Redacción El País
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) informó este miércoles que no tuvo conocimiento de la violencia que era ejercida contra la niña de 11 años que fue explotada, torturada y esclavizada en Treinta y Tres, hasta que falleció en enero de este año. Este martes se conoció la condena hacia sus tíos, responsables de los maltratos que recibía ella y otros cuatro menores de edad.

El presidente del instituto, Pablo Abdala, dijo este miércoles que el INAU intervino una vez el caso fue judicializado a raíz del fallecimiento de la menor. En ese momento, fueron convocados por la Justicia y tomaron la custodia de los otros menores que la pareja tenía a cargo.

“Es un cuadro muy complejo. Estamos lamentando este desenlace y haciéndonos cargo desde enero de la situación de estos cuatro menores, que están bien”, relató Abdala en declaraciones a Sarandí. “Es muy desolador”, describió y aseguró que el INAU no había recibido previamente denuncias de violencia en ese núcleo familiar.

“Esto confirma lo que nosotros anunciamos el 25 de abril, cuando presentamos cifras e insistimos en que estos fenómenos de violencia acontecen principalmente en el ámbito privado del hogar. Por eso hablamos de los problemas de detección de estos problemas”, comentó. “Me parece que es un ejemplo crudo y extremo de todo lo que reiteradamente afirmamos”, especificó y comentó que en casos como este, donde la violencia es prolongada en el tiempo, los niños “la terminan naturalizando y la tienden a tomar como algo cotidiano en sus vidas”.

La niña vivió un calvario hasta el día de su fallecimiento. Su vida estuvo marcada por la violencia de quienes estaban a su cargo, comenzando por su progenitora, quien por ejercer violencia doméstica en su contra perdió su custodia. Así fue que la menor pasó a manos de sus tíos, quienes recrudecieron los maltratos.

El INAU determinará si ese pase de tenencia fue “de hecho” o si hubo una “resolución judicial”. En ese sentido, apuntó que no recibieron denuncias de violencia contra esta o los otros niños que estaban a cargo de los condenados. “Si nada de eso acontece (no se presentan denuncias) pasa lo que pasó en Santa Clara de Olimar. La consecuencia de nadie dijo, nadie vio, nadie escuchó”, sentenció.