Redacción El País
El Parlamento aprobó por unanimidad un proyecto de ley que perdona deudas a unos 25 mil deudores que asumieron créditos para la compra de viviendas, por hasta US$ 590 millones. Así, el oficialismo cumple con una promesa que el presidente Luis Lacalle Pou realizó el 2 de marzo ante la Asamblea General.

El diputado nacionalista Federico Casaretto estimó que los potenciales beneficiarios son unos 10.000 deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), por US$ 330 millones, y 15.000 deudores de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV), por un total de US$ 260 millones.

El artículo 2 de la ley establece que se perdona la deuda por préstamos hipotecarios o promesas de compraventa cuando “el crédito se encuentre nominado en Unidades Reajustables (UR)”, “hubiere sido otorgado para la adquisición, construcción o reparación de la vivienda propia”, “el titular del crédito sea una persona física” y el “crédito se encuentre vigente”, lo que significa que “se puede tener un atraso máximo de dos meses”, explicó el senador blanco Sergio Botana a El País. Además, se establecen otros requisitos que generaron controversia, como que “el crédito original no haya superado los US$ 80.000 de la fecha de su otorgamiento”.

La presidenta del BHU, Casilda Echevarría, lamentó esta condición, ya que alerta que un inmueble comprado por US$ 80.000 hoy alcanza valores de US$ 300.000. “¿Dónde está la focalización con criterio social? De comisión venía con un tope de inmuebles (de) US$ 180.000 a valor de hoy”, publicó Echevarría en la red social de X.

Casaretto fundamenta el cambio que introdujo Diputados y responde a la presidenta del BHU. “Lo que decía el proyecto de ley era ‘US$ 180.000 valor remate’, y ‘el valor remate’ son dos tercios del valor real, por lo tanto los US$ 180.000 de valor remate son US$ 270.000. Ella dice que los US$ 80.000 del año en que se tomó el préstamo serían US$ 300.000 al valor de hoy. Creo que US$ 30.000 no es una diferencia abismal como para que la presidenta del BHU se sienta ofendida por esto. Creo que le faltó sacar cuentas y leer el proyecto de ley original”, dijo el diputado blanco.

Botana cuestiona ese tope de US$ 80.000 que agregó Diputados, ya que considera que “va a dejar a algunos miles (de deudores) afuera” del beneficio, aunque no tiene una estimación sobre cuántos. Para el senador blanco, que solo puedan beneficiarse por esta ley los que contrajeron créditos de hasta US$ 80.000 implica que queden comprendidos todos los que contrajeron deuda antes del 2002, pero entre quienes lo hicieron luego de ese año “quedan algunos afuera”. Botana aclaró que “si hay mucha gente que rebota” al pedir el perdón de su deuda, se le va “a encontrar una solución”.

Los beneficiarios deben cumplir además con otros dos requisitos: que “la deuda hubiere sido asumida por su actual titular con anterioridad al 1° de enero de 2009” y que “se encuentre al día en tributos nacionales y departamentales sobre el inmueble garantía de crédito”.

A su vez, los créditos se considerarán extinguidos a partir de 180 días de la creación de un fideicomiso que crea la ley si el deudor cumple además con otras tres condiciones: que “hayan transcurrido 40 años o más desde la asunción de la deuda por su actual titular”, “en los 10 años previos al momento de aplicación del beneficio (…) se hayan abonado un mínimo de 110 pagos” y “el saldo de capital a pagar considerando el 65% de los colgamentos al momento de aplicación del beneficio sea igual o inferior al 65% del capital adeudado al momento de la asunción del crédito por su actual titular”. Esto significa que el beneficiario deberá haber saldado al menos el 35% del capital del préstamo. La presidenta del BHU criticó que puedan acceder al beneficio quienes no hayan pagado el 50% del crédito, ante lo que Casaretto responde que por ley el banco lo primero que cobra son los intereses y luego el capital.