Al filo del comienzo de la feria judicial -que empieza el próximo 25 de diciembre-, se reunieron los protagonistas del caso Penadés para determinar detalles de cómo continuará el caso el año que viene. A partir de que la Fiscalía cerró la indagatoria y acusó al exsenador Gustavo Penadés y al profesor Sebastián Mauvezín, se abrió una etapa intermedia previa al juicio que promete ser larga. Dos de los representantes de la Fiscalía que estuvieron en la audiencia que presenció El País aventuraron que el juicio podría comenzar recién a fines de 2026 o incluso comienzos de 2027.
Previo al comienzo de la audiencia que encabezó la jueza Marcela Vargas, los participantes -Fiscalía y defensas de víctimas e imputados- conversaron informalmente sobre las metodologías de trabajo que podrían llevar adelante para ordenar el trabajo. Entre ellas, como ocurrió en Operación Océano, estipular días fijos para las audiencias.
Pero incluso antes de la apertura de esa etapa intermedia -en la que se debate una a una las pruebas propuestas para el juicio-, ocurrirá otra cosa. Cuatro víctimas del caso volverán a declarar ante Vargas para ampliar o rectificar puntos de su declaración anterior y también lo hará un testigo. Este último es un portero que trabajó en el edificio en que vivía Penadés en los años 90.
Hay dos víctimas -la identificada con la letra “N” y Javier Viana- que afirman haber ido al apartamento de Penadés en ese edificio. Ambos dieron un relato similar de los hechos. Dijeron que el exlegislador los llevó allí en su auto, entraron en el vehículo directo al garage y luego tomaron un ascensor interno que los dejó en el piso donde vivía él. “Lo que dice el portero da contexto a lo que dicen las víctimas”, explicó la fiscal Isabel Ithurralde.
Aunque lo regular es que los testigos declaren en el juicio frente a un nuevo juez, hay circunstancias excepcionales que permiten que den su testimonio antes. Así fue solicitado por la Fiscalía en el caso del portero. Sin embargo, esto no se resolvió sin polémica.
Oposiciones
El punto central de la audiencia de este lunes tuvo como objetivo discutir si se daban las condiciones necesarias para que el portero declarara antes del juicio. El planteo de la fiscal Ithurralde fue que el Código del Proceso Penal prevé que, si existe riesgo de que la prueba se frustre previo al juicio (de cuatro formas diferentes), se tome la declaración antes.
En este caso, argumentó Ithurralde, la historia clínica del testigo sostiene que sufre problemas cognitivos relacionados a la memoria. De hecho, dijo la fiscal, hubo cuestiones que le costó recordar cuando se entrevistó con ella en sede de Fiscalía. Por miedo de que esa situación se agrave es que pidió que diera su testimonio lo antes posible.
Por otra parte, mencionó que la ley de género -en su artículo 76- sostiene que en este tipo de casos el juez puede adelantar la declaración “sin necesidad de otra fundamentación”. A juicio de Ithurralde, el artículo abarcaba a víctimas y testigos.
La abogada de Gustavo Penadés, Laura Robatto, pidió que el portero declare en juicio como es la regla. Insistió en que de la historia clínica no surge que tenga un diagnóstico certero sino que se trata de presunciones y advirtió que Ithurralde leyó consultas del año de 2024 y aseguró que en 2025 se registraron mejorías a su condición general que abarca mucho más que lo relacionado a la memoria (la historia relata otros problemas físicos y psicológicos). Por otra parte cuestionó que no hayan acreditado los supuestos problemas cognitivos con una pericia forense.
A su vez, criticó que la solicitud de pruebas anticipadas siga dilatando el proceso y tildó la declaración del portero de “sobreabundante”, puesto que entiende que hay otras evidencias que apuntan a probar lo mismo. “No hay nadie más vulnerable que un preso”, alegó, refiriéndose a Penadés.
Polémicas en la audiencia
Hubo tres momentos que generaron discusión. Uno de ellos fue cuando el fiscal Federico Fascioli se refirió a que el proceso se alargó por la “investigación ilegal” que realizó Penadés. Los otros dos estuvieron vinculados a la posibilidad de hablar. Fiscalía pidió que la abogada de Mauvezín, Rossana Gavazzo, no se expresara sobre el punto, puesto que no afectaba a su cliente (a lo que la jueza se negó) y Gavazzo pidió que solo dos representantes de la Fiscalía pudieran hablar en audiencias posteriores (como sucede con los abogados), pero la jueza también lo rechazó porque no está regulado.
Por último, cuestionó que “todo se mire bajo el prisma” de la ley de género y entendió que adoptar la posición de Ithurralde respecto al punto significaría “prejudicializar” (puesto que el punto ya estaría resuelto antes de ser debatido).
Por su parte, Rossana Gavazzo, abogada de Mauvezín, dijo: “Este juicio va a ser un juicio totalmente a ciegas para los imputados, máxime que el pedido también se realiza como en todos los pedidos de prueba anticipada”, es decir: “Que el señor declare en sala adyacente sin la presencia de los imputados”.
La abogada de la mayoría de las víctimas, Soledad Suárez (Consultorio Jurídico de la Udelar), alegó que no es necesario ingresar a analizar la condición de salud del testigo puesto que la ley de género permite su declaración anticipada “sin necesidad de otra fundamentación” por fuera de su solicitud. Citó palabras del juez uruguayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, quien sostuvo que utilizar herramientas que pretenden detectar la discriminación es, en cierta medida, un “correctivo” de ellas.
A su vez, leyó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de 4 Turno -el que entiende en el caso Penadés- que adoptaba ese criterio en una situación análoga. “No aplicar este criterio es discriminar”, dijo Suárez.
La jueza Vargas acogió la posición de la Fiscalía entendiendo que las condiciones de salud del hombre hacían necesario que declare cuanto antes. Sin embargo, consideró que la sentencia referida por la defensora de las víctimas fue “lapidaria”, aunque no basaría su argumentación en ese supuesto.
Fechas
La próxima etapa del caso tendrá lugar la primera semana luego de la feria judicial, es decir, al comienzo del mes de febrero. Allí está previsto que se discutan las preguntas que se le realizarán a las víctimas que volverán a declarar. Las defensas de los imputados se habían negado de que lo hicieran previo al juicio pero el Tribunal de Apelaciones lo aceptó. Robatto pidió que se discutieran las preguntas y se les tomara declaración el mismo día. Sin embargo, la jueza lo negó por cuestiones logísticas y para no dejar a las víctimas horas esperando. “Todo el tema de las teorías conspirativas...”, dijo, refiriéndose a que entendía que la defensa de Penadés estaba dejando entrever que las víctimas podrían ser “preparadas”. Robatto se limitó a decir que la posibilidad de que declaren el mismo día era lo que daba más “garantías.