Lo primero que dejó en claro el presidente Luis Lacalle Pou al iniciar la reunión que convocó ayer de tarde en Torre Ejecutiva con las autoridades que enfrentan la crisis por el agua, era que el escenario a analizar de aquí al mediano plazo sería asumiendo que no volverá a llover.

Y fue partiendo de esa “base” -como lo iba a decir luego en conferencia de prensa- que comenzó entonces un encuentro que algunos definieron como “de trabajo”, en el que cada uno hizo un balance del estado de situación según su perspectiva y rol funcional, y que concluyó en el anuncio de una serie de nuevas medidas (ver recuadro), que van desde el inicio de una obra en el río San José para reforzar la escasa reserva de agua dulce del área metropolitana, hasta la reducción de impuestos para la compra de botellas de agua.

Son medidas que abarcan todo el espectro de los organismos y ministerios involucrados, porque a las anteriores se suma la extensión del subsidio de dos litros de agua embotellada diarios para la población vulnerable que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social -y que el presidente resaltó-, y la centralización y periodicidad que tendrá a partir de ahora la comunicación del gobierno. Esto último involucra a Presidencia de la República y al Ministerio de Salud Pública y la propia OSE, porque en la comunicación periódica que dará a partir de ahora el Poder Ejecutivo (empezando ya esta semana y a la manera usada durante la pandemia por el coronavirus) estará la calidad del agua que se ofrecerá a los ciudadanos del área metropolitana. E incluso se desagregará por tipo de población según su condición sanitaria para buscar que esos “partes diarios” que se brindarán tengan el máximo de detalles posible, indicaron fuentes del gobierno. “Vamos a mantener informada a la población de la calidad del agua -dijo al respecto Lacalle Pou-, del suministro, (y) eventualmente de los días que puedan quedar de determinada cantidad de agua por delante”.

Por otro lado, y esto fue anunciado en la reunión, de aquí en más los anuncios se divulgarán de manera centralizada: o los hará, como ayer, el jefe de Estado o, si no, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

A todo esto, el mandatario también declaró la emergencia hídrica, lo cual -además de tener su efecto simbólico- sirve también para facilitar la burocracia en las compras esenciales para la obra que busca crear un embalse en el río San José.

El suministro, fue enfático Lacalle Pou, está “asegurado”. Eso sí, como lo dijo a propósito de la comunicación diaria sobre la situación, la variable “calidad” ahora ya no puede garantizarse: “Después les comentaremos la calidad de la misma -fueron las palabras del presidente-, si en algún momento se deteriora o hay algún cambio previsto”.

El problema -esto está claro más allá de que sea la variable despejada en el análisis del gobierno- son las lluvias y la sequía histórica que sufre Uruguay desde hace tres años, y que ha obligado a la OSE, previa autorización del Salud Pública, a superar con creces los máximos niveles permitidos de sodio y cloruros en condiciones de normalidad.

Y los pronósticos del Inumet han sido erráticos, lamentan en el Ejecutivo. El 16 de mayo, cuando Delgado había dicho que, al contrario de la perspectiva expresada ayer por el presidente, se creía viable dar por sentado que no se variaría “el nivel de suministro de agua” que había entonces hasta que llegaran “las lluvias que cambien la contingencia”, lo había afirmado con la confianza de que estas llegarían a corto plazo. Lo hicieron el 26 de ese mes, y hubo algunas precipitaciones más en los días siguientes, pero los nuevos “pronósticos de lluvia fallaron” y eso ha complicado el panorama.

“Seguramente se eleven las cifras” de los cloruros y el sodio, señaló el presidente. “Estamos hablando con los técnicos del Ministerio de Salud Pública hasta dónde podemos llevar esos registros para que siga siendo bebible esa agua, que es nuestra primera meta”, agregó ayer en la conferencia.

¿Cuántos días quedan de certeza sobre el suministro de esta agua que hoy reciben los uruguayos del sur al abrir la canilla? Eso no fue especificado.

¿Se tomaron a tiempo las medidas o el gobierno analiza con autocrítica si este escenario se podía haber previsto con anticipación? El río San José, dijo Lacalle Pou, está disponible ahora y no antes para hacer el trasvase al Santa Lucía. “Estas son las nuevas medidas que tenemos para tomar”, fue lo otro que afirmó el presidente en respuesta a esa pregunta y añadió que también debía tomarse en cuenta la planta potabilizadora de agua del Río de la Plata que se hará en Arazatí.

Foto: Estefanía Leal

Las obras para construir una represa en el río San José que genere un embalse de agua dulce para compensar el estado crítico de Paso Severino -la principal reserva de agua potable de la zona metropolitana, cuyo nivel baja dramáticamente día a día- costará cerca de US$ 20 millones, detalló el presidente en la conferencia de prensa. Y a esto se suman los US$ 10 millones que el Estado dejará de recaudar en la baja impositiva de las botellas de agua. El dinero, dijo Lacalle Pou, no frenará las medidas “necesarias” en este momento.

La construcción es compleja, porque el objetivo es reforzar el río Santa Lucía, para lo cual habrá que generar la infraestructura adecuada, que consistirá en cañerías y eventuales canales que pueda trasladar el agua de un punto ahora distanciados por varios kilómetros.

“La obra del embalse empieza mañana (por hoy)”, dijo Lacalle Pou, que añadió: “Ya se ha encargado la cañería, en este caso a Brasil, y un plastiducto a la Argentina”, más otros materiales que llegarán en las siguientes semanas.

La primera parte de la construcción, la referida al embalse, se supone que se completará en “10, 12 días”, siguió el mandatario. Pero en total, el tiempo que llevará toda la obra y la puesta en marcha del sistema será de cerca de un mes.

Esta es una opción que OSE venía manejando desde hace varias semanas, como indicó El País días atrás.