En Uruguay la primera causa de muerte se vincula con enfermedades del sistema circulatorio y la segunda es consecuencia de neoplasias o tumores. Es un dato conocido y estable a lo largo de los años. Pero durante las últimas dos décadas Uruguay registró un crecimiento sostenido de las muertes clasificadas dentro de la categoría “Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte”, un grupo estadístico que reúne defunciones donde no queda determinada con precisión la causa básica de muerte. Bajo este rótulo fueron registradas una de cada siete muertes en 2024, siendo la tercera causa de muerte; es la categoría que más ha crecido de forma constante y supera ampliamente los niveles recomendados internacionalmente.
Estos registros imprecisos, que se conocen como “códigos basura”, no son producto de contextos excepcionales como la pandemia, sino que se ha consolidado una tendencia que va a contramano de las recomendaciones internacionales. La calidad del certificado de defunción constituye además un insumo fundamental para el diseño de las políticas públicas.
Los datos
De acuerdo a los datos estadísticos y públicos del Ministerio de Salud Pública en el año 2000 Uruguay registró 30.455 defunciones. De ellas, 2.245 fueron incluidas dentro de esta categoría inespecífica. Representaban solamente el 7,4% del total de muertes del país, un porcentaje alineado a la media internacional.
Diez años después, en 2010, el porcentaje había aumentado a 8,7%. Ese año hubo 2.785 fallecimientos clasificados dentro del grupo “Síntomas, signos y hallazgos no clasificados”.
En 2015 el porcentaje continuó creciendo y llegó a 9,2%, con 3.032 casos.
El salto más pronunciado apareció a partir de 2020. Ese año, coincidiendo con el inicio de la pandemia, las muertes agrupadas en esta categoría ascendieron a 3.760 y representaron el 11,5% del total nacional.
La tendencia continuó acelerándose posteriormente hasta alcanzar en 2024, último dato disponible, el máximo de la serie histórica. Hubo 5.061 fallecimientos sobre un total de 36.181 defunciones, equivalentes al 13,99% de todas las muertes registradas en Uruguay.
En términos comparativos, el peso relativo de estas muertes prácticamente se duplicó entre 2000 y 2024, pasando de 7,4% a casi 14%.
Por departamento
Los datos históricos muestran además diferencias importantes entre departamentos.
En el año 2000, el porcentaje más alto correspondía a Treinta y Tres, donde esta categoría representaba el 12% de las muertes. Montevideo registraba 8,9% y Canelones 8,1%.
En 2015 Canelones continuó aumentando y alcanzó 12,9%, mientras Montevideo permanecía en torno a 10%.
El crecimiento más fuerte se observa después de 2020.
Ese año Canelones llegó a 17% de las muertes dentro de esta categoría. Paysandú alcanzó 13,7%, Colonia 13,1% y Florida 12,7%.
En 2024 Canelones pasó a encabezar ampliamente el país con 21,1% de las defunciones clasificadas sin causa específica, el doble del máximo aceptable a nivel internacional. Esto implica que más de una de cada cinco muertes registradas en el departamento quedó comprendida dentro de esta categoría. Paysandú alcanzó 19,6%, Florida 18,2%, Colonia 15,9%, Soriano 15,8%, Flores 15,3% y San José 15,2%.
Montevideo quedó por debajo del promedio nacional con 12,7%, aunque en términos absolutos concentra más de 2.100 casos.
En el otro extremo, Cerro Largo registró el porcentaje más bajo del país en 2024, con 5,1%. También Tacuarembó se ubicó por debajo del promedio nacional, con 8,8%.
El peso relativo de estas muertes en Canelones es más de cuatro veces superior al registrado en Cerro Largo.
OMS y OPS
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS sostienen que el correcto llenado del certificado de defunción es fundamental para la calidad de las estadísticas sanitarias y para la definición de políticas públicas.
La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular ha advertido sobre esta problemática que afecta la calidad de los registros.
En un comunicado sostuvo que “Poder tener un análisis correcto de las causas de mortalidad es fundamental para evaluar políticas, acciones y plantear intervenciones efectivas sobre problemas sanitarios en distintos grupos de la sociedad”.
Agregó que “el deterioro en la calidad del dato no afecta por igual a toda la población: las personas mayores son quienes registran la mayor proporción de causas mal definidas, lo que invisibiliza las verdaderas condiciones que los afectan y limita las políticas específicas para su atención”.
La comisión propuso mejorar la formación médica en certificación de causas de muerte, tanto en pregrado como parte de la educación médica continua; lograr mejores prácticas forenses, fortalecer los sistemas de codificación (mejorar el certificado electrónico) y auditoría, y recuperar una visión de largo plazo que priorice la calidad del dato como un bien público.
“Conocer con mayor precisión por qué y cómo se produce la muerte no solo permite comprender mejor el pasado, sino también salvar vidas en el futuro, diseñando acciones de salud más eficaces, equitativas y contextualizadas”, sostuvo la comisión.
La OMS sostiene que las estadísticas de mortalidad son una herramienta central para la planificación sanitaria y que la identificación precisa de las causas de muerte permite orientar políticas de prevención, control y asignación de recursos.
Un certificado correcto, según la OPS
La OPS señala que un certificado correctamente completado debe describir “el orden, tipo y asociación de eventos que resultaron en la muerte” y destaca que la adecuada identificación de la causa básica es esencial para las estadísticas de mortalidad.
Documentos técnicos del organismo indican además que las causas mal definidas o imprecisas reducen la calidad epidemiológica de los registros y dificultan la elaboración de prioridades sanitarias.
En materiales de capacitación difundidos por la OPS y la OMS se advierte expresamente que no deben utilizarse causas vagas o inespecíficas como “asistolia”, “falla multiorgánica”, “senilidad” o expresiones similares sin identificar la enfermedad o condición que originó la muerte.
La propia normativa uruguaya establece procedimientos específicos sobre la certificación de defunciones. La Ley 19.628 dispone que cuando el médico desconozca la causa de muerte y no exista sospecha de delito, deberá consignar que se trató de una “muerte natural de causa indeterminada” y procurar, cuando corresponda, la realización de una autopsia clínica para intentar determinar la causa del fallecimiento.
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