Caja de Profesionales: gobierno rechaza aumentar los timbres porque supondría un mayor "aporte de la sociedad"

El trabajo de la comisión de expertos creada por ley para reestructurar la Caja de Profesionales Universitarios finalizó y los delegados del Poder Ejecutivo (Trabajo, Economía y Planeamiento y Presupuesto) dejaron firme constancia de su oposición a la suba del precio de los timbres y a la incorporación obligatoria de todos los profesionales en relación de dependencia. Se trata de dos propuestas que, para el Directorio de la Caja, resultan fundamentales para aumentar los ingresos y lograr la viabilidad económica de la institución.

El 30% de los ingresos totales de la Caja corresponde a los recursos indirectos previstos por el artículo 71 de la ley 17.738. Se trata de paratributos que, en su mayoría, se encuentran asociados directa o indirectamente a actuaciones profesionales.

Diversos colectivos que presentaron propuestas ante la comisión coincidieron en la necesidad de aumentar el valor de los timbres profesionales, un planteo que cuenta con el apoyo del Directorio.

Siete de cada diez pesos de esos ingresos indirectos corresponden a timbres con valor fijo que gravan cada escrito o acta otorgados por un profesional en el ejercicio de su profesión, así como recetas, análisis, exámenes, etc.

El Poder Ejecutivo entiende que esta modalidad de recaudación tiene características negativas en materia de eficiencia y equidad.

Según expresaron y dejaron sentado en actas de la comisión, uno de los aspectos negativos es su carácter regresivo, dado que hay una alta participación de valores de suma fija en la recaudación de estos gravámenes. “Esto lleva a que, para dos sujetos obligados, los timbres que representan una suma fija tengan un mayor peso relativo en el ingreso de los hogares de menores ingresos. Este elemento se ve atenuado por las exoneraciones vigentes para usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado”, precisaron.

También consideran que los timbres provocan distorsión en los precios relativos porque, al gravar un conjunto específico de servicios, generan pérdidas de eficiencia económica.

Entienden, además, que existe una alta evasión asociada a estos pagos, dada la dispersión de gravámenes y sujetos obligados.

También le preocupa al Ejecutivo el alto peso de los servicios de salud en la recaudación de estos gravámenes, lo que supone un impacto sobre un conjunto de prestaciones que tienen una baja elasticidad de la demanda y, consecuentemente, una alta traslación del costo al usuario.

“Asimismo, este costo tiene un impacto diferencial en la población que usa con mayor intensidad los servicios de salud, que en muchos casos puede estar en situaciones de elevada vulnerabilidad. En particular, el literal “D” establece un gravamen de 2% sobre la venta de específicos de uso humano (medicamentos o productos farmacéuticos preparados industrialmente) desde laboratorios a farmacias, mutualistas, clínicas y distribuidores en general. Esto supone un incremento en el costo de los medicamentos, que tiene un impacto especialmente negativo sobre los hogares que deben acceder a los mismos”, dejaron constancia los representantes del Poder Ejecutivo en la comisión.

También se observan problemas en otros literales de esos ingresos indirectos, por ejemplo el “E”, que establece un gravamen sobre la mano de obra contratada en proyectos de construcción, que alcanza en la mayoría de los casos el 4% del costo de la misma. “Este tipo de gravámenes puede tener impactos relevantes en un sector particularmente expuesto a la informalidad, como es el de la construcción”, señalan los delegados del Ejecutivo.

La Caja aspira a que el aumento del precio de los timbres compense la diferencia que se generó entre las variaciones del Índice Medio de Salarios (IMS) y el Índice de Precios al Consumo (IPC) entre 2004 y 2025, que la institución estima en $ 38.285 millones (valores constantes).

También pretende que se extienda el uso de timbres profesionales a actividades que hoy no lo incluyen.

En un documento que circula entre los miembros de la comisión y al que accedió El País, se señala que “los delegados del Poder Ejecutivo entienden que el incremento de la recaudación asociada a este tipo de gravámenes no resulta deseable. Se entiende que supone una forma de aumentar el aporte de la sociedad a la mejora de la situación financiera de la Caja, aspecto que, al momento, no parece ser necesario”.

Agregan que, en caso de que un incremento del aporte de la ciudadanía fuese necesario, los delegados del Poder Ejecutivo entienden que, desde el punto de vista técnico, resulta más conveniente realizarlo mediante un incremento de la asistencia financiera de rentas generales.

“Una solución de este tipo tiene atributos más positivos, al resultar más transparente y evitar los problemas que los recursos indirectos tienen como instrumento de recaudación, los cuales fueron reseñados anteriormente”, concluyó el Ejecutivo.

La comisión también recibió propuestas que cuentan con el apoyo del Directorio de la Caja para la incorporación obligatoria de todos los profesionales que se desempeñan en relación de dependencia, con idénticos niveles de aportación a los que hoy rigen en el Banco de Previsión Social.

La comisión analizó una propuesta que establecía la obligatoriedad para los profesionales que, bajo dependencia, ingresen al mercado laboral con posterioridad a la vigencia del cambio planteado.

El análisis determinó que, para los profesionales que sean alcanzados por la medida, no se afectan derechos jubilatorios y que, desde el punto de vista financiero, el traspaso de afiliados desde el BPS a la Caja tendría un impacto nulo, ya que lo que al comienzo perderá el BPS por aportes de afiliados lo recuperará en una segunda etapa, cuando baje el número de jubilaciones a pagar.

Los representantes de la Caja se pronunciaron favorablemente porque entienden que su ámbito de aplicación son, precisamente, todos los profesionales, sin perjuicio de si ejercen libremente o están en régimen de dependencia.

Sin embargo, los delegados del Poder Ejecutivo dejaron sentado que no comparten esa posición y afirmaron que el ámbito de aplicación de la Caja debe mantenerse como hasta ahora. “La ampliación del campo afiliatorio y el traspaso de afiliados desde el BPS a la Caja implican una forma de otorgar financiamiento desde el sector público a la Caja en una magnitud que tiene elevada incertidumbre y con un mecanismo que resulta poco conveniente”, afirmaron los delegados.

Otro planteo que llegó a la comisión apunta a incorporar nuevas profesiones que hoy no están amparadas por el ámbito de aplicación de la Caja. En este punto, el Poder Ejecutivo está de acuerdo, siempre y cuando se trate de profesionales que desarrollen el ejercicio libre de la profesión.

La comisión logró unanimidad en regularizar la situación de profesionales que realizan ejercicio liberal de la profesión y se registran como empresas unipersonales en el ámbito del BPS.

Se entiende que se trata de un incumplimiento de la normativa vigente y se cruzará información para detectar las situaciones, realizar inspecciones y aplicar sanciones para desestimular la práctica.