Redacción El País
Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), apuntó este miércoles contra los actores políticos que solicitan su renuncia al ente al considerar que es inconstitucional su función por ser colono. "Algunas personas que están en política caen muy bajo, se ve la miseria humana", expresó.
"Si es constitucional o no lo dirán los juristas. Antes de asumir me asesoré jurídicamente y me dijeron que no era incompatible", aseguró Viera en entrevista con Arriba Gente (Canal 10), y remarcó que en el artículo 200 de la Constitución se hace referencia a las personas dependientes, pero no a los arrendatarios, como es su caso.
"Siempre dije que era colono, todo el mundo lo sabe. Lo dije el primer día que asumí", enfatizó.
Consultado por la causa que esgrimen algunos senadores de que al votar la venia no se especificó que él era colono, Viera dijo que "ser colono no es una actividad. Estar arrendando un campo no es un mérito" y que al detallar la actividad para que se voten los cargos en el Parlamento "lo que figura es qué formación tiene". "No soy dependiente, no soy funcionario. Yo pongo mi actividad, qué formación tengo, no que soy arrendatario".

Conflicto de intereses por los campos de colonización
Para Viera, la compra de la estancia María Dolores —un campo de más de 4.000 hectáreas en Florida— por US$ 32,5 millones de dólares "es un tema saldado", aunque "lo seguirá adelante la parte de jurídica". En tanto, apuntó con suspicacia al trasfondo de este conflicto.
"Detrás de esto hay una presión muy grande, era un campo vendido a uno de los empresarios más fuertes del Uruguay. (...) ¿Qué pasó atrás de esto? Porque primero se dijo que era una locura y ahora se dejó ese argumento y empezaron a atacar al presidente. ¿Recién ahora se dieron cuenta que el presidente es colono?", disparó.
"Acá hay una lucha muy fuerte de clases. Hay muchas familias en el interior que viven en el campo gracias a Colonización. Hay por parte de algunos actores políticos un claro desprecio hacia los pobres. En este caso a la gente del campo", agregó.
Consultado por si estaba dando a entender que actores políticos que salieron a denunciar esta compra, como el senador Sebastián Da Silva, podrían tener vínculo con el comprador privado que iba a adquirir el campo antes que lo hiciera el INC, Viera dijo que "hace un mes" lo llamó a Da Silva para hablar.
"Hace un mes lo llamé a Da Silva y lo invité a hablar. En esa oportunidad me dijo que había una funcionaria en Colonización que trabaja con él en política. Qué casualidad que en estos días se han filtrado expedientes que no son públicos", agregó.

El uso que se dará al campo y las cuestiones sobre la mesa
Sobre las características que tiene el campo y que tacharon de inconveniente algunos actores políticos, Viera resaltó que "hay un equipo técnico que cotizó el campo y valoró las mejoras que tenía encima".
"Los equipos de riego están incluidos, porque es es las mismas condiciones que estaba pactado con el privado. Los equipos fueron presentados en la Dinagua para una exoneración de inversiones fijas", aseguró.
Además, dijo que "en la primera instancia se piensa sembrar, hacer pasturas".
Finalmente, consultado de qué se hará con el casco antiguo del campo y los olivos que hay en el campo, aseguró que "desde un principio se pensó fraccionar y vender. Con lo que se recupera la idea es reinvertir y está el fondo para la construcción de la colonia".
A propósito de esta idea, Viera dijo que el propio intendente electo de Florida, Carlos Enciso, ya ha presentado ideas para llevar adelante en el lugar.
Argumentos de la oposición
Este martes, en la sesión de la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, se resolvió convocar al secretario de Estado Alfredo Fratti para ahondar en las explicaciones de la compra decidida, junto con otro tema que surgió casi en simultáneo: la condición de colono que tiene Viera, algo que no declaró en el currículum que envió a la cámara alta cuando se analizó su venia, y que a juicio de juristas y de la coalición republicana está en directa contradicción con el artículo 200 de la Constitución —que prohíbe a los directores generales del Estado "ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte", así como tampoco "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a la que pertenecen".
Como un asunto subsidiario del anterior pero que igualmente deberá "aclararlo" Viera, al decir del senador colorado Pedro Bordaberry —uno de los promotores de la convocatoria a Fratti por estos asuntos— es que el titular del INC "no solamente es colono sino que mantiene una deuda por una construcción de una casa, y que además no está respondiendo al instituto acerca de las obligaciones que tenía que cumplir con el BPS".
Minutos después del pronunciamiento de la oposición en el Parlamento, en la sede del INC, Viera explicó también ante la prensa algunos detalles de lo que el gobierno prevé hacer en el campo adquirido, pero también dio su versión sobre los hechos que hoy lo comprometen. Dijo que es "orgullosamente colono" pero que no veía un problema de incompatibilidad en ello —incluso llamó de "burro" o malintencionado a quien pensara lo contrario— y que en lo que respecta a su vivienda no estaba atrasado sino "totalmente al día" con las regularizaciones.

Ahora bien, estas declaraciones generaron enojo en filas de la oposición —sobre todo en el Partido Colorado, en cuyas tiendas se sintieron aludidos cuando Viera tildó de "burro" al que interpretara que el jerarca violaba la Constitución—, con lo que ya hay varios dirigentes que están analizando interpelar al ministro Fratti para ir a fondo en esta polémica. "Estamos madurando una interpelación", dijo a El País un legislador blanco.
"Es un tema que ya lo estamos hablando, porque hay varios que están con mucha molestia", dijo por su parte otro parlamentario colorado.
Constitucionalistas de distintos ámbitos no dudan en que Viera está "incumpliendo con la prohibición" de la carta magna —como dijo, por ejemplo, el catedrático Martín Risso a El Observador y Subrayado—, y hay legisladores opositores como el senador Silva que ya pidieron que el titular del INC dé un paso al costado.
Otros, como Bordaberry, se mostraron más cautos con este extremo, pero igualmente persiste la preocupación de algunas consecuencias administrativas que puede tener si se termina laudando la inconstitucionalidad. "Si él estaba siendo presidente y votando y ejerciendo actividades en su cargo —advirtió el senador—, puede haber nulidad de todo lo actuado porque no debió haber participado".
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