DECRETO REGLAMENTARIO

La decisión fue anunciada en la campaña electoral. Para los blancos las ocupaciones de los lugares de trabajo no son una extensión del derecho de huelga, como sí lo entendieron los tres gobiernos del Frente Amplio del 2005 a 2020. Por eso, tras el triunfo Luis Lacalle Pou impulsó el cambio de la normativa para cumplir con el pedido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo hizo en la Ley de Urgente Consideración (LUC), y el jueves 15 reglamentó esa parte de la ley, derogando la normativa que impulsó el Frente y planteando un nuevo sistema de proceso de conciliación y desalojo.

La noticia no fue una sorpresa para los dirigentes sindicales del Pit-Cnt, pero sus autoridades señalaron de forma pública que la fórmula encontrada es ilegal, pues va más allá de lo establecido en la LUC.

Incluso uno de sus más importantes referentes, el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo a El País que independientemente de la normativa que promueva el gobierno de coalición, las ocupaciones en los lugares de trabajo se seguirán haciendo, si así lo amerita el conflicto. “Cuando se tenga que dar se va a seguir dando; no cambia nada”, consideró.

Para el dirigente del Pit-Cnt, la decisión del gobierno se enmarca en una estrategia de combatir al movimiento sindical. “La reglamentación tiene un tufillo tan antisindical que en su considerando mencionan un decreto ley de la dictadura, cuando los sindicatos eran ilegales y hacían desaparecer a los militantes del movimiento obrero con el terrorismo de Estado”, opinó Abdala.

El dirigente del sector metalúrgico comentó que el camino para “enfrentar” esta decisión del gobierno es buscar la derogación de la LUC mediante un referéndum. Para eso han pedido el apoyo del Frente Amplio, que resolvió ayer acompañar la iniciativa.

A pesar de las críticas del Pit-Cnt, desde el gobierno el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a El País que “lo que se busca es homogeneizar la situación con respecto a los trabajadores públicos y privados”.

El integrante del Poder Ejecutivo remarcó que la reglamentación del artículo 392 de la LUC fue previamente conversada con el Pit-Cnt, y comentó que se le hicieron correcciones a la idea original tras el diálogo con los sindicalistas.

Mieres explicó que se estableció que el Ministerio de Trabajo va a actuar en primer lugar, antes que el Ministerio del Interior. “Solo si no logra que haya un cambio en la actitud de quienes están violando la norma (ocupando), en ese caso se da cuenta al Ministerio del Interior; esto es, el empleador no debe apelar al Ministerio del Interior sino al Ministerio de Trabajo, y es el Ministerio de Trabajo el que luego tiene que, si no logra resultados, avisar a Interior”, explicó.

Mieres dijo que era obvio que el Pit-Cnt no estaría a gusto con la decisión. Pero aseguró que tanto el artículo de la LUC como el decreto están en línea con las definiciones de la OIT. Uruguay fue observado por ese organismo debido a la normativa previa sobre ocupaciones.

“Esa discusión la dimos en la campaña electoral y todos los partidos de la coalición anunciamos que íbamos a modificar esas normas que suponían un manejo abusivo de formas de conflicto que coliden con los derechos”, recordó. Mieres explicó que se busca garantizar el derecho del huelguista a hacer huelga -“que no se toca”, dijo- pero se le pone límites para hacer valer los otros derechos de aquellos trabajadores que no están de acuerdo con las medidas gremiales de lucha.

EL GOBIERNO

Pablo Mieres, ministro de Trabajo

“Lo que se busca es homogeneizar la situación con respecto a los trabajadores públicos y privados. Lo conversamos y negociamos con el Pit-Cnt y las cámaras, o sea que ellos sabían. Incluso tuvimos cambios en la redacción en más de una oportunidad”.

EL PIT-CNT

Marcelo Abdala, secretario general

“La reglamentación tiene un tufillo tan antisindical que en su considerando mencionan un decreto ley de la dictadura, cuando los sindicatos eran ilegales y hacían desaparecer a los militantes del movimiento obrero con el terrorismo de Estado”.