El miércoles 14 de mayo, a las 12 y 13 minutos, cuando el féretro de José Mujica ya había llegado hasta la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP), el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de lentes negros y visiblemente compungido, tomó la palabra para dar un mensaje que generaría consecuencias políticas una vez terminado el duelo de tres días por la muerte del expresidente: anunció allí, arengando a los presentes, que el Instituto Nacional de Colonización (INC), "en honor al viejo", había comprado un campo en Florida de más de 4 mil hectáreas "para los trabajadores rurales".

El expediente sobre esta adquisición estaba siendo estudiado por el organismo desde el 12 de abril, con informes técnicos elaborados incluso antes de esa fecha, según dijeron a El País fuentes de Presidencia.

Pero la noticia, y la forma como fue dada, se instaló en la agenda. Y se convirtió en un tema candente que rápidamente se lo apropió el Partido Nacional y en particular el senador Sebastián Da Silva, que cuestionó casi todos los aspectos de la compra —su oportunidad, el precio acordado y hasta los procedimiento administrativos que se siguieron—, aunque de no haber sido por el breve discurso de Sánchez —captado en vivo por canales y radios nacionales y de varios países— el asunto "no hubiera escalado" al grado de polémica que tiene hoy este tema en el Parlamento, reconocieron fuentes nacionalistas a El País.

Pero el hecho ocurrió, y el gobierno de Yamandú Orsi, pero específicamente el titular de INC, Eduardo Viera, e indirectamente el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, tienen al menos dos frentes abiertos sobre los que deberán dar respuesta en el Palacio Legislativo en los próximos días.

Este martes, en la sesión de la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, se resolvió convocar al secretario de Estado para ahondar en las explicaciones de la compra decidida, junto con otro tema que surgió casi en simultáneo: la condición de colono que tiene Viera, algo que no declaró en el currículum que envió a la cámara alta cuando se analizó su venia, y que a juicio de juristas y de la coalición republicana está en directa contradicción con el artículo 200 de la Constitución —que prohíbe a los directores generales del Estado "ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte", así como tampoco "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a la que pertenecen".

Como un asunto subsidiario del anterior pero que igualmente deberá "aclararlo" Viera, al decir del senador colorado Pedro Bordaberry —uno de los promotores de la convocatoria a Fratti por estos asuntos— es que el titular del INC "no solamente es colono sino que mantiene una deuda por una construcción de una casa, y que además no está respondiendo al instituto acerca de las obligaciones que tenía que cumplir con el BPS".

Minutos después del pronunciamiento de la oposición en el Parlamento, en la sede del INC, Viera explicó también ante la prensa algunos detalles de lo que el gobierno prevé hacer en el campo adquirido (ver más adelante), pero también dio su versión sobre los hechos que hoy lo comprometen. Dijo que es "orgullosamente colono" pero que no veía un problema de incompatibilidad en ello —incluso llamó de "burro" o malintencionado a quien pensara lo contrario— y que en lo que respecta a su vivienda no estaba atrasado sino "totalmente al día" con las regularizaciones.

Ahora bien, estas declaraciones generaron enojo en filas de la oposición —sobre todo en el Partido Colorado, en cuyas tiendas se sintieron aludidos cuando Viera tildó de "burro" al que interpretara que el jerarca violaba la Constitución—, con lo que ya hay varios dirigentes que están analizando interpelar al ministro Fratti para ir a fondo en esta polémica. "Estamos madurando una interpelación", dijo a El País un legislador blanco.

"Es un tema que ya lo estamos hablando, porque hay varios que están con mucha molestia", dijo por su parte otro parlamentario colorado.

Constitucionalistas de distintos ámbitos no dudan en que Viera está "incumpliendo con la prohibición" de la carta magna —como dijo, por ejemplo, el catedrático Martín Risso a El Observador y Subrayado—, y hay legisladores opositores como el senador Silva que ya pidieron que el titular del INC dé un paso al costado.

Otros, como Bordaberry, se mostraron más cautos con este extremo, pero igualmente persiste la preocupación de algunas consecuencias administrativas que puede tener si se termina laudando la inconstitucionalidad. "Si él estaba siendo presidente y votando y ejerciendo actividades en su cargo —advirtió el senador—, puede haber nulidad de todo lo actuado porque no debió haber participado".

La compra del campo en cuestión —de unas 4.400 hectáreas (es una estancia llamada María Dolores)— fue por unos US$ 32,5 millones, con el objetivo de que allí se instalen productores lecheros.

La adquisición fue respalda este martes por el INC y senadores oficialistas, que remarcaron que fue una decisión "en honor" y en "homenaje" a Mujica, como dijo el legislador Sebastián Sabini.

El proyecto del gobierno es instalar allí una “colonia lechera modelo” que facturaría “US$ 8.5 millones” al año, que generaría un impacto económico de entre “US$ 50 y 60 millones”, según un documento oficial que divulgó el organismo. Ahí también se anunció la instalación de 16 tambos, uno por colono, que habilitaría unos “150 puestos de trabajo directos”.

“Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto. Ningún chaparrón nos va a detener y estamos totalmente convencidos para dónde va esto. Tenemos el respaldo de los productores que necesitan de todo el país”, remarcó Viera ante los medios, y agregó que el campo se lo adquirió “en iguales condiciones al negocio pactado entre privados”.

El jerarca indicó que las gremiales de productores lecheros le “sugirieron” la compra de la estancia, incluso antes de que llegara la oferta al INC en virtud del artículo 35 de la Ley 11.029, valorando lo “necesario” que es para la zona como para el sector lechero. “No es mayor a lo que se vende” la hectárea en la cuenca lechera, dijo sobre los US$ 7.300 la hectárea. “El precio no es para nada discutible”, enfatizó.

"Obviamente que se fue a ver", puntualizó Viera, aludiendo a las críticas de Da Silva de que el instituto compró el predio “por Google Earth”. El INC informó ayer que Viera visitó el campo con el director por MGAP Milton Perdomo “en Semana de Turismo”, y que luego hubo otra recorrida que hicieron técnicos del organismo el 24 de abril.

“Entendimos que era una oportunidad inmejorable, en una zona clave, en plena cuenca lechera, a ocho kilómetros de San Ramón y a 18 kilómetros de la ciudad de Florida, con industrias al lado, y con todas las condiciones de suelo”, remarcó Viera.

El jerarca adelantó además que así sea observado el gasto, el INC va a “ratificar” la compra. “Estamos totalmente convencidos, están todos los argumentos legítimos y se hizo en el marco de la ley”, enfatizó.

El plan del INC es dedicar “3.000 hectáreas” para la producción lechera, lo que generarían “20.100.000 litros de leche anuales”, con una facturación de “US$ 8.5 millones”. Un retorno que para Da Silva “no lo dio ni Conexión Ganadera, ni Larrarte, ni el ratón Mickey y toda Disneylandia junta”.

“Lo que diga Da Silva —respondió Viera— me tiene absolutamente sin cuidado (…) si menciona a Conexión Ganadera, uno de los detractores de Colonización siempre ha sido el señor (Pablo) Carrasco”.