Riesgos en Sanidad Militar: robos de fármacos, pérdidas por mal estado y recetas por parte de personal no autorizado

La Auditoría Interna de la Nación (AIN), bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reportó que en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que brinda atención a unos 133.500 usuarios, persisten riesgos en la gestión de medicamentos en varias reparticiones militares. Advirtió sobre el peligro de que se sustraigan fármacos, que se echen a perder y sean además recetados por personal no autorizado para ello.

A tres años de las observaciones, la AIN evaluó las acciones llevadas adelante en esta unidad ejecutora del Ministerio de Defensa entre mayo y noviembre del año pasado, y generó a partir de esto un informe al que accedió El País.

El trabajo de 2022 había reportado ocho hallazgos: “debilidades en el control de stock de los CAP (Centros de Atención de Primer Nivel)”, “debilidades del registro de medicamentos en los CAP”, “información insuficiente sobre la gestión de medicamentos de las unidades militares” e “ineficiencias en el control de las reposiciones de la DGAP (Dirección General de Atención Periférica)”.

También halló “debilidades en la custodia y almacenamiento de medicamentos y recetarios”, “deficiencias en el control de la dispensación en los centros periféricos”, “debilidades e ineficiencias en los controles implementados sobre la base de datos de usuarios de la Dnsffaa” y “debilidades en la estructura de la DGAP”.

La DGAP es una de las tres direcciones de Sanidad Militar, que tiene entre sus funciones “canalizar” los pedidos de fármacos de los 15 CAP, y unas 106 unidades militares, estas últimas que “custodian y administran sus propios stocks”, como marcó ya la auditoría de 2022. Por esa fecha, la DGAP concentraba el 42% de unidades de medicamentos (1,17 millones) de Sanidad Militar, a las que destinó un total de $ 430 millones.

Tres años después de las observaciones, la AIN concluyó que solo con respecto a las “debilidades del registro de medicamentos en los CAP” se implementaron las recomendaciones y se revirtió la situación. Mientras que, en el otro extremo, no se implementó ninguna recomendación ante la “información insuficiente sobre la gestión de medicamentos de las unidades militares”. En el resto de los hallazgos hubo distinto grado de avance.

En cuanto a la “información insuficiente sobre la gestión de medicamentos de las unidades militares”, que suman un centenar en el todo el país, el nivel de criticidad determinado por la AIN fue “extremo”, el más alto.

Como las recomendaciones “no fueron implementadas”, continúan los riesgos informados años atrás: “dificultades en la toma de decisiones estratégicas y operativas”, “monitoreo de los bienes administrados”, “pérdida de recursos” e “ineficiencia en el uso de los recursos”.

La AIN planteó en 2022 que, si bien las unidades militares no dependen de Sanidad Militar, no existían “actividades de coordinación efectiva, ni de control, sobre la gestión de los medicamentos que se distribuyen” en dichas unidades.

Cuando el organismo consultó el consumo de medicamentos en unidades y montos discriminados por unidad militar, la información “no se pudo obtener” porque el sistema “no contaba” con el reporte y el organismo “no lo definió como un requerimiento”.

Pese a definir medidas que contemplaban las observaciones en un plan de acción del organismo, ahora la AIN señaló que “no se realizaron instancias de coordinación" ni se definieron "controles sobre los consumos y stock de medicamentos en las unidades militares, contando únicamente con la información de los medicamentos entregados”.

Sanidad Militar manifestó que las unidades militares “no están” bajo el alcance de la DGAP, “desconociéndose la gestión de medicamentos realizada por cada unidad militar”.

Ante esta situación, se “mantienen” las recomendaciones de “coordinar con los Servicios Sanitarios de las Fuerzas Armadas, de modo de asegurar el cumplimiento de la misión” de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, y también “implementar mecanismos de control sobre las unidades militares que permitan tener información íntegra y confiable de los consumos”.

Con respecto al hallazgo de “debilidades en el control de stock de los CAP”, la AIN indicó que hoy persiste el riesgo de “sustracción de medicamentos”, pese a los controles implementados tras la auditoría.

En cuanto a las “debilidades en la custodia y almacenamiento de medicamentos y recetarios”, los riesgos que persisten frente a 2022 son la “sustracción” y “pérdida o deterioro” de medicamentos, así como también “la prescripción de medicamentos por personas no autorizadas”.

En esa línea, al revisar las “deficiencias en el control de la dispensación en centros periféricos”, la AIN planteó que se mantienen los riesgos de “pérdida de recursos”, así como que “se entreguen más medicamentos de los que correspondan”, así como que se brinden a “no usuarios”.

Sobre las “ineficiencias en el control de las reposiciones de la DGAP”, se mantienen los riesgos de “no cumplir con las necesidades de los usuarios en tiempo y forma”, así como la “ineficiencia en el uso de los recursos”.

Por otro lado, las 15 farmacias de los CAP siguen sin la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Esto se debe a que comparten un único químico farmacéutico como director técnico, lo que incumple el artículo 20 de la ley 15.703. Esta irregularidad mantiene el riesgo de sufrir sanciones económicas y legales.