En medio de la polémica por la rebaja de la sanción a una anestesista condenada por mala praxis —de cinco a tres años— que resolvió la ministra Cristina Lustemberg, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para que sea “obligatorio” el registro en audio y video de los procedimientos en todos los blocks quirúrgicos del país, como “garantía de calidad, seguridad y transparencia” para los pacientes y profesionales de la salud.
Daniel Montano, presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), dijo consultado por El País que si bien el objetivo del proyecto es “loable”, resultaría “bastante difícil de practicar”. Por un lado, porque “va a ir en contra de la intimidad del paciente, porque va a ser muy difícil mantener absolutamente reservadas todas las imágenes” de los procedimientos.
Pero además, agregó Montano, “va a ser muy difícil poder equipar todas las salas de operaciones con la infraestructura del país para tomar buenos registros de video y de audio”, lo que implicaría varias cámaras por sala. Por vía laparoscópica, por ejemplo, se puede registrar la imagen interior del paciente, pero no del entorno, como la visión del médico.
“Si el Estado quiere que eso se haga, lo tendrá que financiar”, añadió sobre las cámaras y el registro de audio, por cada sala de operaciones, que estimó implicaría una inversión de “millones de dólares”.
Montano puntualizó que desde el SAQ no tienen “ninguna objeción” con el hecho de que los profesionales sean filmados, salvo que se transgreda una ley vigente. Esto también considerando que les gustaría tener “más elementos” para defenderse frente a demandas judiciales, donde es relevante demostrar que el procedimiento se hizo correctamente.
Lustemberg señaló en el Parlamento esta semana que tenía la “mejor disposición” de evaluar el proyecto de Bordaberry. “De hecho, en este procedimiento había cámaras de videovigilancia en el área del block, pero no sabemos por qué después se borró la grabación”, indicó sobre el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
“Uruguay tiene pendiente esta deuda con sus pacientes y con sus profesionales de la salud (…). La tecnología está disponible. Los argumentos son maduros. La experiencia comparada es positiva. El marco jurídico es compatible. El momento de actuar es ahora”, remató Bordaberry en la exposición de motivos del proyecto, que ingresó a la Comisión de Salud Pública del Senado.