Federación de Funcionarios de Salud Pública pidió que se establezca un “régimen de jubilación bonificada a los 55 años para el personal de salud ASSE”, como “reconocimiento especial” al “desgaste” que sufren los trabajadores del sector. En un sentido similar, el Sunca pidió que se modifique el régimen jubilatorio permitiendo acceder a la jubilación normal con 55 años de edad y 25 de servicio, con la condición de que al menos 10 de los últimos 15 años de vida laboral se hayan realizado en la industria de la construcción.
Desde la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) se insistió en un aumento de las pasividades más sumergidas y el retorno a los 60 años de edad como mínimo para la jubilación, con incentivos para el retraso del retiro.
Los “cincuentones” también continúan con reclamos a casi diez años de la ley que les permitió optar por la desafiliación del régimen mixto bajo ciertas condiciones. El principal es la eliminación de la quita del 10% en el cálculo de su jubilación al cambiarse de régimen, y su reliquidación sin retroactividad.
La Casa de Escritores del Uruguay reclamó computar tiempo de servicio en función de libros publicados, prólogos, talleres literarios y lecturas públicas.
El Grupo Visión Nocturna, que reúne a trabajadoras sexuales, pidió un “Programa de Cuidados Seguros Nocturnos” con guarderías y espacios de resguardo infantil, un reconocimiento formal del trabajo sexual como categoría laboral, inclusión de las trabajadoras en el Fonasa, así como un régimen de aportación flexible.
Desde el Banco de Seguros del Estado, por su parte, se plantea habilitar a aquellos que hayan acumulado ahorros limitados a retirarlos de la AFAP. Por ejemplo, se mencionan los casos de quienes aportaron una sola vez por una partida excepcional al sueldo, como el aguinaldo.
La gremial de las AFAP presentó distintas propuestas para alcanzar mejores resultados; entre ellas planteó la ampliación del menú de inversiones habilitadas, con aumentos de hasta 20% en las prestaciones.
En otros aportes se repitieron pedidos de mayor gasto social y coberturas para los más vulnerables.
Transferencias monetarias
Uno de los capítulos en los que parece haber mayor grado de consenso respecto al camino a recorrer es el de las transferencias monetarias como un instrumento para abatir la pobreza infantil.
Se trata de una de las áreas en las que el gobierno apostó a contratar al Instituto de Economía (Iecon) de la Universidad de la República (Udelar), que realizó una serie de estudios e informes con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que plasmaron algunas propuestas y simulaciones para pensar el rediseño de las políticas.
Aquí las innovaciones que se plantean pasan por dos caminos simultáneos: por un lado, una simplificación y unificación de la amplia gama de prestaciones que se otorgan; por otro, un aumento significativo de los montos destinados.
La principal discusión, en todo caso, parece ser hasta qué punto puede llegar ese aumento.
Actualmente, si se cuentan adultos y menores, casi 900.000 personas viven en hogares en los que se recibe algún tipo de transferencia monetaria.
Existe un amplio consenso técnico respecto a la importancia de esas transferencias para combatir la pobreza (no como método excluyente ni principal, pero sí necesario), al tiempo que se identifican algunos problemas de diseño y de suficiencia en las prestaciones.
Si se toman en cuenta las transferencias no contributivas, la que abarca un universo más amplio es la Asignación Familiar del Plan de Equidad (AFAM-PE), destinada a hogares vulnerables con menores de 18 años, embarazadas, o personas con discapacidad, con un monto base de $ 2.592 que luego varía según el número de integrantes del hogar. Según datos del Mides, esa prestación alcanza a más de 400.000 menores en aproximadamente 230.000 hogares. Como contrapartida, exige asistencia al sistema educativo y controles médicos.
Luego está la Tarjeta Uruguay Social (TUS), pensada como transferencia monetaria para gastos en alimentación e higiene en los hogares más pobres, sin ningún tipo de contrapartida. Hoy en día son aproximadamente 89.000 beneficiarios, con un monto base de $ 1.840 al mes. De ellos, algo más de un tercio (31.500) reciben el Bono crianza. La amplia mayoría de esos hogares que recibe TUS también recibe Asignación Familiar.
La propuesta del Mides, por ejemplo, es que exista una sola prestación focalizada a los menores de 18 años, otra para personas vulnerables de entre 18 y 65 años, y otra para la vejez, cada una cumpliendo su objetivo específico.
Uno de los estudios del Iecon, presentado por el economista Mauricio Da Rosa en el marco de los seminarios del Diálogo Social, planteó una simulación de un nuevo sistema de transferencias simplificado y cuantificó la reducción de la pobreza que se generaría según el aumento en los montos de las prestaciones.
Los cuatro criterios básicos fueron los siguientes: eliminación de las transferencias existentes y pasaje a un único sistema con montos escalonados; montos calculados en base a la Canasta Básica Alimentaria (CBA, de unos $ 6.357); eliminación de condicionalidades; y eliminación de las “escalas de equivalencia”.
Por el lado de los distintos escalones, se propuso un primer piso con una transferencia general destinada a los dos quintiles de menores ingresos (es decir, 40% de los hogares), por un monto de 1 CBA; luego se simularon refuerzos de media CBA para hogares del decil más pobre, o para hogares vulnerables con menores de cero a tres años.
Según el estudio, ello implicaría una erogación equivalente al 1,55% del PIB, un aumento de un punto respecto al escenario actual de transferencias.
En términos de impacto en la pobreza, la simulación plantea que la pobreza pasaría de 17% a 10%, mientras que la pobreza en menores pasaría de 29% a 12%. Durante la exposición del estudio, Da Rosa señaló que “solo con el cambio de diseño”, pero “manteniendo montos similares a las actuales”, la pobreza quedaría en niveles “similares al actual”. “Cuando uno se mueve hacia transferencias más altas, la caída es muy importante. Cada $ 1.000 de aumento en el monto de referencia tenemos una caída de 4,6 puntos en la pobreza para menores de 6 años”, explicó el economista. Eso también tiene su correlato en el costo: aumentar $ 1.000 el monto de referencia implica un aumento del entorno de 0,3 puntos del PBI.
Las simulaciones incluyen otras combinaciones no restringidas a los hogares más pobres. En un escenario de máxima, por ejemplo, se plantea incluso sustituir las deducciones de IRPF por hijo, implementando una “transferencia mínima” de poco más de $ 1.000 pesos.
Con cuidado
Otra área en la que el gobierno apuesta sus fichas es el rediseño de las políticas de cuidados, ya sea para la primera infancia como para la vejez o personas con discapacidad.
Al igual que con las transferencias, los aportes técnicos presentados en el marco del Diálogo Social —al menos en el plano de los deseos— apuntan a una necesidad de aumento del gasto en el entorno de un punto del PBI.
En cuanto a los cuidados de larga duración, que atienden a las personas de edad avanzada, diversas presentaciones técnicas plantearon que Uruguay presenta una baja cobertura de esos servicios, y que se requiere pensar en formas de financiamiento.
Una de las propuestas es ir a un sistema universal para personas mayores con necesidades de cuidado, llegando a una cobertura de al menos 85% entre quienes requieren algún tipo de atención (hoy se estima un 13%).
En este eje, el Instituto de Economía propuso un Fondo de Cuidados que se nutriría de tres pilares: rentas generales, contribuciones de trabajadores, empleadores y jubilados, y por último copagos de personas usuarias.
Una posibilidad que se planteó fue que en una etapa inicial las contribuciones sean solamente de los jubilados. O, por el lado de los gastos, que la cobertura abarque inicialmente los cuidados de dependencia severa.
En la otra punta de la pirámide poblacional, el de la primera infancia, la batería de propuestas incluye desde la ampliación de la cobertura de centros de atención hasta un mayor uso de las licencias paternales (cuya incidencia actual es marginal). Para los centros de atención de primera infancia también se planteó la posibilidad de instaurar un sistema con copagos en función del nivel socioeconómico de las familias.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
de modo que se deslice hacia la izquierda.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
. Se pondrá en gris, lo que indica que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
.