Tras revocación de sanción a anestesista, renuncia el director de Jurídica del Ministerio de Salud Pública

El director de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Martín Esposto, presentó su renuncia al cargo en medio de la controversia política generada por la marcha atrás en la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Según informaron fuentes del ministerio a El País, el jerarca elevó su dimisión al director general de Secretaría —de quien depende directamente su división—, Rodrigo Márquez, alegando un desgaste por la “alta exposición” mediática del caso.

La cartera, por su parte, “decidió aceptar la renuncia”, añadieron las fuentes.

Esposto tuvo un rol central en el expediente: firmó—en octubre de 2025— el informe que inicialmente respaldó la decisión de la ministra Cristina Lustemberg de rebajar la inhabilitación profesional de Miralles de cinco a tres años, y también puso su rúbrica en el documento posterior que recomendó revocar esa medida y restablecer la pena original.

En la breve carta de renuncia dirigida a Lustemberg, Esposto expresó que lo hacía por “razones personales” y que se sentía honrado por haber sido designado en primer lugar.

“Por la presente el comunico formalmente que razones personales me hacen presentar renuncia al cargo que me honró con su designación. Desempeñé el mismo con profesionalidad y con la tranquilidad y certeza de haberlo realizado con lealtad institucional y sobre todo personal. Aprovecho para manifestar el reconocimiento y agradecimiento a todo su equipo de trabajo”, dice la carta a la que accedió El País.

La decisión del mandatario de restituir los cinco años de inhabilitación se concretó tras un recurso de revocación presentado por Rosario Barrera, madre de la víctima, quien falleció luego de permanecer meses en coma tras una cirugía de vesícula en octubre de 2023.

Para dar marcha atrás con la resolución ministerial, Presidencia —previa consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC)— se tuvo en cuenta el segundo informe, que fue elaborado por la división jurídica a cargo de Esposto, finalizado el pasado 28 de octubre.

En ese documento, el MSP sostuvo que, si bien la rebaja dispuesta en octubre de 2025 estuvo “ajustada a derecho” según los elementos disponibles en ese momento, surgieron “hechos nuevos” que obligaban a la Administración a rectificar su acto.

En concreto, se hace referencia a “fundamentalmente al dictado de la sentencia del 18 de diciembre de 2025 que homologó el acuerdo abreviado promovido por Fiscalía de Flagrancia de 9° turno condenando a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable”.

Dos informes

En el último informe, fechado el 28 de octubre, el exdirector de Jurídica sostuvo que la condena de la médica por homicidio culposo, dictada en diciembre de 2025 tras un proceso abreviado, constituía un elemento novedoso que justificaba revisar la decisión de la ministra de reducir el período de inhabilitación.

Literalmente, Esposto —que es funcionario presupuestado de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)— recomendó hacer lugar al recurso presentado por Rosario Barrera (madre de la pediatra fallecida), revocar parcialmente la reducción de la sanción y elevarla nuevamente a cinco años para ser revaluada la rehabilitación antes del vencimiento del plazo por la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República.

Concluyó, para que se hiciera la revisión, que “Miralles reconoció su responsabilidad ante la Justicia de los hechos denunciados, "lo que no había ocurrido en las distintas instancias administrativas en las que se presentó y por tanto constituye un elemento clave a ser considerado a la hora de resolver el recurso”.

En tanto, en el informe de octubre de 2025, que dio lugar a la reducción de la sanción, Esposto había argumentado —antes de que se dictara la condena judicial— que, si bien el proceder de la Comisión de Salud Pública había sido “adecuado y correcto”, no se había explicitado “con claridad la sanción a aplicar”.

"No se puede hablar de falta de motivación en el accionar, pero sí de falta de motivación suficiente para imponer una sanción tan gravosa. Se entiende pertinente, en función de los principios de discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad, morigerar la inhabilitación dispuesta —mantenerla, pero reducir su extensión— y no hacer lugar a la suspensión del acto (cancelar la inhabilitación), únicamente en lo referente al quantum sancionatorio, que se reduce de cinco a tres años", había señalado el profesional en octubre de 2025.