Parlamento se encamina a votar ley de eutanasia: FA busca lograr mayoría en comisión, antes de debate en plenario

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados empezará a votar el miércoles los 13 artículos del proyecto de ley para regular la eutanasia, tras recibir a todas las delegaciones que participaron en la discusión de la iniciativa que ingresó al Parlamento este año con apoyos del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.

El proyecto de ley en cuestión es el mismo que quedó en a la orilla de su aprobación en 2022, cuando obtuvo media sanción en Diputados. Con el cambio de gobierno, se movió la correlación de fuerzas y desde el Frente Amplio, que no tiene mayoría en Diputados pero si en el Senado, ven muy probable que se apruebe esta ley en semanas, coincidieron fuentes políticas a El País.

Sin embargo, no es seguro que el proyecto siga con la misma redacción tras el análisis artículo por artículo, que se prevé, llevará más de una sesión. El Frente Amplio cuenta con tres sillas —de un total siete— en la comisión de la cámara baja, por lo que precisa de un apoyo extra para llegar con un informe en mayoría a la votación en el Plenario, que a nivel oficialista prevén para la “primera quincena de julio”.

En la búsqueda por llegar a un acuerdo, el Frente Amplio tiene el compromiso con Pedro Bordaberry de considerar su proyecto de ley para modificar el artículo 37 del Código Penal, con miras a exonerar de pena a quien cometa un homicidio por piedad o asista a un suicidio en ciertas condiciones.

En este sentido, hay un “acuerdo” con la diputada colorada Nibia Reisch (de Vamos Uruguay) de revisar el artículo 8, que despenaliza la eutanasia, para que se “considere el planteo de Bordaberry”, explicó el diputado frenteamplista Federico Preve a El País.

No obstante, y pese a la falta de apoyo de esta iniciativa por parte de Identidad Soberana (Nicolle Salle), y el voto previsiblemente en contra de los blancos (José Luis Satdjian y Andrés Grezzi), si no hay mayores cambios, el oficialismo espera contar igual con el apoyo de una legisladora del Partido Colorado (Reisch).

De un lado y otro, hay visiones diversas de lo que hará la diputada colorada, que pasó de militar en Crece (Robert Silva) a Vamos Uruguay (Bordaberry). Desde el Frente Amplio, algunos prevén que vote “a favor”, pero los blancos no descartan que termine haciéndolo en contra.

“Todavía no entramos a analizar el articulado. Viene un tema de negociación, en el buen sentido, de cómo es cada artículo, y si se aprueba o no. Pero venimos avanzando, creo que en mejor forma que en el período pasado”, dijo Reisch a Canal 5 el martes. El País intentó, sin éxito, ubicar a Reisch, así como a Bordaberry.

Los blancos de la comisión citada están trabajando en artículos sustitutivos para “dar más garantías” al proceso, dijo Satdjian. “No descarto que se modifique el proyecto”, añadió el exsubsecretario de Salud Pública.

Si el proyecto avanza, el Frente Amplio —que ya acordó en bancada que apoyará la iniciativa— precisa de dos votos para llegar a la mayoría (50). No obstante, los diputados colorados de Unir para Crecer (Felipe Schipani, Elianne Castro, Matías Duque y Horacio de Brum), sector del exdiputado Ope Pasquet que promovió el asunto, votarán a favor, dijo Schipani a El País.

Pero los 52 apoyos ya previstos podrían ser incluso más, expresó a El País el diputado Preve, uno de los impulsores del proyecto. Estimó el respaldo de los blancos Sebastián Andujar, Diego Echeverría y Alejo Umpiérrez, y del independiente Gerardo Sotelo.

Consultados por El País, Umpiérrez dijo que votará la iniciativa; Echeverría planteó estar de acuerdo con el tema de fondo, recordando que apoyó la redacción en 2022, pero que analizará el proyecto antes de tomar una decisión, lo mismo que esgrimió Andújar.

Foto: Christian González.

Sotelo dijo a El País que lo que habló con el Frente Amplio es que apoyarán el proyecto si se exigía contar con el asesoramiento de un psiquiatra para determinar si el que toma la decisión está “en pleno uso de sus facultades mentales”. Si esto no está, dijo que no votará a favor.

En Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone adelantó a El País que tanto él, como su colega Silvana Pérez Bonavita, los únicos legislados cabildantes, votarán en contra.

De contar con media sanción en Diputados, desde el Frente Amplio prevén no solo no tocar el proyecto en el Senado, sino contar con votos de la oposición. Estiman, por lo menos, el apoyo del colorado Robert Silva —que lo confirmó a El País— y de su correligionario Andrés Ojeda, que prefirió no hacer comentarios.

El proyecto de ley analizado ahora, el mismo que naufragó en 2022, establece quiénes tendrán derecho a recibir el tratamiento de eutanasia previsto, que apuesta, para ciertos casos, a una muerte "indolora, apacible y respetuosa de su dignidad".

Podrán acceder las personas mayores de edad "psíquicamente aptas", que cursen la "etapa terminal de una patología incurable e irreversible", o bien padezcan por esos condicionantes sufrimientos "insoportables", con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

La eutanasia, que es la provocación de la muerte por “un médico o por su orden”, se deberá hacer siguiendo un procedimiento indicado en el artículo 4 de la iniciativa, que establece varias etapas, que deberán serán registradas en la historia clínica del paciente.

Según el proyecto, podrá pedir la eutanasia el solicitante “personalmente a un médico, por escrito que firmará en su presencia”, o si no pudiera firmar lo haría “a su ruego otra persona mayor de edad, en presencia del solicitante y del médico”.

Luego, el médico actuante evaluará el pedido, hablará con el paciente, indicándole los tratamientos disponibles, como los cuidados paliativos, y “verificará que la voluntad que él expresa sea libre, seria y firme”. Si no se verifica esto se da por “concluido” el proceso.

De avanzar, el médico pedirá una segunda opinión a un colega —que no podrá estar subordinado a él “de ninguna manera”— quien tendrá una “consulta presencial” con el paciente, y estudiará su “historia clínica” en un plazo “no mayor” de diez días. Tampoco podrá haber parentesco entre las partes hasta el cuarto grado de consanguinidad por lo menos.

Tras la segunda opinión, el médico actuante se entrevistará con el paciente —antes de los diez días si el médico especifica su riesgo vital— y si este lo ratifica, continúa el proceso. Al menos tres días después de esta reunión, pese a excepciones, y con la voluntad del solicitante “por escrito” y con “dos testigos”, se realizará la eutanasia cuando el paciente lo decida.

La muerte provocada deberá ser comunicada “de inmediato” al Ministerio de Salud Pública, remitiéndole la copia fiel de la historia clínica del paciente, y podrá pedirle al médico actuante la información que considere. Si la cartera entiende que hubo un “apartamiento grave” del procedimiento legal, lo comunicará a la Fiscalía General de la Nación.

El proyecto establece que la voluntad es “siempre revocable”, sin “formalidad alguna”, lo que determinará el “cese inmediato”. También que “todas” las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán poner a disposición de sus usuarios la eutanasia. Y las que entiendan que es incompatible con sus estatutos, podrán acordar el acceso con otras.

La objeción de conciencia de los médicos está prevista en la ley. “En tal caso la institución de asistencia médica determinará quién o quiénes deban sustituir a el o a los objetores, garantizando siempre la prestación del servicio”, establece el texto.

Otro punto, que está dispuesto en el artículo 8, es que “están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole” los médicos y otros actuantes en este procedimiento. Además, se establece la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, interinstitucional, y que la reglamentación de la ley se debe hacer antes de los seis meses desde la promulgación.

"El proyecto de eutanasia es un elemento más de la perversa Agenda 2030, a la cual le hemos declarado la guerra. Consecuentemente, no vamos a votar ningún proyecto que se alinee con la 'agenda de la muerte', de los megaricos, al servicio de la cual está el Frente Amplio y los multicolores", dijo el líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, consultado por El País.

Mientras que, del otro lado del arco político, el diputado frentista Preve destacó que avanzar en la regulación de la eutanasia es relevante, sobre todo porque “se le va a dar un derecho a personas que están hoy muriendo con sufrimiento, aunque esté con cuidados paliativos”. Y destacó que el sistema de garantías propuesto en el proyecto de ley es “muy sólido”.

“Lo único que abrimos acá es la puerta a la libertad de que dejen de sufrir, y si así lo desean, fallezcan con un poco más compasión. Me parece que es un acto de punto de vista humano de amor, y de punto de vista profesional de empatía”, agregó el también neurólogo.

Preve estimó que en los primeros dos o tres años habrá “decenas” de casos. Y que luego de que el proceso se estabilice, varios años para adelante, no serían más de “500 - 700” casos al año. Esto analizando la cantidad de población, por qué se enferma y muere, los paliativos que se ofrecen y los porcentajes de frecuencia relativa de eutanasia en otros países donde es legal.