El pasado 19 de junio el presidente Luis Lacalle Pou decidió decretar el estado de emergencia hídricaen el área metropolitana, ante la prolongada sequía que desde el año pasado afecta a Uruguay y cuya principal consecuencia hoy es un severo problema en la calidad del agua potable que OSE suministra en el sur del país.

Ese día el presidente pidió a sus colaboradores que le plantearan diferentes escenarios y posibles alternativas con carácter preventivo, a los efectos de anticipar un seguro agravamiento de la situación. La consideración de diferentes propuestas desembocó días después en una serie de medidas que terminaron de concretarse el martes pasado.

Los recursos que serán necesarios para aplicarlas será canalizados a través del nuevo Fondo de Emergencia Hídrica, a través del que se hará frente a todos los costos no previstos que se originen por la emergencia.

La semana pasada, a través de una ley y un decreto, se dispuso la eliminación de la tasa del Impuesto Específico Interno (Imesi) y la exoneración de IVA a la venta de aguas embotelladas y sodas. Allí hay una renuncia fiscal de unos US$ 10 millones por mes. También se dispuso un conjunto de medidas de apoyo económico y donaciones a ciertos grupos de riesgo afectados por la situación. Medidas que fueron complementadas este miércoles, con nuevas disposiciones.

El Ministerio de Desarrollo Social resolvió extender la población beneficiaria de la entrega gratis de dos litros de agua embotellada por día. Esta medida, según el ministro Martín Lema, abarcará a unas 420 mil personas. Comprenderá a los hogares vulnerables que reciban Asignaciones Familiares. También a los usuarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), personas que vivan en la calle o víctimas de trata. Será incorporados además aquellos que reciban pensiones o asistencia a la vejez en Montevideo y en Canelones.

La medida se suma a lo ya dispuesto para embarazadas y niños menores de dos años y jubilados y pensionistas con prestaciones mínimas, con lo que se abarcará en total a unas 540 mil personas. En este caso, el gasto supone unos US$ 13 millones mensuales.

En diálogo con El País el ministro Lema valoró la decisión de facilitar los dos litros diarios por día a todos estos colectivos, que supone una cantidad mayor al consumo diario de agua de una persona en Uruguay. El titular del Mides remarcó el hecho de que Lacalle Pou aceptara ir hacia el "máximo escenario" y avalara la propuesta de amparar a todos estos grupos de personas. La otra opción, apuntó, era ir en forma escalonada comenzando solo con determinados sectores. También que, en el caso de los hogares con menores, se decidiera contemplar a todas personas que convivan en esos hogares. Las medidas referentes al acceso al agua embotellada comenzarán a ser aplicadas esta semana.

La razón: Lacalle Pou optó por cubrir todas las necesidades posibles en caso de que, si la crisis se prolonga, el gobierno se vea obligado a avalar un nuevo incremento en los niveles de cloruros y de sodio en el agua de OSE en esta zona del país. Todas son, insistió Lema, disposiciones "preventivas" ya que, indicó, el agua en el área metropolitana sigue siendo bebible.

Más allá de los problemas en la calidad del agua, el gobierno reconoce que la crisis ha dejado en una posición vulnerable a ciertos sectores de la población, ya sea por motivos sanitarios o económicos. También afirma que la situación ha comenzado a "resentir seriamente" en algunos sectores de la actividad privada, que han empezado a recurrir a una reducción parcial o total de sus actividades y a enviar a una "cantidad elevada" de trabajadores al seguro de desempleo.

En diálogo con El País el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló una afectación particular en el sector citrícola, afectado por una zafra deficiente a raíz de la escasez de lluvias. El ministro anunció que pedirá una prórroga en el seguro de paro especial para esta actividad, que involucrará a unas 500 personas.

"El alto costo que conlleva la instrumentación de las medidas adoptadas requiere un gran esfuerzo de parte de toda la sociedad", dice el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley, al que accedió El País, en el que pide el aval para la creación de este fondo de emergencia y que —al igual que sucedió con el Fondo Coronavirus— será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El fondo se nutrirá a través de diversas modalidades: recursos provenientes de organismos internacionales y multilaterales de crédito, contribuciones de personas públicas no estatales —previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— donaciones nacionales y extranjeras y los aportes que provengan de Rentas Generales.

Entre otros aspectos, servirá para "sostener" a los servicios de salud en atención a una posible afectación a los sectores vulnerables, además de apoyar a las personas que más se vean afectadas en sus trabajos por la situación. También, "apuntalar" a los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social, a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Banco de Previsión social (BPS) en estas acciones a través de erogaciones directas o el pago de prestaciones.

El fondo prevé, por otra parte, contemplar la caída en la recaudación que experimentará la Dirección General Impositiva (DGI) a raíz de todas las exoneraciones tributarias que se dispongan relacionadas a la emergencia hídrica.

Al igual que sucedió con la emergencia sanitaria, la futura ley obligará al Poder Ejecutivo a rendir cuentas de lo actuado ante la Asamblea General, en los 180 días posteriores al vencimiento de la vigencia del fondo, que durará tanto como dure la crisis. Será el propio gobierno el que —al igual que en otros casos similares— determinará el momento en que la emergencia hídrica pueda finalizar.