Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela están "en punto cero" a criterio del gobierno de Yamandú Orsi, que al asumir el poder el 1° de marzo lo hizo sabiendo que, durante el último año de la presidencia de Luis Lacalle Pou, el vínculo entre Montevideo y Caracas estaba seriamente dañado a partir de la expulsión de la misión diplomática uruguaya —y a la de varios otros países— que decretó en forma exprés el régimen de Nicolás Maduro por haber denunciado el fraudulento proceso eleccionario del 28 de julio pasado.

Las relaciones, no obstante, no se rompieron formalmente por aquella medida, que la Cancillería dirigida entonces por Omar Paganini calificó de "injustificada y desproporcionada" e indicó que respondía "de forma intempestiva a la legítima preocupación planteada por nuestro país y por la comunidad internacional ante las irregularidades y la falta de transparencia constatadas en el proceso electoral" de dos días antes. Uruguay también lamentaba en aquel momento que, de esa manera, se interrumpía "el vínculo con su país a los miles de venezolanos que han tenido que abandonar su tierra en los últimos años, y que encontraron en Uruguay su lugar de residencia permanente".

Pero también quedó cortado el vínculo para resolver cuestiones consulares, que hacen a la vida diaria de los uruguayos que viven en Venezuela y viceversa —que van desde el cobro de jubilaciones hasta la necesidad de un traslado por enfermedad terminal—, lo que generó preocupación al hoy canciller Mario Lubetkin, quien esta semana declaró en rueda de prensa que por justamente "no tener un mínimo de relaciones consulares con Venezuela todo se nos está complicando en ese país" y que por tanto el gobierno procuraba activar "algún mecanismo consular".

Eso se concretó este jueves, anunciado en un comunicado conjunto —publicado por ambos gobiernos— en el que se afirmó que se habían reactivado "los servicios consulares de Venezuela en Montevideo y de Uruguay en Caracas para atender las respectivas comunidades".

El objetivo se alcanzó tras varios días de intercambio entre las partes. Fue a iniciativa del canciller Lubetkin que en las últimas horas recibió la aceptación de las autoridades venezolanas, cuyo último pronunciamiento público referido a Uruguay había sido un duro mensaje del canciller Yván Gil, quien había expresado su "más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima". Todo eso por no reconocer a Nicolás Maduro como ganador de unas elecciones fraudulentas para buena parte de la comunidad internacional —y un explícito reclamo en ese sentido por parte de Lacalle Pou.

Sin embargo, para el gobierno de Orsi nada cambia en las relaciones de fondo entre ambos países, que no considera "rotas" porque "nunca se rompieron" sino simplemente inexistentes, indicaron a El País fuentes del Palacio Santos.

Esto significa que, más allá de definiciones semánticas sobre el régimen chavista y la legitimidad de su gobierno —como cuando, a los pocos días de haber asumido, Lubetkin adelantó que Uruguay no seguiría reconociendo a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela— Uruguay sigue sin aceptar el resultado electoral del 28 de julio de 2024, y no tiene previsto tampoco en el mediano plazo el envío de un nuevo embajador —que tuvo hasta fines de julio pasado, cuando Silvana Montes de Oca, ahora futura embajadora en Lima, debió correr a las apuradas al aeropuerto de Caracas.

La definición que tomó el gobierno se ampara en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (de 1963), sobre todo en su segundo artículo, en donde se establece que "la ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares", con lo que la Cancillería interpreta que ambos tipos de relaciones tienen una naturaleza independiente. "El objetivo es atender a los ciudadanos", remarcó la fuente consultada.

La falta del servicio consular, por otro lado, ha llevado al gobierno a desconocer, entre otras cosas, la cantidad de venezolanos en Uruguay que hoy no pueden regresar a su país y están en este país en condición irregular.