La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes comenzó este martes a recibir la opinión de distintos colectivos y organizaciones que pretenden incidir en la discusión del proyecto de ley que propone regular la eutanasia. Y lo hizo en medio de una fuerte polémica, por tres aspectos que la oposición considera centrales a la hora de su eventual aplicación.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi hizo este martes una dura advertencia. Según dijo, el proyecto a estudio de la comisión introduce "cambios sustanciales" con respecto al que se consideró en la pasada legislatura que, a su entender, lo convierten en una iniciativa "mucho más peligrosa para la sociedad". Según afirmó, amplía la posibilidad de aplicar la ley a personas con discapacidad, "habilita las clínicas privadas de muerte" y "consagra impunidad para provocar la muerte".

En diálogo con El País, Goñi se refirió a "tres retrocesos". Uno de ellos está vinculado al artículo 2 que indica que "toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a que a su pedido" se le practique la eutanasia.

A juicio de Goñi esta redacción amplía el alcance de la ley, eliminando la exigencia de que la persona padezca una enfermedad terminal, "habilitando la eutanasia en casos de enfermedades crónicas" o de discapacidad. "Esto multiplica exponencialmente el número de personas alcanzadas por la ley", advirtió.

El diputado blanco apuntó también al artículo 6, que según su visión suprimía el requisito de que los procedimientos de eutanasia solo puedan realizarse en una institución que integre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Para el diputado, esto habilitaba la práctica del procedimiento en clínicas privadas, "abriendo así la puerta a una lógica de mercantilización de la muerte" y "debilitando todas las políticas de prevención del suicidio".

El texto actual fue ingresado al Parlamento por el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.

En el oficialismo, se rechazaron las consideraciones de Goñi y se descartó cualquier tipo de intencionalidad a la hora de presentar la iniciativa. Consultado por El País, el diputado Federico Preve (FA) señaló que se trató de un "error administrativo" que fue subsanado este martes. Según explicó, en lugar de tomar el texto que fue aprobado por Diputados durante la pasada legislatura, se había comenzado a considerar la redacción original con el que la iniciativa había comenzado su trámite legislativo.

Preve también apuntó que Goñi, que no integra la comisión, no estaba presente cuando se anunciaron las modificaciones y que además el diputado nacionalista se retiró anticipadamente de sala, luego de discutir en duros términos con la presidenta de la comisión, Nibia Reisch (PC).

Consultado, el legislador blanco afirmó que se trató de una "reacción de indignación" ante la situación y sostuvo que desde hace varias semanas viene advirtiendo que el texto no era el mismo que venía de la anterior legislatura. Goñi consideró que es una "vergüenza" y una "irresponsabilidad increíble".

La Comisión de Salud Pública de Diputados continuará recibiendo este miércoles más delegaciones. La intención del oficialismo es finalizar este proceso en pocas semanas, para en junio a votar el articulado.

A la comisión concurrió este martes una delegación del Colegio Médico, que había advertido oportunamente sobre esos "errores". Según pudo saber El País, esa corporación planteó la posibilidad de que el Código de Ética Médica, que regula la población, deje de consistir en una ley. La intención es que el colectivo pueda "autorregularse" sin necesidad de depender de la voluntad de los legisladores.