SOBRE LAS VACUNAS ANTICOVID

Mañana se llevará a cabo una audiencia fijada por el juez Alejandro Recarey, quien intimó a las autoridades de Presidencia, elMinisterio de Salud Pública y el laboratorio Pfizer a brindar información acerca de las vacunas contra el covid-19 administradas en Uruguay. Esto lo hizo luego de haber recibido un recurso de amparo en contra de la inoculación en edades pediátricas. A pesar de que el gobierno fue intimado a responder todas las consultas del juez, los expertos en jurídica aseguran que existe la posibilidad de que las autoridades decidan no brindar la información y logren una justificación adecuada para esto.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, se reunieron ayer en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario Rodrigo Ferrés. Según supo El País, en la reunión, que duró unas dos horas, se comenzó a estructurar la estrategia de respuesta a la intimación. Consultado al respecto, el ministro Salinas dijo que “aún no es momento” de hacer declaraciones al respecto y que esperará hasta que concluya la audiencia fijada para mañana.

Pero para los abogados consultados por El País, existe la posibilidad de que el gobierno decida no contestar a las consultas basándose en la “no legitimidad” del recurso de amparo al que se debe la intimación.

El recurso fue presentado el pasado viernes en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo por el abogado Maximiliano Dentone, quien representó al diputado César Vega cuando denunció a una serie de periodistas por difamación el año pasado.

Según el documento al que accedió El País, Dentone aseguró en la demanda: “Como habitante de este país, con familiares menores de edad y por estricta responsabilidad ciudadana, me asiste el derecho de accionar en nombre de ellos al amparo de lo dispuesto por el artículo 42 del Código General del Proceso”.

Los recursos de amparo deben cumplir con un grado de legitimidad a partir de causar un “daño explícito a los derechos de la persona que lo presenta”, según indicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Raúl Oxandabarat. En este caso, al hablar de la “responsabilidad ciudadana”, Dentone se refiere a lo que los expertos llaman “intereses difusos”, porque se hace el reclamo según algo que entiende compete a la sociedad en general. “Que esté legitimado o no se va a discutir mañana, pero por el hecho de que lo haya presentado no se entiende necesariamente que lo esté”, indicó Oxandabarat.

En este sentido, el constitucionalista Martín Risso explicó: “El gobierno podría perfectamente decir que no quiere entregar la información y en ese caso el juez tiene que resolver si habrá una sentencia determinando si lo tiene que presentar en el futuro o no”.

En este caso en particular, Risso cree que existe un “problema de legitimación activa” en el que Dentone “tiene que probar que a él se le está lesionando un derecho” con la vacunación pediátrica contra el covid-19, siendo que la campaña de inoculación en Uruguay no es obligatoria.

Dentone también señala en su demanda que: “El proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso, por lo que debe ser detenido hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias y se cumpla con los requisitos legales incumplidos hasta el momento”.

Algo que está incluido en la intimación ejecutada por el juez Recarey son los contratos que Uruguay firmó con el laboratorio Pfizer. Estos fueron calificados como “confidenciales” y por eso no se conocen públicamente. En este sentido, Risso cree que es “discutible” el “alcance” de esa confidencialidad, porque “hay que ver hasta qué punto se entiende que deja de serlo” y el juez además tiene “la posibilidad” de levantar la caracterización de los documentos como confidenciales.

Por su parte, el experto en derecho administrativo Miguel Pezzuti dijo que le resulta “llamativo” que en la demanda no se manifieste lo que se pretende lograr con el recurso de amparo, “más allá de la citación de testigos y la información solicitada”.

“No hay un pedido de acción concreta, como por ejemplo, que se detenga la vacunación, sino que solamente hay una enumeración de cosas que se pretenden conocer y eso se podría haber realizado mediante un acceso a la información pública”, indicó Pezzuti.

Alejandro Recarey es un juez conocido por ser “extremadamente racional y directo”. En las audiencias que presidió durante la pandemia prefirió no incorporar las videollamadas para que las partes participen a distancia y exigió la presencialidad siempre.

Además, Recarey denunció penalmente al exministro de Salud, Jorge Basso, en 2019, por incumplir con una sentencia que dictó en la que le solicitó explicaciones sobre la compra de algunos medicamentos.

-Presentar copia certificada de todos los contratos de compra de las vacunas anticovid que haya suscrito, posea o simplemente estén al alcance de las autoridades del gobierno nacional.

-Manifestar si dichos instrumentos han contenido cláusulas de indemnidad civil y/o impunidad penal de los proveedores, respecto de la ocurrencia de eventuales efectos adversos de los fármacos adquiridos en el marco de la pandemia.

-Brindar amplio detalle acerca de la composición bioquímica de “las denominadas vacunas contra el SarsCov-2”. En especial la destinada a la población de menores de edad.

-Especificar si las vacunas contienen la sustancia llamada “ARN mensajero”.

-Detallar las implicancias biológicas individuales o colectivas. También informar sobre la posible presencia de óxido de grafeno en las vacunas a disposición de la población.

-Saber si obra en conocimiento del Estado que las vacunas contengan o puedan contener elementos nanotecnológicos.

-Presentar información completa y actualizada acerca de lo que científicamente se sabe -y no se sabe- sobre la efectividad de las vacunas y sus posibles efectos posteriores a corto, mediano y largo plazo.

-Demostrar científicamente si la condición de no vacunado entraña algún peligro sanitario para el conjunto de la población.

-Aclarar las razones de existencia del consentimiento informado en relación a la campaña de vacunación.

-Detallar la identidad de los técnicos profesionales que han dirigido y dirigen la campaña de inoculación contra el covid-19 en Uruguay.