Tras caso de hacinamiento en residencial, Vamos Uruguay reimpulsa tipificar como delito el maltrato a ancianos

Luego de que la Policía, alertada por vecinos, encontrara a más de 22 personas adultas mayores viviendo en condiciones precarias y de hacinamiento en un residencial clandestino —hecho por el que fueron imputadas la dueña y la encargada del establecimiento—, desde el Partido Colorado volvieron a impulsar un proyecto de ley presentado por la diputada Nibia Reisch que busca tipificar como delito —incorporándolo al Código Penal— el maltrato hacia ese sector de la población.

La iniciativa, presentada ante el Parlamento en febrero de 2025, propone tipificar el maltrato a las personas mayores como delito. El proyecto establece penas de entre seis meses de prisión y tres años de penitenciaría, además de una inhabilitación por 10 años para ejercer el cuidado de personas, de forma voluntaria o remunerada, cuando se compruebe el ejercicio de cualquier tipo de "violencia física, psíquica, emocional, sexual, patrimonial o económica", así como abuso o trato humillante contra un adulto mayor.

“La misma sanción se aplicará a los trabajadores de residenciales, hogares, casas de salud, centros diurnos, de inserción familiar, refugios o similares, que ejercieran en los adultos mayores que en ellos residan, se alojen o permanezcan, cualesquiera de los actos de violencia citados”, se agrega en el proyecto que consta de dos artículos. En el segundo se propone declarar el 15 de junio como el “Día de Toma de Consciencia y Lucha contra el Abuso y Maltrato en la Vejez”.

En la exposición de motivos, la representante por el departamento de Colonia —que recoge otras propuestas hechas previamente en la misma dirección— expresa que “el abuso de personas mayores constituye una violación de los derechos humanos".

Y agrega: “Los adultos mayores, en general, sufren de discriminación por edad, de una serio de prejuicios para con ellos y un rol poco participativo socialmente, pero también habría un número de adultos mayores, que sufre violencia, ya sea por parte de sus propios familiares o de personas que tengan a cargo su cuidados”.

En el caso de las dos mujeres imputadas este fin de semana, la investigación determinó que las 22 personas mayores de 65 años vivían en condiciones precarias, de hacinamiento, abandono, estaban mal alimentadas y con un deteriorado estado de salud.

A raíz de ello, la Fiscalía las imputó como presuntas autoras de reiterados delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia. Ambas deberán cumplir 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El allanamiento del hogar ubicado en Mateo Cabral y Comercio, en La Unión, se dio a las 22 horas de este viernes luego de que el Centro de Comando Unificado recibiera una alerta por gritos de auxilio —de parte de las víctimas— que provenían del interior de la casa.

La maniobra, según denunció el Ministerio Público, consistía en mostrar una casa en buenas condiciones a las personas y posteriormente eran trasladados a un anexo en pésimas condiciones edilicias y de higiene.