Usurpación, abuso de funciones y revelación de secretos: los delitos por los que la oposición denunció a Lazo

Usurpación de funciones -prevista en el artículo 166 del Código Penal-, revelación de secretos conocidos en el ejercicio de sus funciones, utilización indebida de información privilegiada y abuso de funciones. Esos son los delitos que los diputados y senadores de la oposición invocaron en la denuncia penal presentada en la noche del jueves contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos de sus asesores más cercanos, Damián Rojas y Daniel Marsiglia.

En el escrito, al que accedió El País, los legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente que integraron la comisión bicameral que investigó el proceso de compra y posterior rescisión del contrato con el astillero Cardama -José Luis Falero, Pablo Abdala, Gabriel Gianoli, Maximiliano Campo, Felipe Schipani y Gerardo Sotelo- atribuyen a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dirigente del MPP, haber participado e impulsado acciones “con apariencia delictiva” entre el 1º de marzo y el 1º de junio de 2025.

En concreto, como había informado El País en setiembre de ese año, se denuncia que Rojas y Marsiglia se presentaron públicamente y actuaron como “asesores” de la ministra durante ese período sin “contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”. Es decir, los asesores no tenían ningún vínculo formal con el Ministerio de Defensa (MDN) al momento de hacer varias indagatorias, que los denunciantes califican de “pesquisas” sin tener la potestad para hacerlo. Además, se los acusa de haber “manipulado información oficial y reservada en forma ilegítima”.

“En este carácter irregular, realizaron actuaciones y elaboraron informes con efectos jurídicos, investigaron e interrogaron a las máximas jerarquías de la Armada, accedieron a información confidencial vinculada a la defensa nacional y por ello sensible y reservada a las personas que por su jerarquía están habilitadas para hacerlo, con las responsabilidades que ello implica. Varios aspectos ‘coincidentemente’ empezaron a tener difusión pública en el ámbito periodístico y político”, acusa la denuncia penal.

Según el documento, el informe de Rojas y Marsiglia del 29 de marzo de 2025 -que resultó clave para la sanción a los contralmirantes Miguel de Souza, José Ruiz, el capitán de Navío Marcelo da Silva y el excomandante en jefe Jorge Wilson, que debieron cumplir arresto a rigor tras una investigación administrativa- fue elaborado de “manera irregular, secreta y sin garantías con consecuencias para terceros”.

“Da cuenta de actividades realizadas, tanto de investigación, recopilación y análisis de información reservada, interrogatorios a privados y a funcionarios públicos. Ninguno de ellos mantenía vínculo formal con el MDN, habiéndose no obstante reunido con el principal proveedor de la cartera y sus contratistas, accediendo y requiriendo información de un contrato de carácter confidencial en materia de defensa nacional”, se subraya.

En este orden, se describe que Rojas y Marsiglia mantuvieron reuniones con el director del astillero, Mario Cardama, con representantes de los proveedores para la construcción de los buques (Caterpillar, Terma, un escribano, Cintranaval), “representando indebidamente al MDN en el marco de un proceso bajo cláusulas de confidencialidad, sin contar con autorización formal alguna para acceder a dicha información reservada”.

Como ejemplo e información que hasta el momento no había trascendido públicamente, el escrito describe que el astillero Cardama denunció en junio de 2025 “la filtración a la prensa de información reservada, cuestionando el compromiso de seriedad del acuerdo suscrito con el Estado uruguayo”. “El correo filtrado era del 28 de mayo de 2025 y había sido dirigido también a Rojas, circunstancia que fue irónicamente destacada por el astillero español, al señalar que el nombre de Rojas aparecía tachado en la versión difundida”, consignaron los legisladores.

Un mail de similares características fue enviado por Cardama a la ministra el 25 de julio de 2025, luego de la filtración de los informes elaborados por los inspectores enviados a Vigo. En el mensaje, el empresario español señaló que en sus 110 años de historia nunca le había ocurrido algo similar con otro gobierno. “Esta actuación podría exponer al Estado uruguayo al incumplimiento de cláusulas de confidencialidad del contrato, lo que reviste suma gravedad”, se agrega en el escrito, que atribuye a Lazo la responsabilidad por haber instruido esta y otras acciones denunciadas que tenían como objetivo el posterior procedimiento disciplinario aplicado a los oficiales de la Armada.

Por estos hechos es que la oposición entiende que se fundamenta la imputación del delito de abuso de funciones a la ministra y de usurpación de funciones por parte de los dos adscriptos. Dicho delito establece: “El que indebidamente, asumiere o ejercitare funciones públicas, será castigado con pena de tres a doce meses de prisión. En la misma pena incurrirá el que, habiendo recibido oficialmente la comunicación del cese o de la suspensión de sus funciones, continuara ejerciéndolas”.

En el caso de Rojas, funcionario presupuestado de la Universidad de la República, al momento de su designación formal como adscripto del MDN se encontraba en pase en comisión en el despacho de la diputada Cecilia Cairo. Esto ocurrió a mediados de mayo, varios meses después de que realizara las indagatorias y elaborara el informe para Lazo.

Marsiglia, por su parte, fue autorizado a pasar en comisión al MDN desde el Ministerio de Desarrollo Social en mayo de 2025. Sin embargo, según destaca la denuncia penal a partir de información proporcionada por la Oficina Nacional del Servicio Civil, el traspaso se materializó el 15 de junio de ese año. Actualmente, Rojas presta funciones en Presidencia de la República, mientras que Marsiglia continúa desempeñándose en el MDN.

A lo largo de la denuncia, además de acusar a Lazo de haber mentido en el Parlamento sobre la situación funcional de sus dos asesores, de existir indicios de que había una decisión premeditada para que el contrato cayera y de cancelar el envío de los oficiales que debían hacer el seguimiento de la construcción de los patrulleros, la oposición sostiene que Fiscalía debe investigar hechos que califica de “graves”.

“La ministra dispuso, por resolución, una investigación administrativa sin el debido fundamento, anunciando un ‘análisis preliminar’ que no es otro que el informe irregular elaborado por su grupo de trabajo”, señala el escrito. Ese equipo estuvo integrado, además de por Rojas y Marsiglia, por Alfredo Maeso, en calidad de asistente letrado, y Carlos Visca. Para los denunciantes, esta actuación constituye una “acción arbitraria” de Lazo en el ejercicio de sus funciones y podría configurar un eventual delito de abuso de funciones, extremo cuya investigación solicitan a Fiscalía.

“Estos episodios documentan la omisión de Lazo en el cumplimiento de sus funciones, de las advertencias y denuncias que el astillero le hizo sobre las filtraciones sistemáticas de correos privados a su propia casilla de correo. En el marco de un contrato confidencial, las omisiones en que incurrió en uso de su cargo deberá ser valoradas por Fiscalía”, reafirmaron los denunciantes.