Mutualistas ven "inconvenientes" en proyecto contra "servicios VIP" y diputados insisten con que hay "excesos"

El proyecto de ley contra los “servicios VIP” de las mutualistas, impulsado por el Frente Amplio y con apoyo de la oposición, es analizado por la comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados. En este escenario, un colectivo de mutualistas de Montevideo marcó que la redacción presenta “inconvenientes”, mientras que los legisladores insistieron que hay situaciones que hoy “no se pueden permitir” en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

La iniciativa, presentada en 2023 por el Frente Amplio, inspirado en un artículo de la Rendición de Cuentas 2022 de la gestión de Daniel Salinas que no prosperó, apunta contra las instituciones que ofrecen mediante “servicios asociados a pagos diferenciales”, prestaciones del catálogo del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), que se deben dar “sin costo”, o a través del pago de tasas moderadoras —regulados por el Estado— como los tickets u órdenes.

El texto reflotado por el el oficialismo en este período legislativo indica que los prestadores “no podrán implementar acuerdos o convenios de carácter oneroso con sus usuarios que otorguen condiciones de acceso preferenciales en cuanto a los tiempos de espera u oportunidad de brindar las prestaciones obligatorias”. También prevé sanciones por incumplimientos, y que los “convenios prohibidos” sean causal para cambiarse de mutualista.

Con esta redacción, representantes de Asamblea Montevideo, un grupo que nuclea a las mutualistas de la capital, menos a la Asociación Española, se presentó el 17 de setiembre a la comisión citada. La escribana Cecilia López apuntó que la iniciativa presenta “inconvenientes” jurídicos, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

López marcó que “no podrían haber limitaciones a las libertades, salvo que exista una ley formal dictada por razones de interés general”, que entienden no es el caso. También que “no queda claro” si se afectan los contratos anteriores, así como que crear otro régimen sancionatorio genera “inestabilidad jurídica” y que la iniciativa “invierte la carga de la prueba”.

El doctor Antonio Kamaid planteó que mientras no se incumpla la cobertura de “prestaciones mínimas básicas en los tiempos y en las condiciones establecidas”, no se debería generar “una prohibición para generar otro tipo de beneficios”, porque son “empresas privadas, regidas por el derecho privado y que actúan en régimen de libre competencia”.

El doctor Fernando Paroli dijo que ante la “amenaza” de los seguros integrales “con fines de lucro” al sector mutual, algunos prestadores empezaron a ofrecer estos servicios para competir en un sistema de “libre competencia, pero no de igualdad de condiciones”. No cuentan con el “descreme o selección adversa” de pacientes que tienen los seguros, añadió.

“Para que pueda acceder a un especialista equis, a un usuario Fonasa le dan hora para dentro de tres meses. Un usuario que tiene Fonasa y que tiene una sobrecuota accede a ese especialista al otro día, y eso no lo podemos permitir. Simplemente se trata de eso, no busquemos cosas raras. Eso no lo podemos permitir”, dijo el diputado frentista Luis Gallo sobre la venta de estos servicios.

“En las cosas que están financiadas a través de la cuota salud (cápita), quien brinda estos servicios, para mantenerlos, usufructúa recursos que no están destinados para eso. Simplemente es eso, no hay que buscar cosas raras”, insistió el también cirujano pediátrico.

Gallo insistió que se debe “limitar los tiempos de espera”, en línea con otros legisladores. “Capaz que lo saben, o como están en un rango gerencial muy importante capaz que no ven la chiquita, abajo, pero tenemos cientos de denuncias de instituciones públicas y privadas, mutuales y IAMC”, destacó.

“No estamos contra ustedes”, afirmó Gallo, quien consideró: “Hay algunos actores que nos da la sensación que se extralimitaron en sus funciones y generaron un problema”, que buscan revertir con el proyecto, hoy “borrador”, que podría tener cambios. En tanto, afirmó que la iniciativa “no tiene retroactividad; las personas que adquirieron su derecho lo tendrán”.

El diputado blanco José Luis Satdjian, por su parte, dijo sentir una “paternidad compartida” con esta redacción, por su similitud con el artículo 266 de la Rendición de Cuentas 2022. El exsubsecretario de Salud Pública dijo que hay “extralimitaciones” en el sistema, a corregir.

“Por ejemplo, algún prestador que divide la puerta de emergencia en dos o el triaje se hace de acuerdo a su afiliación: si es afiliación Fonasa o si tiene contratado algún servicio VIP. Me parece que eso es un exceso”, señaló sobre una situación que ubicó más bien en Montevideo.

“Podemos entender que se venda hotelería, televisión por cable, una habitación privada, pero cuando responde a un triaje en una puerta de emergencia donde si es socio VIP va para un lado y, si no, va para el otro, ahí estamos hablando de cuestiones delicadas que tienen que ver con la atención”, insistió Satdjian.

La diputada colorada Nibia Reisch dijo compartir “totalmente el espíritu” del proyecto, que “no puede ser retroactivo”. “Si alguien quiere pagar un diferencial por tener una mejor hotelería (…) no tengo ningún tipo de problema. Lo que no comparto es cuando un socio paga esa diferencia y tiene un privilegio o mejor accesibilidad a lo que es un estudio, una cirugía, o una consulta con un especialista”, indicó.

López indicó que Asamblea Montevideo no puede estar de acuerdo “bajo ningún concepto, con que exista una emergencia para unos y una emergencia para otros, o que a un socio se le habilite la cirugía antes por estar pagando”. Y planteó al sistema político “tomar los recaudos para que cualquier tipo de regulación no empeore aún más la situación que hoy existe”.

El contador José Bonanata pidió incluir en la discusión la actividad de los seguros integrales que, según dijo, “hoy hacen lo que quieren y no tienen ningún tipo de control”. “Eligen qué socio entra y qué socio no entra; después que eligieron, le cobran la tasa moderadora que le quieren cobrar; después de eso, se la suben cuando se la quieren subir, y cuando se pasa a una etapa en la que el socio no puede pagar porque cada escala no tiene relación con un precio, a los cincuenta y pico de años vuelven a las IAMC (mutualistas) porque no pueden pagar el seguro privado”, apuntó.