La prohibición de vender alimentos con octógonos en los centros educativos llevó a la gremial de las cantinas al Parlamento. No se posicionaron en contra de la normativa, pero aseguraron que se están perdiendo fuentes de trabajo. Sucede que los estudiantes no se adaptan a la comida saludable y compran afuera o piden delivery. Así lo plantearon ante la comisión de Salud del Senado, después de presentar reclamos ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
La queja de los cantineros llega después de la prohibición —a partir de enero de 2024— de publicitar productos con los octógonos que indican exceso de sodio, azúcares, grasas y grasas saturadas.
La medida se tomó para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, y también para promover una alimentación saludable en lugares que concentran a todos los niños y adolescentes.
En el Parlamento, Silva López, concesionaria de la cantina del Liceo N° 4 de Maldonado e integrante de Cantineros Unidos del Uruguay, explicó que están de acuerdo con que “los chiquilines tienen que tener una mejor alimentación”, pero aseguró que es “muy difícil educar” a quienes “no tienen esa costumbre” por las “pocas horas que están en el liceo”.
“Lo vemos con los que tienen becas; si a los chicos que almuerzan les das un canelón, te lo tiran a la basura porque en la vida vieron uno. No es una comida superextraordinaria, no es que les das sushi. Ese es el tema: no tienen educación alimenticia, que es lo que nosotros planteamos el otro día cuando fuimos al MSP”, indicó López a los senadores.
La cantinera agregó que la “problemática” que se intenta atacar con esta ley “es mucho mayor” a que si venden “un alfajor y un Colet” en el centro educativo.
Y añadió: “Es muy difícil y tampoco —como planteamos el otro día en el ministerio (de Salud Pública)— hay una dinámica de trabajo clara. Viene una inspectora que a mí me dice una cosa, a ella (otra cantinera) le dice otra. Los directores de los centros educativos tampoco saben cómo respondernos y, entonces, la problemática pasa a ser mayor. Porque las cantinas, con lo que pagan de alquiler en los liceos y de impuestos, se van y se ponen un quiosco en la esquina”.
A entender de la gremial, la prohibición no cambia, “de verdad”, la “dinámica alimenticia” a los alumnos.
En la ANEP, cuando concurrieron en búsqueda de soluciones, se les planteó —según el relato de López— la “preocupación de muchos directores” que ya no tienen cantinas en sus centros educativos. En esa línea, la cantinera señaló a los senadores: “Nadie quiere agarrarlas porque no sirven. Nadie quiere licitar porque son más problemas que soluciones. No es redituable. Pagás un montón de impuestos —que tenés que tenerlos al día—, un alquiler y también un sueldo”.
Desde ANEP se explicó a El País que se aceptó la necesidad de un intercambio sobre el asunto, pero todavía no se planteó a nivel del Consejo Directivo Central (Codicen).
Los cantineros, a su vez, plantearon en el MSP —según contaron en comisión del Senado— que “muchas cantinas no tienen cocineros como propietarios”, por lo tanto, dada las medidas de comida saludable, “quizá tenés que contratar” a uno, que tiene un sueldo “muy alto”. “Hay que buscarle la vuelta para ver cómo te dedicás a vender ese tipo de alimentos y, obviamente, también mantenerte”, añadió López.
A su relato se sumó el de Soledad Maidan, cantinera del Liceo Nº 24 de Paso de la Arena. La concesionaria dio un ejemplo de los problemas que enfrentan: en un día de la semana pasada se prepararon 20 viandas, pero hubo paro y solo fueron cuatro personas al centro educativo. “Las sobrantes se tiraron y eso implica un montón de comida desperdiciada”, añadió.
El control del MSP
Más allá de los reclamos de las cantinas, el MSP detectó en 2025 varios incumplimientos en la medida que prohíbe la venta de alimentos con octógonos.
Tras el relevamiento en 232 centros educativos, se encontró que en el sector público, a nivel Inicial y Primaria, ninguno de los locales tenía productos con advertencia de “exceso”. Pero ese panorama de 0% no se repitió en los liceos públicos, ni en locales de UTU, donde sí se hallaron cantinas con productos prohibidos de ser comercializados. No cumplían con la normativa el 30,3% de los locales relevados en Montevideo y el 47,62% de los del resto del país.
En la educación privada, a diferencia de la pública, sí se descubrió comercialización de comida con “exceso” en Inicial y Primaria. En Montevideo, el 20,69% de los centros de Inicial y Primaria privados tenían productos no recomendados, a un nivel similar al de Secundaria (18,64%). En el resto del país, el incumplimiento fue aún mayor: 40% para los más chicos y 36,36% en los liceos