Qué rol cumplió Lacalle Pou en la última prórroga de garantía otorgada a Cardama, según Castaingdebat

En su comparecencia ante la comisión especial que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV), el exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, fue consultado puntualmente sobre el rol que desempeñó el expresidente de la República Luis Lacalle Pou durante el proceso que culminó con la aceptación de la garantía presentada por el astillero Cardama, que posteriormente se comprobó que era falsa y derivó en la decisión del actual administración de rescindir el contrato por 82 millones de euros.

Aunque el nombre del líder del Partido Nacional ya había sido mencionado en otras sesiones, este lunes el Frente Amplio explicitó sus cuestionamientos al preguntar por la responsabilidad política del expresidente. Castaingdebat, en tanto, asumió que la decisión fue suya y que posteriormente informó a Lacalle Pou.

Concretamente, Joaquín Garlo y la diputada María Inés Obaldía se enfocaron en la prórroga brindada por el gobierno pasado de 72 horas en los primeros días de setiembre, cuando en agosto se había pedido la redacción de un documento de “no entrada en vigor” del acuerdo por parte del Ministerio de Defensa.

Fue durante ese período, luego de que fracasara la posibilidad de que Cardama constituyera una garantía en efectivo a través de Abitab, cuando apareció la garantía de Eurocommerce, que en octubre de 2025 se comprobó que era falsa (el exministro insistió que hasta ese momento nunca se había planteado que fuera trucha).

“Espero que sea de sentido común consultarlo si para este aplazamiento de las 72 horas usted consultó al presidente de la República”, planteó Obaldía.

En respuesta, Castaingdebat dijo que la decisión la tomó él. “El presidente de la República nos depositó la confianza el día que nos designó ministro. En este proceso el presidente intervino cuando, frente a todas las presiones que había —en referencia a los lobbys— decidió avanzar en la adquisición de las OPV que podía ser construcción o compra. Las decisiones las tomamos nosotros. Indudablemente que el presidente —ya lo ha declarado públicamente— estaba informado de todo, pero quienes toman las decisiones son las jerarquías del ministerio”, contestó el exministro.

En replica, la representante de La Amplia preguntó: “¿En concreto, usted no hizo una pregunta directa?”

“En la medida en que yo tomo una decisión, la tomo yo. Sí creo —estoy convencido y lo volvería a hacer— en comunicarle al presidente: estamos en esto, tomé tal decisión. Y si el presidente entiende que yo le estoy errando, me tendrá que sacar. El presidente siempre estuvo informado de lo que sucedía en el Ministerio de Defensa”, dijo el exministro, quien asumió que la decisión de otorgar las sucesivas prórrogas al astillero fue suya, incluida la última, de 72 horas, concedida tras varios meses de extensiones debido a la imposibilidad de constituir previamente la garantía de fiel cumplimiento por el valor del 5% del contrato.

Según surge de la versión taquigráfica, Castaingdebat defendió la decisión del gobierno de concretar la compra de las OPV después de 20 años y el camino jurídico elegido para hacerlo —que contemplaba la exigencia de garantías, aunque, según afirmó, podía haberse optado por otro mecanismo—. En ese sentido, insistió en que lo ocurrido respondió a "un proceso" y no a hechos aislados.

“En todo el proceso de constitución de garantías ninguna entidad del Estado, nadie, absolutamente nadie, ni el estudio Delpiazzo aconsejó al Ministerio de Defensa no seguir adelante con las garantías. El estudio Delpiazzo si bien dijo que ellos se remitían al tema contractual y jurídico, fueron un poquito más, porque terminaron convalidando un apostillado. Pero no importa. En ningún momento el estudio, ni ningún organismo del Estado le dijo al ministro, o le aconsejó, porque no le puede decir lo que tiene que hacer; en definitiva la decisión final es del ministro, como tiene que ser, y no hay que echarle la culpa al secretario ni a mandos medios. Aquí las definiciones en el Estado son de las jerarquías”, reafirmó y asumió Castaingdebat.

La garantía de Eurocommerce fue aprobada finalmente el 29 de noviembre de 2024 cuando Mario Cardama arribó a Montevideo con la garantía apostillada y los papeles, luego de que Delpiazzo comunicara a Defensa que la apostilla era correcta.

No obstante, el estudio había advertido mientras se constituía la garantía, que algunos de los ajustes propuestos por el astillero le llamaron la atención porque carecían de "sentido jurídico". Además, planteó reparos sobre la falta de diligencia en el asesoramiento legal que recibía la empresa, al señalar inconsistencias en la documentación presentada.

En esta dirección, el exministro recordó que fueron muchas más las garantías que se rechazaron que las que se aceptaron. “Durante el proceso fueron muchas más las garantías que se rechazaron que las que se aceptaron. Algunas hasta sin mucho fundamento, como una que era de un banco de Camerún y no nos dio ganas ni de empezar a ver. Fueron muchas las exigencias que se impusieron. No sabíamos que íbamos a terminar en esto, pero sabíamos que era un tema muy politizado. Lo que sí es claro —pero no de ahora —es que las presiones son inmensas. ¡Sacá la cuenta de la comisión que cobra alguien por traer esto en un negocio de US$ 100 millones! ¿1 %? ¿2 %? ¿3 %? Hay mucha plata en juego para que haya muchos actores. Una gran mayoría que fueron efectivos de la Naval y hoy están asesorando o son representantes de diferentes empresas. Las presiones son permanentes. Por algo llevamos 20 años discutiendo esto y no habíamos podido avanzar. Las presiones han sido brutales. No solo son políticas, también son económicas, sectoriales”, relató.

El caso Cardama provocó una de las escasas apariciones públicas del expresidente Lacalle Pou luego de dejar el cargo, cuando en octubre se hizo presente en la Casa del Partido Nacional para respaldar a los que eran sus ministros —Javier García y Castaingdebat— durante las diferentes etapas del proceso.