PARLAMENTO

La organización “Libertad Sanitaria”, a la que adhieren unas 10.000 personas, presentó un proyecto de ley en el Parlamento que pretende indemnizar a todo aquel que presente algún efecto adverso tras recibir vacunas recomendadas o aquellas que estén en el esquema obligatorio.

Uruguay administra 13 vacunas en su esquema obligatorio, lo que incluye, por ejemplo, las inmunizaciones contra la tuberculosis (BCG), difteria, tos convulsa (pertussis), tétanos (DPT), poliomielitis (OPV), sarampión, rubéola y paperas.

La iniciativa, que fue enviada al Poder Legislativo a través del Nuevo Programa de Participación Ciudadana (Propaci), busca “compensar los daños por vacunas recomendadas e incluidas en el calendario vacunal de Uruguay”.

¿COVID-19? La propuesta -al menos por ahora- no comprenderá a las vacunas contra el COVID-19, informaron en el grupo a El País.

Sin embargo, la organización envió ayer un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud Pública (MSP) en el que solicitó datos sobre los efectos adversos de las dosis contra el COVID-19. Tras esto volverán a evaluar si es pertinente incluirlas en el proyecto.

Pero, esta no es la única propuesta de la organización. Libertad Sanitaria también solicitó declarar de interés general el Programa Nacional de Vacunas, de manera de “lograr la prevención óptima de las enfermedades infecciosas a través de la vacunación voluntaria y subordinada al respeto a los derechos individuales”.

Además, plantea la creación de una Agencia Nacional de Farmacovigilancia (ANF) para realizar un seguimiento de las vacunas.

Libertad Sanitaria es una iniciativa ciudadana creada en 2016 y que dice velar por el respeto y la difusión de los derechos individuales en temas de salud.