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Vacunación a niños contra el COVID-19 preocupa a legisladores de Cabildo y el PERI

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Guido Manini Ríos durante una sesión en la Cámara de Senadores. Foto: Leonardo Mainé
Guido Manini Rios - Sesion de la Camara de Senadores para discutir el proyecto de ley por el que se crea una Campaña Nacional de Concientizacion y Prevencion de la Violencia Intrafamiliar hacia niños, niñas y adolescentes, y estudir informes de la Comision de Asuntos Internacionales y la Comision de Asuntos Administrativos, en el Palacio Legislativo en Montevideo, ND 20200908, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Leonardo Maine/Archivo El Pais

LA MARCHA DE LA PANDEMIA

Legisladores del partido de Guido Manini Ríos pidieron una reunión con la SUP para interiorizarse de las razones que hay detrás de la resolución de aconsejar la vacuna.

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Tras una recomendación emitida por la Sociedad de Pediatría (SUP), que aconseja vacunar a niños de entre 5 y 11 años de edad contra el COVID-19, la mayoría de los diputados de Cabildo Abierto decidió pedir una reunión para interiorizarse de las razones que hay detrás de la resolución. Inquietan a los legisladores los efectos secundarios de la inmunización.

La nota fue redactada por el diputado Eduardo Lust y firmada por: Rodrigo Albernaz, Sebastián Cal, Nazmi Camargo, Elsa Capillera, Rafael Menéndez, Martín Sodano y Carlos Testa; es decir 8 de los 11 representantes del sector que lidera el senador Guido Manini Ríos. Todos ya confirmaron la presencia en caso de concretarse el encuentro con los profesionales médicos que aconsejaron la vacunación de los menores.

Los diputados pretenden conocer los “fundamentos técnicos” y “los sólidos respaldos científicos”, que utilizó la SUP para recomendar la vacuna a niños sin que aún se haya pronunciado el comité asesor del Ministerio de Salud Pública.

En ese marco señalan que el pedido de reunión se hace en virtud de que los destinatarios de la vacuna no pueden resolver “por sí mismos” si inmunizarse o no -debido a su calidad de menores de edad- y expresan “la preocupación” y el interés que les han hecho llegar “madres, padres y abuelos”. Se aclara que “la reunión está despojada de todo contenido político y político partidario” y “lo que motiva a la misma es acceder a lo pedido para sumar esfuerzos en el combate a la crisis sanitaria que nos aqueja”.

Lust dijo a El País que “el vacunado no resuelve” y son los padres los que deben firmar el consentimiento informado, por lo que se requiere “mayor información de las razones por las que se recomienda vacunar”.

Por su parte, Capillera señaló a El País que apoya el pedido de reunión “para tener más claro el tema”. “Queremos exponer nuestro punto de vista, en mi caso el de la inmunidad natural. Mi hijo tiene 14 años y tuvo COVID-19 y no tuvo nada, ningún síntoma, ni fiebre ni malestar”, contó.

La legisladora, que optó por no vacunarse, señaló que en el caso de los niños más chicos, en torno a los cinco años, es más difícil que sepan transmitir si se sienten mal como consecuencia de la vacuna. “Los médicos quieren ser prudentes y actuar como prevención, pero no hay tanta evidencia científica y no se ha vacunado a tantos niños en el mundo”, dijo. Por lo que manifestó su preocupación por los efectos secundarios.

“Queremos saber, que nos digan personalmente y no por un informe público, que realmente recomiendan eso y en qué se basan, porque si fuera buena y no pasara nada no se pediría un consentimiento informado. Sería como antes con la varicela, iban a tu escuela y te vacunaban”, añadió.

Según dijo, si tuviera un hijo (de las edades en que se aconsejó la inmunización) no lo expondría por “decisión personal”. “¿Y si le pasa algo y el médico después no se hace cargo?”, preguntó la legisladora sobre la recomendación de vacunar a los niños que tienen entre 5 y 11 años. Por su parte Sodano, indicó que vacunó a sus hijos de 14 y 16 años, y que sobre la inmunización entre 5 y 11 aún no tomó posición. “Como todo padre quiero saber lo que es mejor para mis hijos”, argumentó sobre la necesidad de pedir información a la SUP.

Efectos.

El diputado César Vega, del PERI, hizo ayer una conferencia para anunciar una demanda al Ministerio de Salud Pública “por demorar información relevante” respecto al uso de tapabocas, efectos secundarios de las vacunas y la inmunización a menores de edad.

“Venimos a solicitar que todo se discuta públicamente y científicamente”, afirmó Vega. Según dijo, la probabilidad de un niño de sobrevivir a cualquier infección vinculada al COVID-19 es de 99,98%. “El argumento que usan muchos médicos de que hay que correr riesgos nos parece inadmisible, porque no es científico”, aseguró.

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