El diputado frenteamplista Federico Preve impulsa un proyecto de ley para regular a los seguros privados o integrales, seis instituciones que nuclean a unos 126.000 usuarios, a partir de dos cambios sustanciales. La iniciativa, que aún no fue presentada formalmente, está siendo analizada por distintos legisladores del Frente Amplio, y ha generado cierto malestar por el "planteo personal" del diputado, indicaron fuentes oficialistas a El País.
El primer cambio que busca el también integrante de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes es aumentar el aporte que hacen los seguros privados (Summum, Hospital Británico, Seguro Americano, Medicina Personalizada, Cophami y Blue Cross & Blue Shield), que es el mismo desde que ingresaron al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), o sea desde 2008.
El último inciso del artículo 22 de la ley 18.211 (SNIS), establece que los seguros privados “verterán” al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) el 6% de los ingresos recibidos del propio Fondo por “concepto de costos de administración” el que se destinará al financiamiento del Seguro Nacional de Salud (SNS).
Las liquidaciones del Fonasa a los seguros privados en 2025 llegaron a $ 3.639 millones, o US$ 88,6 millones al tipo de cambio promedio del año pasado, tal como informó El País. De esta forma, durante el año pasado los seguros vertieron por este concepto US$ 5,3 millones, el equivalente al 6%.
Preve dijo en diálogo con El País que su iniciativa busca elevar de 6% a 18% el porcentaje de aporte de los seguros al resto del sistema de salud. Esto supondría, tomando en cuenta la liquidación Fonasa 2025, una devolución de US$ 16 millones, tres veces más que ahora.
El diputado oficialista destacó que con esta medida aspira a que los seguros privados “reciban menos fondos públicos”. Esto tomando en cuenta, sostuvo, que la partida que reciben del Fonasa no solo se nutre de aportes personales y empresariales, sino también de un monto de Rentas Generales.
El aporte de Rentas Generales es el déficit del Fonasa, que el año pasado llegó a un récord de US$ 946 millones.
A diciembre pasado, último dato oficial disponible, los seguros privados concentraban 126.534 usuarios, de los cuales 89.715 son Fonasa —3% del total de usuarios Fonasa (2,6 millones)— que pagan una cuota extra para ser socios de instituciones que casi no registran demoras en los tiempos de espera, entre otras ventajas.
Una de las consultas que surgen es si un mayor aporte no podría traducirse en una suba en la cuota a los usuarios de los seguros.
“Me parece que los seguros pueden perfectamente lucrar un poquito menos con los fondos públicos y no cobrarles más a los usuarios. Mi intención tampoco es que la gente pague más, aunque sean privilegiados, sino que los seguros no lucren con la plata de todos”, planteó Preve.
El diputado sostuvo que los seguros tienen capacidad “de sobra” para amortizar un aumento del 6% al 18%, que, a su consideración, “es mínimo”.
“Los seguros privados, con una rentabilidad que tienen del 9%, perfectamente pueden amortiguar esta suba. Pero, además, parte del lucro de la salud privada no debería darse con fondos públicos”, insistió el legislador.
El segundo punto del proyecto de Preve, tal como informó El Observador, es que los seguros privados dejen de “decidir quién ingresa y quién no” como socio, cuando las mutualistas “tienen que aceptar” al usuario Fonasa. El SNIS planteó desde su creación que los seguros integrales presten servicios mediante el régimen de libre contratación.
El legislador reconoció que es uno de los puntos que quedaron “sin regulación” en la creación del SNIS, y que resulta “correcto” regular, ya que genera una “asimetría importante” en la competencia entre prestadores. “Los que tienen que elegir donde se atienden son las personas, no las empresas de salud”, remarcó.
“Los seguros están funcionando adentro del sistema de salud, y queremos que sigan funcionando dentro, pero tienen que tener alguna regulación mayor y no expulsar a la gente por estar enferma”, planteó.
Legisladores del Frente Amplio, que prefirieron no ser identificados, plantearon a El País que coinciden con el espíritu de regular de otra manera a los seguros privados, pero tienen matices respecto a cómo hacerlo. En cuanto al salto en la tasa, de 6% a 18%, hay quienes plantean que se podría hacer gradual y no de forma abrupta. Mientras que otros plantearon dudas en torno al cambio del régimen de libre contratación, vigente hace 20 años, por lo que una opción podría ser que algunos usuarios no sean rechazados por los seguros. "Hay que mejorar sin generar caos", dijo uno de ellos.
Preve planteó en comisión semanas atrás avanzar con la regulación de los seguros privados durante el análisis del proyecto para regular los “servicios VIP” de las mutualistas. Esto generó molestias en la oposición, y se congeló el cuórum en torno a ese proyecto, que también genera dudas a nivel jurídico por su impacto con los contratos vigentes.
El diputado nacionalista José Luis Satdjian dijo a El País que buscarán que el oficialismo “presente todo”, en relación a los dos proyectos de ley, antes de avanzar con el proyecto de servicios VIP.
“Si el Partido Nacional no quiere votar la regulación de los servicios VIP por esto, será una decisión política de ellos. Queremos regular los servicios VIP y después pasar a tratar la regulación de los seguros privados”, retrucó Preve.
Durante el análisis del proyecto de los servicios VIP, en setiembre pasado, el contador José Bonanata, gerente general de Médica Uruguaya, pidió incluir en la discusión parlamentaria la actividad de los seguros privados que, según dijo, “hoy hacen lo que quieren y no tienen ningún tipo de control”, según consta en la versión taquigráfica.
“Eligen qué socio entra y qué socio no entra; después que eligieron, le cobran la tasa moderadora que le quieren cobrar; después de eso, se la suben cuando se la quieren subir, y cuando se pasa a una etapa en la que el socio no puede pagar porque cada escala no tiene relación con un precio, a los cincuenta y pico de años vuelven a las IAMC (mutualistas) porque no pueden pagar el seguro privado”, apuntó el gerente mutual.
El País intentó, sin éxito, comunicarse con autoridades de los seguros privados o integrales para consultar sobre el proyecto en cuestión.