Tras caso de anestesista, proyecto de ley plantea “controles aleatorios” de consumo de drogas para médicos

Diputados del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley para endurecer la normativa que regula y prohíbe el consumo de drogas en el ámbito laboral, concretamente para el personal de salud. Este planteo, del sector Vamos Uruguay, se suma a la iniciativa presentada tiempo atrás por su líder, el senador Pedro Bordaberry, para registrar en audio y video los procedimientos en todos los blocks quirúrgicos del país.

Ambos proyectos surgieron tras el caso de Soledad Barrera, la pediatra de 41 años que murió producto de una mala praxis en una operación en 2023. En este caso, se señala que la anestesista Inés Miralles, condenada por la Justicia en diciembre a dos años de prisión domiciliaria por un delito de homicidio culposo que ella misma confesó en el marco de un acuerdo abreviado, tenía un problemático consumo de fentanilo. Esto último, sin embargo, no llegó a ser probado judicialmente.

El proyecto de ley —presentado este martes por los diputados Nibia Reisch, Walter Cervini, Maximiliano Campo y Mauricio Viera— plantea “prevenir, detectar, abordar y controlar situaciones de consumo problemático o desempeño bajo los efectos” de diversas sustancias para los trabajadores de la salud, y pone foco en la “áreas críticas” donde pueda haber “riesgo inmediato o grave para la vida o integridad de los pacientes”, como un CTI.

Actualmente, el consumo de drogas en el trabajo ya está prohibido, por el Decreto N° 128/016 del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, pero la iniciativa colorada lo endurece para los trabajadores de la salud y agrega nuevas disposiciones.

Por ejemplo, la normativa vigente ya establece controles en caso de que un funcionario presente “evidencia de no estar en condiciones de desempeñar su labor y con indicadores conductuales que podrían corresponderse con el consumo de drogas”.

Ahora, además de “por sospecha fundada”, se propone aplicar controles “aleatorios” en las mencionadas áreas críticas: “Las instituciones de salud deberán implementar controles toxicológicos aleatorios, periódicos y no discriminatorios para el personal que se desempeñe en áreas críticas o tenga acceso directo a medicamentos controlados de alto riesgo”.

También se obliga a las instituciones sanitarias a “implementar sistemas de registro, trazabilidad, conciliación, custodia y auditoría de medicamentos controlados de alto riesgo, desde su adquisición hasta su administración, descarte o devolución”. Esto incluye “opioides, anestésicos, sedantes, hipnóticos, psicofármacos y demás sustancias susceptibles de uso indebido o desvío”.

Asimismo, aquellos trabajadores que “tomen conocimiento fundado de que un integrante del personal asistencial ejerce bajo una afectación que pueda colocar a pacientes en riesgo sustancial” deberán comunicarlo a su superior y al MSP.

En ese caso, el funcionario identificado “deberá ser derivado a un plan terapéutico individual”, con un eventual reintegro precedido de una “evaluación favorable, seguimiento clínico, controles periódicos y dictamen de aptitud”. Todos estos casos serían incluidos en un registro reservado del MSP.

La cartera “podrá aplicar a las instituciones infractoras observación, apercibimiento, multa, suspensión de habilitaciones parciales, intervención de servicios, obligación de auditoría externa o las demás medidas previstas en la normativa sanitaria vigente, según la gravedad y reiteración de la infracción”.

En la exposición de motivos, los legisladores colorados argumentan que, “en los últimos años, Uruguay ha visto crecer la preocupación por situaciones vinculadas al uso indebido de sustancias de acceso hospitalario, particularmente opioides potentes como el fentanilo y fármacos anestésicos”.

Con respecto al decreto del gobierno de Vázquez, indican que es un “antecedente relevante”, pero que es un “marco general para todos los ámbitos laborales y no contempla suficientemente las particularidades del sector salud”.

El caso de la pediatra Soledad Barrera ocurrió cuando el 26 de octubre de 2023 ingresó a quirófano para que le extirparan la vesícula. La mujer entró en paro cardiorespiratorio, ingresó a CTI en estado vegetativo y 10 meses después murió.

Por este caso, fue condenada la anestesista Miralles e inhabilitada por el MSP a ejercer la profesión por un lapso de cinco años.

El hecho tomó estado público —y político— luego de que la ministra de salud Pública, Cristina Lustemberg, rebajara la inhabilitación a tres años, lo que provocó denuncias y fuertes críticas de la oposición.